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La creación de la alta cámara, como organismo de elección popular, fue recibida por
el país con muestras de hondo regocijo. Entrañaba un positivo reconocimiento de la capacidad del pueblo portorriqueño para asumir la plena responsabilidad de las labores legislativas. Además, con su establecimiento se ponía término a los contínuos
choques que ocurrían bajo las disposiciones de la Ley Foraker entre la Cámara de Delegados y el antiguo Consejo Ejecutivo — organismo de nombramiento presidencial, integrado en su mayoría por ciudadanos continentales y revestido de poderes ejecutivos y legislativos al propio tiempo.
Estos choques se acentuaron de tal manera que culminaron en el rompimiento legislativo del año 1909, en que terminaron sus sesiones las cámaras sin aprobar el presupuesto de gastos del Gobierno. De aquel conflicto surgió la necesidad de gestionar reformas fundamentales. A tal efecto, una comisión de la Cámara de Delegados, integrada por Luís Muñoz Rivera, Eugenio Benítez Castaño y Cayetano Coll Cuchi, se trasladó a Estados Unidos a trabajar en favor de una ley que estableciera la efectiva representación popular en el Gobierno de Puerto Rico. Como resultado de aquellas labores meritorias —que al principio tuvieron la repulsa integrada en el bill Olmstead— de las
contínuas demandas del país y especialmente de los tenaces esfuerzos realizados por Muñoz Rivera, en su condición de Comisionado Residente en Washington, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 2 de marzo de 1917 la Ley Jones.
Con arreglo al nuevo estatuto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico quedó integrada por un Senado y una Cámara de Representantes, ambos organismos de elección popular. El Senado se compondría de diez y nueve miembros elegidos por el término de cuatro años: dos senadores por cada uno de los siete distritos senatoriales en que fue dividida la Isla y cinco por acumulación. El 16 de julio de 1917 se celebraron en Puerto Rico elecciones generales de acuerdo con las disposiciones de la Ley Jones. Resultaron electos para el primer Senado portorriqueño los señores Antonio R, Barceló, Eduardo Giorgetti, José Celso Barbosa, José Tous Soto, Santiago Iglesias Pantín, Frank Martínez, Martín Travieso, José de Jesús Tizol, Ramón Valdés Cobián, Francisco M. Susoni, Félix Santóni, Francisco Seín, Mariano Abril. Juan Garcia Ducós, José Rovira, José Benítez Díaz, Leopoldo Feliú, Juan Ángel Tió y Juan Cortada.
La sesión inaugural del primer Senado se efectuó el día trece de agosto de 1917 en el antiguo edificio de la Diputación Provincial. En aquella sesión fue electo Presidente de la alta cámara don Antonio R. Barceló: Presidente pro tempore, don Eduardo Giorgetti, Secretario, don José Muñoz Rivera, y Macero, don Manuel Palacios Salazar.
Al tomar posesión de la Presidencia del Senado refiere el acta oficial de la sesión de aquel día, el señor Barceló declaró que estaba firmemente cierto de que, con la cooperación de la Cámara de Representantes, en la que descollaban gallardas figuras y decididos patriotas de nuestro pueblo, el Senado realizaría las aspiraciones legitimas y justas de Puerto Rico, demostrando que merecíamos regir sin cortapisas ni resricciones nuestros destinos.
Evidentemente,la creación del Senado de Puerto Rico fue una medida de provechosos alcances para el país, como puede fácilmente colegirse de la espléndida labor realizada por este organismo en cooperación con la Cámara de Representantes durante los veinte años de su existencia, afrontando, dentro de los limites que fija el Acta Orgánica, problemas fundamentales de Puerto Rico en materia de gobierno, hacienda,
sanidad, agricultura, comercio, educación, obras públicas, trabaio, bienestar social, etc. etc.
Basta echar una ojeada a la importante legislación promulgada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a partir del año 1917, fecha en que ambas cámaras quedaron constituidas mediante elección popular, para comprobar el progresivo desenvolvimiento de nuestras instituciones jurídicas y el impulso fecundo que ha recibido nuestro pueblo en distintos órdenes de la humana actividad, merced a los patrióticos y levantados esfuerzos de una Asamblea Legislativa formada por personas conocedoras de las necesidades vitales del país y animadas del mejor deseo de contribuir en la medida de sus fuerzas a facilitar el amplio desarrollo de las iniciativas públicas y privadas y fomentar el progreso general de Puerto Rico.
En la historia institucional de Puerto Rico, la organización del primer Senado determinó un positivo paso de avance y ofreció a nuestro pueblo una excelente oportunidad para poner de relieve, como en efecto lo ha hecho, su capacidad para asumir y desempeñar con éxito las más altas responsabilidades del Gobierno.
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