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Decenas de vecinos de Puerta de
Tierra marcharon ayer desde esta comunidad histórica hasta la alcaldía
de San Juan para reclamarle al alcalde Miguel Romero que intervenga en
su favor y detenga lo que han llamado un proceso de desplazamiento en
favor de inversionistas, algunos beneficiados por decretos de la Ley
22-2012 de inversionistas residentes.
Romero expresó, por su parte, no tener los elementos de juicio para
adjudicar que residentes de San Juan son desplazados a causa de compras
de beneficiados de la Ley 22-2012. No obstante, se comprometió en ayudar
a la comunidad con otros asuntos.
Las denuncias sobre el desplazamiento fueron levantadas por residentes
de Puerta de Tierra, el martes, cuando denunciaron que 30 propiedades
han sido adquiridas por beneficiarios de decretos de Ley 22. El
secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, describió
las denuncias como carentes de fundamento, y dijo que Puerto Rico es un
país de ley y orden.
Jorge Luis González, líder comunitario y vecino del residencial San
Antonio, alegó que Romero no se ha querido reunir con la comunidad. El
alcalde indicó, más tarde en el día, que los visitará el 2 de abril.
"En los últimos 20 años, la comunidad de Puerta de Tierra ha sido
desplazada poco a poco por estos grandes inversionistas y el alcalde de
San Juan patrocina este atropello contra la comunidad. Lo patrocina
vendiendo edificios sin tener la gentileza de hablar con la comunidad de
Puerta de Tierra. No estamos en contra del desarrollo, pero que cuente
con nosotros", indicó González, mientras invitaba a Cidre a que "mida
bien sus palabras y se eduque y camine por las comunidades''.
"A los pobres en Puerta de Tierra, nos quieren desplazar. Quieren
sacarnos de nuestra patria y se quieren convertir en dueños de nuestra
tierra", dijo González, al recalcar que no hay cuarteles de la policía,
ni escuelas ni servicios médicos en la zona. Sí abundan los hoyos en las
calles, los edificios abandonados y los postes de alumbrado eléctrico
que no funcionan.
En un escrito, los organizadores del evento apuntan a un solar
colindante con el residencial Parque San Agustín, que es propiedad del
gobierno municipal y que supuestamente será vendido a inversionistas
para desarrollo turístico.
Romero luego les indicó, en la alcaldía, que el solar no será vendido.
También, informó que las calles comenzarán a ser reparadas en junio. El
alcalde enfrentó cuestionamientos sobre el futuro de los vecinos del
residencial San Agustín, ya que la privatizadora encargada les ha dicho
que las reparaciones en unas escaleras requerirán el desalojo temporero
de los ocupantes. Romero sostuvo, tras reunirse con los residentes
en la alcaldía, que hablará sobre el particular con Alejandro Salgado
Colón, administrador de la Administración de Vivienda Pública.
REACCIONA EL ALCALDE
Romero dijo a la prensa que él no tiene evidencia de que en San Juan se
esté dando un proceso de gentrificación, que es el fenómeno de
desplazamiento de una comunidad de escasos recursos por individuos de
mayor poder adquisitivo. Preguntado sobre la denuncia en torno al
desplazamiento a causa de inversionistas extranjeros, Romero reconoció
que es una "preocupación de ellos", en referencia a los vecinos de
Puerta de Tierra. Luego, señaló que era una preocupación legítima.
"El gobierno de Puerto Rico debe estar evaluando esto para evitar la
gentrificación de comunidades. Es un asunto de política pública porque,
cuando eres dueño de una propiedad, la Constitución de Puerto Rico y de
Estados Unidos le conceden al dueño de una propiedad flexibilidad de
usarla para los fines que la ley permite", dijo.
"¿Es motivo de preocupación lo que se le plantea sobre la gentrificación
en el área?", se le preguntó.
"El tema de la gentrificación tiene que estar presente porque, cuando
ves otros lugares del mundo, hay data que te ayuda establecer qué ha
ocurrido", sostuvo Romero.
Cuando se le preguntó si en San Juan se ha dado ese fenómeno, respondió:
"No tengo esa información a la mano".
Romero sí admitió que se le trajo a su atención la preocupación de que
se construyan hoteles o alquileres a corto plazo. "Estaremos atentos a
eso", dijo.
"¿Hablará con el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)
para atender estas preocupaciones sobre Ley 22?", se le preguntó.
"Ya las propiedades adquiridas... nosotros tenemos, en cuanto a permisos,
requerimientos de estacionamiento, que si hay alguna petición que
requiere una variación pues tenemos que cumplir con el deber fiduciario
de proteger los intereses de la comunidad. Eso sí lo podemos hacer",
sostuvo.
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