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Primera Hora
Por Osman Pérez Méndez
18 de diciembre de 2022
Con un determinado espíritu de resitencia, decenas de vecinos de las
comunidades y residenciales de la isleta del Viejo San Juan, así como
miembros de diversas organizaciones comunitarias, se unieron en la tarde
del domingo en el conversatorio “Puerta de Tierra no se vende”, donde se
reiteró el reclamo en contra de las políticas que promueven el
desplazamiento de residentes
Como parte del conversatorio, además de escuchar las experiencias de
residentes ante el voraz proceso de desplazamiento que viene ocurriendo
en el Viejo San Juan, profesores universitarios y líderes comunitarios
hablaron de las posibles estrategias para defender a los vecinos ante
intereses privados que están comprando cuanta propiedad sea posible.
Caroline Sánchez Feliciano, presidenta del consejo de vecinos de Parque
San Agustín y portavoz de la organización Puerta de Tierra No Se Vende,
explicó que el proceso de desplazamiento de residentes, aunque está
ocurriendo por todo Puerto Rico, es particularmente agresivo en estos
momentos en la zona de Puerta de Tierra. Como ejemplo de eso, citó la
reciente venta, por apenas $500,000 de la Escuela Martín G. Brumbauch,
edificio de varios pisos ubicado en un gran lote, con vista panorámica
al océano, a pesar que el precio de tal propiedad, asegura, debía ser
considerablemente superior.
“Es un edificio enorme que vale millones (de dólares). Están vendiendo
los edificios a precio de pacotilla”, comentó la joven, agregando que
“los principales enemigos” de los residentes “son el gobierno y los
inversionistas extranjeros”, en particular beneficiados por la Ley 22.
Relató que, a consecuencia del valor que tiene la zona de Puerta de
Tierra para el desarrollo turístico alrededor de la bahía,
paulatinamente han ido sacando cada vez más residentes de la zona.
“Donde había 784 unidades de vivienda en dos complejos, ahora hay menos
de 250″.
“Los inversionistas de Ley 22 son una nueva ola de colonizadores. Han
acaparado ya decenas de edificios, recibiendo beneficios del gobierno”,
añadió. “Se reparten entre ellos las calles para desplazar, y establecen
negocios a precios para turistas, y no de barrio”.
Recordó que el año pasado los administradores del residencial Parque San
Agustín comenzaron a enviar cartas diciendo que tenían que irse porque
las escaleras no eran seguras, “pero gracias a la movilización logramos
un acuerdo”.
“Estamos en alerta. Sabemos que nos quieren sacar de aquí”, insistió.
“Pero esto es un frente de lucha para que no se convierta en otro lugar
para inversionistas buitres”.
Margarita Gandía, de la Asociación de Residentes del Viejo San Juan,
organización sin fines de lucro comprometida a preservar el carácter
histórico de la ciudad, alertó que desde 2014 comenzó un proceso de
ventas de propiedades para convertirlas en alquileres a corto plazo, y
“la mayoría ahora son para alquiler de Airbnb”. Describió al Viejo San
Juan como un lugar que se ha convertido en “una ciudad de alquiler”,
donde reina el desorden en las noches, y que se está quedando sin
residentes.
Aseguró que la Asociación ha presentado ante las autoridades y la
legislatura una serie de lineamientos para el alquiler, que incluso
podrían servir para otras comunidades, y que en el caso del Viejo San
Juan limitaría los permisos de alquiler a un porciento determinado de
los espacios disponibles.
Por su parte, Alexis Massol, líder de Casa Pueblo, llamó a usar la
experiencia de anteriores procesos de lucha contra desplazamientos, como
el que llevó su organización contra la minería en Adjuntas.
“Hay que entender qué está pasando aquí, por qué el gobierno es tan
corrupto, por qué hay tantos crímenes ambientales, por qué desmantelan
la Universidad de Puerto Rico, por qué quieren desplazarnos de donde
vivimos, por qué los puertorriqueños les molestamos en nuestras playas,
en nuestras costas, en nuestras montañas”, cuestionó Massol.
Insistió en que todo el proceso de desplazamiento “es un plan
concertado” y se necesita “una estrategia coordinada, una pedagogía de
la resistencia, que explique lo que está pasando y los resultados”.
Llamó a dejar a un lado “el optimismo ingenuo” de cada cuatro años, de
pensar que puede venir un cambio desde los líderes políticos, e insistió
en que “el cambio no se hace de arriba pa’ abajo, sino de abajo pa’
arriba”.
Mientras, Erika Fontánez Torres, profesora de derecho de la UPR, ofreció
algunas recomendaciones para encarar la lucha contra el desplazamiento
en el frente legal.
“Lo primero es no confiar en el Derecho”, arrancó la profesora,
agregando que el Derecho “es resultado directo que quien tiene el
poder”, desde el gobierno y desde el capital, y como tal “se hace a su
medida, y luego nos dicen que es un país de ley y orden y no hay más
nada que hacer”.
“Así que hay que sospechar de ese marco de derecho, que está hecho para
proteger a los que están en el poder”, agregó.
No obstante, aclaró, “no quiere decir que no se pueda usar el Derecho”,
y siempre existen “avenidas, estrategias, que se pueden usar”.
Llamó a cuestionar la lógica que se usa para promover las inversiones,
de que las mismas tren desarrollo económico, “pero, ¿para quién?”.
“Eso no llega a la gente. Hay que preguntar por ese supuesto beneficio.
¿Dónde está el beneficio de esas leyes?”, cuestionó.
Asimismo, usando ejemplos de otras naciones, llamó a impulsar “la
tenencia, que haya garantías de que no te van a desplazar”.
Recordó, además, que no es raro ver que el gobierno actúe no haciendo
nada, para permitir el deterioro de terrenos y estructuras, y luego
reclamar que es necesario destruirlas porque son un peligro para sus
residentes.
El también profesor universitario Raúl Santiago Bartolomei, especialista
en planificación, aseguró que hay investigaciones suficientes en torno
al desplazamiento que viene ocurriendo y los daños que provoca.
Comentó que, aunque el proceso comenzó antes del golpe del huracán
María, se agudizó luego de ese desastre natural, con la compra de muchos
inmuebles por parte de inversionistas, como los “inversionistas de
criptomonedas”, que ha promovido la especulación.
“Compran y acaparan para diversificar sus carteras”, aseguró. “Y eso lo
combinan con plataforma digitales de alquiler a corto plazo, que rinden
mucho más, de manera inmediata”, que lo que podría rendir una hipoteca y
todo el extenso proceso de una venta.
Agregó que está demostrado que los procesos de desplazamiento afectan
además de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables,
como los niños, cuyo desarrollo se afecta negativamente. También crean
un proceso de segregación, con unas zonas de más oportunidades, y otras
que quedan marginadas.
El grupo llamó a la acción social, en todos los frentes posibles, para
enfrentar el desplazamiento, incluso con manifestaciones.
“Con el poder social, no político ni legal, logramos sacar la marina de
Vieques, con el poder social logramos parar la minería en Adjuntas, con
el poder social rescatamos escuelas, con el poder social estamos
llevando una transformación energética en Adjuntas. Y con el poder
social vamos a salvar a Puerta de Tierra”, finalizó Massol.
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