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Organizaciones de comunidades
desplazadas y líderes de residenciales públicos en Puerto Rico exigieron
hoy, viernes, la derogación de la Ley 22, al exponer que su vida, salud
y familias están en riesgo ante el aumento del costo de viviendas en
zonas como Puerta de Tierra, Santurce, Vieques, entre otras, mediante
los beneficios contributivos que reciben los inversionistas extranjeros
que llegan a la isla.
Radican proyecto para que todos los contribuyentes tengan el mismo
beneficio reconocido a los amparados en la Ley 22
Revocan 257 decretos por Ley 22
Comunidad de Puerta de Tierra reclama espacio en la discusión de
enmiendas a la Ley 22 en el Senado
“No nos resistimos al desarrollo económico, nos resistimos al abuso.
Desarticulan las familias que son empujadas a abandonar sus comunidades.
Son los responsables de la insanidad de este pueblo. El desplazamiento
es la orden del día. Basta ya del abuso, de los atropellos y el
discrimen a nuestras comunidades”, denunció Mirta Colón Pellecier,
presidenta de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área
Metropolitana, en la segunda vista del Proyecto del Senado 684.
El Proyecto del Senado 684, de los coautores Juan Zaragoza Gómez, Thomas
Rivera Schatz y Ramón Ruiz Nieves, pretende enmendar la Ley 60 de 2019,
conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” (antes Ley 22), para
asegurar la creación de empleo e inversión a través del programa de
Individuo Residente Inversionista Cualificado.
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La medida en discusión busca eliminar las exenciones contributivas
totales que otorga la Ley 22 y establecer requisitos de inversión y
creación de empleos para los inversionistas estadounidenses que
interesen mudarse a la isla.
Los deponentes coincidieron en que no basta con enmendar el Código de
Incentivos, sino que se debe derogar la Ley 22. Denunciaron la violencia
sistémica de ver cómo sus vecinos han sido presionados a abandonar sus
viviendas y hasta el país por no tener recursos para competir con el
mercado privado.
Conectada a través de Zoom, Colón Pellecier compartió cómo personas
mayores y con diversidad funcional han sufrido las peores consecuencias
del desplazamiento y la gentrificación en San Juan y otras partes de
Puerto Rico.
“Venimos a denunciar el proyecto de ley no atiende de ninguna manera el
problema real de desplazamiento. (…) Solicitamos que se derogue la
nefasta Ley 22 y que se investigue sobre el acaparamiento de propiedades
inmuebles por los beneficios de las leyes 20 y 22″, sostuvo, por su
parte, Laura González Bonilla, portavoz de Puerta de Tierra No se Vende.
Del mismo modo, González Bonilla contó que el desplazamiento en Puerta
de Tierra, barrio en la isleta del Viejo San Juan, comenzó a plazo lento
con las demoliciones de varios residenciales públicos.
“En el 2019, fui desplazada junto a otras 20 familias del histórico
edificio Méndez en la calle San Agustín. Éramos 21 familias que
pagábamos alquileres razonables, éramos una comunidad y ahora ese
edificio es dedicado en su totalidad a alquileres a corto plazo con
tarifas de $150″, indicó.
González Bonilla señaló que el inversionista extranjero que “nos sacó
del edificio donde residía, compró en un periodo de menos de 3 años, 10
edificios adicionales”.
A parte de Zaragoza Gómez, participaron de la segunda vista de esta
medida los senadores María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP); Rafael Bernabe Riefkohl, de
Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); y William Villafañe, del Partido
Nuevo Progresista (PNP); y el senador independiente José Vargas Vidot.
“Lo que deberíamos movernos es a la derogación de esta legislación, pero
estoy de acuerdo en que esto no basta. Necesitamos reglamentar los
alojamientos a corto plazo y los alquileres en general. Tenemos que
bregar con el problema y política de solidificación que garantice la
sobrevivencia de las comunidades”, opinó el legislador Bernabe Riefkohl
al reconocer las consecuencias que mencionaron las deponentes.
“Es la muerte de una comunidad. El hecho documentable es que esos
inversionistas vienen por los incentivos de La Ley 22″, advirtió la
senadora Santiago Negrón, quien presentó anteriormente el proyecto del
Senado 40 que pretendía derogar la Ley 22.
Mientras, en la primera vista pública, celebrada el 9 de mayo, Hacienda
y el Departamento de Desarrollo Económico coincidieron en que quienes
quieran beneficiarse de los incentivos para inversionistas extranjeros,
deberán aportar más capital a nivel local.
Careo entre senador y líder de Puerta de Tierra
En un pequeño careo entre el senador Villafañe y la portavoz de Puerta
de Tierra No Se Vende, el legislador insistió en cuestionar si las
deponentes estaban en contra de cualquier tipo de inversionista,
refieriéndose a los extranjeros y locales.
“El desplazamiento es real. Usted, no lo ha vivido claramente”, le dijo
González Bonilla, al senador mientras subrayaba que se presentaron a la
vista a denunciar los efectos de los incentivos de los inversionistas
extranjeros ante la Ley 22.
“Le voy a pedir que no me falte el respeto”, le respondió el legislador
del PNP.
“Nuestra posición es que vinimos hablar de los incentivos de la Ley 22.
Además de eso, estamos solicitando que se atienda esto integralmente.
Nos están negando el derecho de tener una vivienda digna y accesible”,
explicó González Bonilla.
Insistió que la Asamblea Legislativa tiene la potestad y el dominio para
poder generar políticas públicas dirigidas a erradicar el desplazamiento
de las comunidades que termina “por regalarles el barrio a los ricos
inversionistas”.
“Estamos hablando de un problema a nivel isla. Sin ánimo de ofender,
tengo una pregunta: ¿Qué usted quiere senador (Villafañe), que esto se
convierta en Hawaii, que no podamos sostenernos ni vivir aquí?”,
manifestó Caroline Sánchez, en representación del Residencial de San
Agustín, en Puerta de Tierra.
Asimismo, Taína Moscoso, de la comunidad de Machuchal, en la calle Loíza
de Santurce, señaló que los incentivos para las inversiones extranjeras
están sustituyendo a “las personas que viven aquí por un espacio
enfocado en el turismo”. Denunció que su comunidad, en su mayoría de
adultos mayores, “está viendo todos los días cómo lo construido en
tantos años, se pierde a una velocidad acelerada”.
“¿Cuánta voluntad hay de detenerlo? Es un plan para traer personas que
ven a Puerto Rico como un gran lote que se están dividiendo, incluyendo
los recursos naturales”, insistió Moscoso.
En el segundo panel, participaron otros líderes comunitarios como
Margarita Gandía, de la asociación de Vecinos del Viejo San Juan; Miguel
Ángel Reyes de Jesús, de la comunidad Monte Carmelo de Vieques; Myrta
Morales Cruz, de la Clínica de Asistencia Ciudadana.
Gandía advirtió que el aceleramiento del desplazamiento en el casco
urbano de la ciudad capital ha causado la gentrificación y el
desplazamiento en su ciudad, en la que ha residido por más de 50 años.
“No tenemos ya comunidad”, dijo angustiada.
“Rápidamente, se está convirtiendo al Viejo San Juan en un ‘gran hotel’
de transeúntes y por la noche en una ciudad de desorden donde vive cada
vez menos gente. La ley 22 debe derogarse. Sus impactos negativos en
cuanto gentrificación y desplazamiento son enormes. Mi ciudad está en
franca desmejora y muy pronto estará irremediablemente perdido”, dijo
Gandía, quien también mostró un mapa de todas las residencias de
alquiler a corto plazo en el Viejo San Juan.
Mapa de hoteles y unidades de alquiler a corto plazo en San Juan en el
2019, trabajado por la residente de esa zona Margarita Gandía.
Mapa de hoteles y unidades de alquiler a corto plazo en San Juan en el
2019, trabajado por la residente de esa zona Margarita Gandía. (Adriana
Díaz Tirado)
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado compartió que tienen
taller ahora para atemperar el proyecto 694 a las denuncias de las
comunidades consultadas. Insistió que el problema va a continuar a pesar
de que se derogue o no la Ley 22 ante las exigencias de los deponentes.
Además, insistió en que se debe trabajar legislación para atender el
problema de los alquileres a corto plazo.
“Hay que sentarse a analizarlo porque hay una serie de eventos como los
que se dan con los residenciales públicos que sacan a la gente. (…) El
problema es más profundo que Ley 22. Se debe trabajar política pública
para reconocer el valor de vivir en comunidad”, dijo el senador popular
al concluir la vista pública. |
