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Contratan a exsuperintendente del Capitolio para brindar asesoría administrativa
 

Javier Vázquez Collazo se desempeñó en el cargo durante la administración de Jaime Perelló Borrás y en este ocasión deberá identificar posibles reclamaciones no realizadas a FEMA

El Nuevo Día
martes, 12 de enero de 2021

El primer contrato de la nueva Superintendencia del Capitolio ha sido otorgado a un exjefe de la dependencia, el ingeniero Javier Vázquez Collazo.

Se trata de un convenio por consultoría administrativa vigente hasta el 30 de junio por $30,000 a la corporación Infiniti General Contractor, de Vázquez Collazo, quien dirigió la Superintendencia del Capitolio durante la administración de Jaime Perelló Borrás.

Una copia del contrato no está disponible todavía en la página de internet de la Oficina del Contralor, pero en entrevista con El Nuevo Día el nuevo Superintendente del Capitolio, César Hernández Alfonzo, defendió la selección de Vázquez Collazo por su conocimiento de los edificios del distrito capitolino.

En entrevista por separado, Vázquez Collazo sostuvo que tiene 12 años de experiencia en el gobierno y el pasado cuatrienio rindió servicios de impermeabilización de techos para la Administración de Servicios Médicos. Esos contratos no están disponibles debido a que se hizo por orden de compra.

También ha tenido al menos un contrato con el Municipio de Juncos.

“Javier nos va a estar ayudando en unos asuntos administrativos. Son recomendaciones y pasos a seguir para recuperar fondos con FEMA”, dijo Hernández Alfonzo a El Nuevo Día. Agregó que la pasada administración del exsuperintendente José Jerón Muñiz Lasalle supuestamente falló en reclamar ciertos daños estructurales sufridos por edificios del distrito capitolino a consecuencia del azote de los huracanes Irma y María.

“La razón por la que se trae a Javier es para allegarle fondos a la Superintendencia”, subrayó Hernández Alfonzo. El funcionario sostuvo que el contrato no tuvo que ser adjudicado mediante el proceso de subasta ya que se trata de un convenio de servicios profesionales.

“Entendemos que es la persona idónea por su conocimiento”, dijo Hernández Alfonzo al referirse a la experiencia del contratista como Superintendente. “Aquí no se hizo ni una gestión, no se reclamó un solo centavo”.

Paralelamente, al nivel judicial la Superintendencia del Capitolio mantiene un litigio contra la aseguradora Mapfre, también por fondos relacionados a reclamaciones por daños sufridos por los huracanes. La Superintendencia recibió $7 millones de fondos por parte de aseguradoras por daños reclamados y el uso de ese dinero está siendo auditado.

Vázquez Collazo aparece en la Oficina del Contralor Electoral como donante de Pedro Irene Maymí y Enid Monge, a quienes les donó $350 a cada uno cuando aspiraron sin éxito en las primarias como Representantes por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD). También donó $1,000 a la campaña del derrotado candidato popular a la gobernación Charlie Delgado.

Vázquez Collazo aludió a su experiencia en el gobierno como evidencia de que el contrato con la Superintendencia no fue un premio por sus donativos.

“Llevo 12 años de experiencia en el gobierno. Fui director de operaciones en La Fortaleza con Aníbal Acevedo Vilá, director de Obras Públicas bajo José Aponte De la Torres (exalcalde Carolina) y administrador de lo que fue el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos. También fui Superintendente del Capitolio así que tengo experiencia administrativa en el gobierno”, dijo.

Vázquez Collazo figuró como codemandado junto a los pasados expresidentes legislativos Eduardo Bhatia y Perelló, así como otros exfuncionarios de la Superintendencia del Capitolio, en un pleito incoado por 14 exempleados afiliados al Partido Nuevo Progresista despedidos de dicha oficina durante el cambio de administración del 2013. En esencia, alegaron haber sido despedidos por razones políticas y reclamaron una indemnización de $21 millones.

Finalmente se llegó a un acuerdo fuera de corte y el caso fue desestimado a nivel federal en abril de 2016.

En la demanda se alegó, entre otras cosas, que Vázquez Collazo le indicó a un codemandante que se necesitaban personas de la confianza de Perelló Borrás. “Gente que ayudó a Perelló Borras durante la campaña”, lee la demanda. Incluso, supuestamente fueron despedidos empleados afiliados al Partido Popular Democrático solamente porque trabajaron en la Superintendencia bajo una administración penepé.

Vázquez Collazo se limitó a indicar a El Nuevo Día que se llegaron a “unos acuerdos” con los demandantes.

“Son puestos de confianza y se llegaron a unos acuerdos transacciones para no seguir con el proceso oneroso de un juicio”, indicó al asegurar no tener los detalles de la compensación económica que recibieron los demandantes.

Preguntado sobre el mismo tema, Hernández Alfonzo dijo desconocer sobre el pleito civil.

“Eso no está bajo mi jurisdicción. Cada cual que asuma su responsabilidad”, indicó.