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Viernes 26 de septiembre de 1980    pág. 4


Hacienda apela al Supremo
Por Irma Iris García de EL REPORTERO

El Secretario de Hacienda apeló ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior que le ordena pagar la deuda que tiene con la Asociación de Maestros de Puerto Rico, so pena de tomar acción sobre el desacato en que ha incurrido el Secretario por no cumplir con la orden de pago.

En su petición de certiorari, el Secretario, Julio César Pérez alega que el Tribunal de instancia erró al no tomar en consideración su imposibilidad presupuestaria y legal de cumplir con la orden del tribunal en cuanto a los términos en que deberá pagar el dinero adeudado a la Asociación de Maestros de Puerto Rico.

Al mismo tiempo, el Secretario radicó en el Tribunal Superior una moción solicitando la suspensión de los efectos de la sentencia que había dictado la juez Carmen Sonia Zayas y se detenga su ejecución en lo que se acude al Supremo. Alegó también que el cumplimiento de dicha sentencia, expondría a un funcionario público a un desacato o a violar la ley.

La Resolución emitida por la juez le concedía al Secretario 10 días a partir de la notificación, para cumplir con la sentencia y pagar la deuda mediante un plan de pago que había sido estipulado previamente por las partes.

Mediante Resolución emitida el 3 de septiembre, se le ordenó al Secretario Pérez pagar a la Asociación lo adeudado por siete meses dentro de 10 días a partir de la notificación, y pagar el balance restante de seis meses en tres pagos mensuales de igual cantidad.

El Secretario de Hacienda solicitó del Tribunal Superior que se le releve de cumplir con lo ordenado alegando que no puede pagar a los demandantes de otra forma que no sea recobrando de los maestros el dinero en cuestión.

Señala que si se le ordenara cumplir con la Resolución del Tribunal, se le causaría un daño irreparable, ya que le obligaría a violar la ley para poder cumplir o a atenerse a las consecuencias de desacatar la orden del Tribunal, "por las imposibilidades fiscales y legales que existen", según indica en su moción al Tribunal Superior.