Historia de Puerta de Tierra

Residencial Público San Antonio
 

Hasta mediados del siglo 20, los suburbios de San Juan eran arropados a pasos acelerados por arrabales, "centros del indeseable defecto social" de donde, según las clases privilegiadas, "emanaban el crimen y la enfermedad."

La erradicación de arrabales y la renovación de la vivienda del pobre no surgieron sólo de los enfoques sociales. También respondían a la iniciativa gubernamental de hacer de la Isla, especialmente de San Juan, un centro turístico para los estadounidenses ricos. El gobernador Blanton Winship, convencido de que Puerto Rico tenía el potencial para convertirse en el lugar ideal para  vacacionar, trabajaba para impulsar este proyecto ya desde 1936. Si Puerto Rico —eventualmente— se convertiría en meca del turismo, era necesario presentarla mejor cara de San Juan. Mejorar el aspecto de la ciudad y modernizarla tenía que ser prioritario para el éxito del turismo como industria. Desde este punto de vista, las acciones que se llevarían a cabo para la erradicación de arrabales se consideraban extraordinariamente importantes, ya que contribuirían a cambiar la apariencia de las áreas en deterioro y les impartirían a las ciudades de Puerto Rico un aspecto de modernidad. A raíz de esto surgieron un nuevo arreglo urbano y nuevos tipos arquitectónicos para la vivienda del obrero que se esperaba fomentasen en éste, entre otras cosas, una nueva percepción de sí mismo.

Por ello, desde principios de la década de los treinta, Puerto Rico concentró todos sus esfuerzos en solucionar dicho problema, mediante programas tales como el de la Administración Federal de Hogares (FHA) de 1934 -que creó el seguro hipotecario-, el de la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) de 1935 -para la construcción de vivienda barata-, y el de la vivienda pública de bajo alquiler.

Mediante la Ley 126 del 6 de mayo de 1938, se creó la Autoridad de Hogares de Puerto Rico para desarrollar el programa federal de residenciales públicos. Además de ésta, otras autoridades sobre hogares se establecieron en San Juan, Río Piedras, Ponce y Mayagüez.

Para los funcionarios de la Administración sobre Hogares, la erradicación de arrabales y la provisión de vivienda a bajo costo eran vertientes de un mismo problema. Henry Klumb, director de planificación de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, consideraba que los programas de reducción de arrabales y renovación urbana estaban relacionados y dependía de la construcción de nuevos proyectos de vivienda. Cualquier vivienda permanente debía proveer todas las facilidades comunales necesarias para contribuir al mejoramiento físico y sicológico de la comunidad. El arquitecto Henry Klumb, entonces director de planificación de la Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico, fue muy influyente en impulsar un programa dirigido a la reducción de los arrabales junto a la renovación urbana mediante la construcción de proyectos de vivienda pública con alternativas habitacionales múltiples según los ingresos económicos de los inquilinos. Esa solución apostó por la movilidad escalonada y la adquisición de una mejor vivienda según aumentase el potencial adquisitivo de las familias. Así, los caseríos no se vislumbraron en un principio como residencias permanentes y además, se reservaban para las familias, que aun dentro de los parámetros de pobreza que les impedía el acceso a una vivienda privada en una urbanización, contaban con ingresos estables. (Luz Marie Rodríguez López). El programa propuesto para la eliminación de los arrabales incluía la construcción de vivienda permanente a bajo costo en los terrenos de los mismos arrabales o en terrenos fuera de éstos.

Durante la década del 1940 se construyeron bajo la Autoridad sobre Hogares de San Juan los caseríos Las Casas, San Agustín, San Antonio, San Juan Bautista, extensión Las Casas y  ya para el 1950 se levantó el Residencial Público Puerta de Tierra. Estos residenciales fueron construidos en terrenos donde antes habían existido arrabales. El Caserío San Antonio vino a ocupar el lugar anteriormente poblado por el arrabal Salsipuedes y el Caserío Puerta de Tierra donde existió la barriada Miranda, en Puerta de Tierra. Por su parte, la Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico construyó los caseríos López Sicardó y San José.

Sin embargo, estos programas fueron incapaces de alterar, en sus cimientos, los verdaderos problemas entre la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. En 1941, después de siglos de colonialismo, la situación puertorriqueña era desesperante. Haber sido por tres décadas un territorio de Estados Unidos contribuyó a cierto progreso: se logró disminuir la mortandad infantil, el analfabetismo y aumentar, en algo, la expectativa de vida. Sin embargo, no se lograron resolver los problemas que impedían establecer una verdadera democracia en la Isla: la riqueza permaneció en las manos de pocos, mientras que la mayoría de los puertorriqueños padecían de hambre y miseria - palabras que cuajaron en formas visibles con el auge de comunidades que, desde afuera, llamamos arrabales: Sal-si-Puedes, Tras Talleres, El Fanguito. El problema de hacinamiento, salubridad e higiene en los arrabales obligaba a gran parte de la población de Puerto Rico a vivir en condiciones infrahumanas. 

Después del 1945, el programa de construcción de vivienda pública tomó un impulso mayor con la Ley Nacional de Hogares de 1949 y las garantías de las agencias y programas federales - Farmers Home Administration - y la Administración de Veteranos. Es importante destacar que para el 1948-49, el Banco Gubernamental de Fomento desarrolló, con ayuda de estas agencias federales, el proyecto de vivienda a bajo costo más grande en el mundo en esa época. Este proyecto localizado en el sector de Hato Rey, es el conocido actualmente como el sector Puerto Nuevo. El proyecto consistía en 6 mil unidades de vivienda construidas a un costo de $10.5 millones ($1,750 por unidad);

La Ley de Vivienda Federal de 1949, que tuvo como propósito la eliminación de la vivienda inadecuada, surtió efectos trascendentales en la isla. Para proveer vivienda de interés social a partir de 1952 la Urban Housing Development (HUD) emitió bonos con un balance de $317,706,154 al 30 de junio de 1980. Esto permitió financiar la construcción de aproximadamente 183 proyectos de Vivienda Pública con un total de 31,420 unidades. Según el acuerdo entre la Administración de Vivienda Pública y la HUD (Annual Contribution Contract) para pagar el servicio de la deuda de esa obligación, anualmente la HUD le transfiere $19,000,000 de fondos federales.

Los bonos se emitieron del 1952 al 1975 y vencen entre el 1996 al 2012. El balance de la deuda por ese concepto al 30 de junio de 1993 era de $193,882,000 y al 30 de junio de 1999 era $126,874,000.

Los esfuerzos de renovación urbana por erradicar los arrabales tomaron un nuevo impulso en 1957, por medio de un programa mucho más abarcador y complejo que perseguía un nuevo enfoque a la solución del problema de la vivienda de interés social en la zona rural y urbana. Esto trajo como consecuencia la aprobación de la Ley # 88 del 22 de junio de 1957, por medio de la cual se creó la Administración de Renovación Urbana y Vivienda (ARUV) y la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV). Esta Ley recibió sendas enmiendas en los años 1958 y 1963. (Alameda y Rivera Galindo, 2005, p. 18)

La CRUV hizo notables esfuerzos por re-ubicar a las familias que vivían en los arrabales en viviendas económicas e higiénicas. Dicha entidad construyó 54,095 unidades de vivienda a un costo de $292 millones, entre 1957 y 1967. El 60% de estas se construyeron en la zona metropolitana de San Juan. (Picó, 1969, p. 257). Además, fomentó la creación de cooperativas para la construcción de viviendas colectivas o individuales y desarrolló diferentes tipos de unidades, para que los solicitantes -que debían ser de ingresos bajos o moderados- escogiesen su modelo predilecto.

La tendencia a la concentración del empleo industrial en lo que se conoce como el área metropolitana -compuesta por San Juan y algunos de sus municipios circundantes- continuó desarrollándose hasta los comienzos de la década del 1960, cuando la nueva ley de incentivos industriales de 1963 estableció incentivos (un periodo de exención contributiva mayor) para la descentralización industrial. Esto se hace, en parte, porque: las incontenibles oleadas migratorias de carácter campo-ciudad estaban creando una situación muy difícil en la capital, llevando a una aguda arrabalización del espacio capitalino. Para ésa época los arrabales surgían y se expandían casi inconteniblemente. Ante esta situación la salida era tratar de llevar empleos a otras regiones del país para así contribuir parcialmente a detener la corriente migratoria campo-ciudad. (Severino, 1999, p. 325)
 

Para 1969 no había problema más acuciante para el Gobierno de Puerto Rico, ni más bochornoso ante los ojos del visitante, que el arrabal. La vitrina del milagro económico de la isla, que había creado un mercado extensísimo en la venta de bonos del Estado, se hacía añicos. Era notable el contraste "entre el Puerto Rico moderno y el lastre del arrabal", principalmente el urbano, como el del caño de Martín Peña, situado en el corazón mismo de la ciudad capitalina de San Juan, a sólo pasos de la zona bancaria de Hato Rey, conocida como la "milla de oro". En la orilla del mencionado caño, en terrenos ganados a sus pestilentes aguas negras, o flotando sobre ellas, los jíbaros de antes, ahora arrabaleros citadinos, habían levantado sobre pilotes altos, miles de casas de madera, de cartón y de latón. 

Ante la creciente emigración de los jíbaros, de la ruralía hacia San Juan, y en vista de su inhabilidad para acogerse a los mencionados programas, la clase pobre arrabalera continuó marginada del progreso material del país. No había más que eliminar una porción del arrabal para que, al día siguiente, se duplicara el número de chozas en él comprendidas. 

Los residenciales, conocidos popularmente como "caseríos", continuaron como el principal programa de vivienda pública del país, destinado a familias de bajos ingresos y financiado casi en su totalidad con fondos federales, aunque administrado por la CRUV. La CRUV, que tenía la obligación de que todo puertorriqueño tuviese un hogar seguro, se entregó sin demora a la ingente tarea que suponía cumplir su propósito fundacional. Se decía que una institución como aquella debía servir al pueblo con humanidad y con caridad. Por ello, el gobernador Luis A. Ferré escogió para que la presidiera al profesor de ingeniería civil Miguel Santiago Meléndez. Al poco tiempo de ocupar su cargo, Santiago Meléndez anunció su intención de cambiar el concepto de "caserío", tan cargado de connotaciones peyorativas, por el de "urbanización de renta mínima" o "jardín residencial". 

Ya para 1966 se habían construido 33,500 unidades y realojado 26,000 familias. Proyectos como el Lloréns Torres en Santurce con 2,000 unidades y Nemesio Canales en Río Piedras con 1,500, entre otros, fueron construidos con la intención de mejorar la calidad de vida de los mas necesitados. Sin embargo, en el fondo representaron la destrucción de los valores y practicas tradicionales de la familia puertorriqueña y el desarraigo de sus comunidades como consecuencia del realojamiento, provocando una dependencia mayor de los pobres en el estado y una reducida conciencia y solidaridad de la clase trabajadora. Muchas personas expresaron querer mudarse, pero a un hogar propio en un mejor ambiente. El resultado de esta movilidad fue que se desarticuló la solidaridad comunitaria del arrabal. Muchas personas, al no querer vivir en los residenciales públicos, inician un proceso de rescate de terrenos para construir sus hogares. Al respecto Fernando Picó nos dice que "a fines de los 60 ocuparon terrenos baldíos cercanos a Carolina, Caguas, Río Grande, Vega Baja, Ponce y Loiza. Los asentamientos espontáneos eran tradicionales en el país".

Con la aprobación de la Ley Num. 134 de 13 de diciembre de 1994 se traspasó a favor de la Administración de Vivienda Pública “todo residencial público que forme parte del inventario de propiedades de la extinta CRUV". La Administración de Vivienda Pública continuó manejando los programas relacionados a estas propiedades según facultades conferidas en la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989”.

En estos caseríos surgieron problemas de integración relacionados, en gran medida, con el diseño del espacio urbano y arquitectónico. Los edificios no se relacionaban entre sí, ni con la comunidad que los rodeaba. Las áreas de parques, disociadas de los edificios a los que debían servir, se convirtieron eventualmente en tierra de nadie. Para su extensión, los edificios resultaban demasiado uniformes, carentes de personalidad arquitectónica individual, extremadamente homogéneos. Por otro lado, una gran cantidad de vehículos externos transitaba por el interior del complejo. Todos estos factores contribuyeron a la falta de identificación de los residentes con su habitat y de vinculación con la comunidad exterior, lo que concretizó la idea en la comunidad general del residencial como un mundo aparte.

Aportando al problema de desintegración comunal, muchos residentes de urbanizaciones privadas se oponían a vivir próximos a algún residencial público. Éste fue el caso de algunos de los vecinos de la urbanización Santa Teresita, que en 1953 vendieron sus propiedades y abandonaron la urbanización para no residir cerca del caserío Luis Lloréns Torres.

El arquitecto e historiador Jorge Rigau explica como un análisis cronológico y simultaneo de la vivienda colectiva en Puerto Rico, nos revela una disociación progresiva entre vivienda y entorno público en intervalos de veinte años, pasando de los edificios en medianeras en la calle San Agustín (1910), al "Falansterio"(1930) y a partir de los cincuenta los condominios y "caseríos", "que reducen la necesidad de un área comunitaria publica al espacio negativo que fluye indiferenciadamente entre una estructura y otra". Estos caseríos, como despectivamente se les llama en la isla a los proyectos de vivienda del estado, produjeron un incremento en el vandalismo, el robo y la drogadicción entre los jóvenes y se caracterizaron por una falta total de cohesión social ( Safa, 1974 ).

Los caseríos ofrecen inadecuadas facilidades comunales, cuando las tienen, ya sea para la conversación, el debate colectivo y la acción común, favoreciendo una conformidad pasiva y silente que evita la rebelión y la resistencia. Esta situación ha provocado que las familias, en total oposición a las intenciones originales de estos desarrollos, vuelvan a los arrabales aumentando su población y mejorándolos mientras los caseríos se deterioran mas y más . Este tipo de resistencia social no ha sido apoyado por el estado, que nunca ha fomentado lo suficiente los programas de auto-ayuda y mejoramiento comunal. La auto-ayuda y su esencia eminentemente capitalista como veremos mas adelante, contradictoriamente no ha prosperado en Puerto Rico. Recientemente, la proliferación de urbanizaciones cerradas refleja una reacción de la población puertorriqueña ante un estado que no les garantiza los servicios mas básicos, de infraestructura y seguridad, y ante el crecimiento desmedido del vandalismo. 

Frente al pórtico de un nuevo siglo, el problema de la vivienda continúa siendo de envergadura. Al analizar algunos de los proyectos de vivienda más representativos y de mayor impacto —desde los barrios obreros hasta los residenciales públicos- veremos que la meta de arquitectos, planificadores y administradores no era tan simple como proveer cajones donde el gobierno de turno pudiese alojar a las masas indigentes. Al autoimponerse la tarea de ser los facilitadores del avance social y económico de la clase obrera, el propósito resultó mucho más complejo. Por estas razones, los planificadores y arquitectos de los proyectos públicos de vivienda tuvieron la difícil tarea de diseñar esquemas que no sólo fuesen salubres y duraderos, sino que también proveyesen los elementos para un ambiente comunitario que influyera positivamente dentro del anticipado cambio social y económico de sus residentes.

En 2014, el Departamento de Vivienda comenzó a buscar un nuevo modelo para proporcionar vivienda a las familias más necesitadas de Puerto Rico. McCormack Baron Salazar se unió al Departamento de Vivienda para explorar escenarios de ingresos mixtos, finanzas mixtas para la revitalización de Puerta de Tierra. El 31 de mayo del 2018 se develóó el nuevo complejo de apartamentos Bayshore Villas. 

Bayshore Villas, el nuevo complejo de 9 acres, incluye 174 apartamentos nuevos en una combinación de apartamentos de una, dos y tres habitaciones en un edificio de uso mixto de 4 pisos, walk-ups de 3 pisos y edificios townhouse de 3 pisos. El desarrollo también incluye una oficina de administración / arrendamiento de aproximadamente 3,300 pies cuadrados, con espacio de administración, una sala comunitaria (con un área de centro de negocios) y una sala de ejercicios. También hay aproximadamente 6,000 pies cuadrados de espacio comercial y un edificio de mantenimiento independiente. Las comodidades del lugar incluyen jardinería, iluminación, servicios públicos, estacionamiento controlado, senderos para caminar, áreas de juegos infantiles y jardines comunitarios. El nuevo desarrollo preserva y mejora las opciones de vivienda asequible en San Juan, y también conecta a la comunidad de Puerta de Tierra con la revitalización más amplia de Bahía Urbana.

Fuentes:
San Juan Siempre Nuevo, Enrique Vivoni Farage

José I. Alameda Lozada Ph.D., Carlos Alberto Rivera Galindo, La Vivienda de Interés Social
en Puerto Rico, Departamento de la Vivienda, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2005

conDOMINIO : El Caribe y la Vivienda Publica, Arq. Marcos Barinas Uribe 1999 

El tránsito hacia una sociedad industrial y urbana: la historia de
Puerto Rico en imágenes, Waldemiro Vélez Cardona, Ph.D.

Hacia una modernidad tropical: la obra de Henry Klumb, 1928-1984

McCormack Baron Salazar | Bayshore Villas, http://www.mccormackbaron.com/community-profiles/bayshore-villas

http://www.presupuesto.gobierno.pr/