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martes, 18 de
junio de 2008
Por Gerardo E. Alvarado León / El Nuevo Día
El Consejo de
Arqueología Terrestre determinó que el caso del condominio
Atlantis, cuya construcción supuestamente destruyó parte de una
muralla histórica en Puerta de Tierra, pasará a un proceso
administrativo.
Eso implica una pesquisa a fondo que determinará si hubo
incumplimiento de ley en su levantamiento.
Mediante una comunicación escrita difundida ayer, el Consejo
-que está adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)-
dio a conocer que llegó a una conclusión tras una reunión el
jueves 12 de junio.
La representante novoprogresista Albita Rivera alertó el domingo
sobre el supuesto daño a la estructura subterránea, que formó
parte de la segunda línea de defensa de San Juan.
Rivera indicó que la firma proponente, LRA Architects, excavó
una trinchera para colocar tres tubos eléctricos y destruyó
parte de la muralla.
La Ley 112 de 1988, también conocida como la Ley de Protección
del Patrimonio Terrestre de Puerto Rico, y el Reglamento de
Multas Administrativas del Consejo, establecen que si se prueba
que hubo incumplimiento de ley, la firma proponente estaría
expuesta a multas desde $10,000 por cada día en violación a la
ley, y $50,000 adicionales si se encuentra en contumacia.
El Consejo indicó ayer que también evaluará el informe
presentado por el arqueólogo Antonio Daubon, contratado por LRA
Architects para advertir de cualquier irregularidad o
modificación que afectara la muralla.
“Daubon sostiene que la estructura que se encontró en las
excavaciones pertenecía a una estructura asociada al antiguo
tranvía (que conectaba al Viejo San Juan con Santurce y Río
Piedras)”, reza el parte de prensa.
“El informe indica que para la construcción del sistema de vías
se había demolido el lienzo de la muralla que circulaba
perpendicularmente la carretera principal, hoy avenida Ponce de
León”, agrega el documento.
Finalmente, el Consejo determinará si los proponentes han
cumplido cabalmente con las condiciones de la autorización que
emitió en su día el Programa de Arqueología del ICP.
Mientras, el Programa de Patrimonio Histórico Edificado del ICP
realiza una investigación independiente para determinar si la
muralla sufrió daños.
El Nuevo Día intentó infructuosamente obtener una reacción por
teléfono de la firma LRA Architects.
Rivera, quien preside la Comisión cameral del Educación y
Cultura, anunció que los proponentes fueron citados a vista
pública. “Pero desconozco si ya las partes fueron notificadas.
No descarto que lleguemos al tribunal”, dijo.
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