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Istra Pacheco, EL VOCERO 28/01/2022
La Junta de Control Fiscal (JCF)
finalmente le dio el visto bueno al contrato que hizo la
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC) que
deja en manos de un consorcio privado el desarrollo de tres
muelles en San Juan, a pesar de que el proceso se realizó sin
subasta.
El ente federal, sin embargo, lanzó algunas advertencias a la
ADCC, según consta en una carta en poder de EL VOCERO. Las
empresas contratadas son Las Brisas Property Management y
CapRock Partners.
En primer lugar, la JCF establece que cualquier cambio que se
haga en la contratación a futuro con estas empresas se le debe
someter primero al organismo regulador -y hace hincapié en esto,
al escribirlo en negrillas- para la debida revisión y
aprobación.
Además, expone que no participó en ninguna diligencia o
verificación de antecedentes de las partes contratantes al dar
su visto bueno.
Tampoco revisó si las partes contratantes cumplen con los
requisitos del contrato aplicable.
Asimismo, la JCF aclara y reconoce que la revisión que hizo del
contrato se realizó sobre la base de la información presentada
por la ADCC. “La junta no ha verificado de forma independiente
la información incluida en la presentación”, se establece en el
documento.
No obstante, asegura que en caso de que tenga conocimiento de
alguna inexactitud o tergiversaciones, “ya sean intencionales o
no”, revaluaría su decisión e incluso haría los referidos que
entienda necesarios.
El pasado 29 de noviembre, el gobernador Pedro Pierluisi y la
directora ejecutiva de la ADCC, Mariela Vallines Fernández,
anunciaron el arrendamiento —a un costo de $100,000 anuales— de
los terrenos en Puerta de Tierra donde actualmente ubica Bahía
Urbana por un periodo de 20 años, y con potencial de renovarse
seis veces cada 10 años.
De forma discreta, la JCF expuso que era “notable” que el
contrato se renovaría automáticamente, solo a discreción de los
desarrolladores. Como único se necesitaría el consentimiento
escrito de la ADCC para renovar es si estuviesen en
incumplimiento con alguna cláusula del contrato.
Si ese fuera el caso, la ADCC debe avisarles con seis meses de
anticipación en qué están incumpliendo. Es decir, que si los
desarrolladores estuviesen en incumplimiento pero la ADCC no les
advierte seis meses antes de que se venza el plazo para renovar,
aplicaría la renovación automática.
“La Resolución 2020-20 no aborda las circunstancias que
justifican la adjudicación del contrato” sin subasta, concluyó
también la JCF al revisar los documentos en los que se consignó
que la Junta de Directores de la ADCC le dio luz verde a la
directora ejecutiva de entonces y hoy secretaria de la
Gobernación, Noelia García, para hacer el contrato.
Al entender que no había esas justificaciones, la JCF pidió una
nueva resolución a la actual Junta de Directores en la que debe
explicar las razones para la decisión más allá de que la ley
habilitadora permite recibir propuestas no solicitadas de
proyectos y desarrollos.
“La JCF espera que la ADCC nos informe sobre cualquier
diferencia presupuestaria distinta a las especificadas y en caso
de que se produzcan cambios, debe solicitar una nueva revisión
del contrato propuesto”, ordenó el ente fiscal.
Desde que entró en funciones oficiales en 2017, la junta
implementó la política de revisión de contratos como encomienda
estatuaria de Promesa (Ley de Supervisión, Administración y
Estabilidad Económica de Puerto Rico), la cual entra en vigor de
forma automática para todo contrato mayor de $10 millones.
La política de revisión también requiere que el gobierno
presente el contrato ante el organismo regulador para ser
revisado antes de que sea otorgado.
El desarrollo propuesto incluye el establecimiento de una torre
para observar las vistas de la bahía, un pequeño bosque, un
anfiteatro y la creación de islas artificiales con piscinas de
agua de sal y espacio para practicar deportes playeros como
tenis y voleibol en la arena.
Según los desarrolladores, su expectativa es que una vez el
proyecto esté listo se generen ingresos anuales ascendentes a $7
millones. También se recibiría el 3% del ingreso bruto que dejen
los proyectos. La primera fase debe estar lista en 2024.
Betsy Rivera, portavoz de prensa de la ADCC, explicó que el
proyecto está en la etapa de preconstrucción y tramitando
permisos requeridos por las distintas agencias.
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