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Organizaciones de
base comunitaria lanzan la campaña “Not Your Tax Haven” con el respaldo
de la congresista demócrata puertorriqueña
El Nuevo Día
Jueves 1de junio de 2023
Por José A. Delgado
Washington D.C. – Grupos
de base comunitaria, liderados por el Centro para la Acción de la
Democracia Popular (CPDA) y con el respaldo de la congresista demócrata
Nydia Velázquez, han lanzado la campaña “Not Your Tax Haven”, que
rechaza la antigua ley 22 y reclama al gobierno federal que fiscalice a
sus beneficiarios.
“Una década después de su creación, está claro que la ley 22 (ahora
integrada a la ley 60 de 2019) es una mala propuesta para las
comunidades tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos: individuos
que no quieren contribuir a sus propias comunidades de origen se mudan a
Puerto Rico para no pagar impuestos, mientras que los puertorriqueños
enfrentan costos de vida cada vez más altos a medida que los salarios se
estancan, los vecindarios se gentrifican y el medio ambiente queda
desprotegido”, dijo Iris Figueroa, estratega sénior de políticas de CPDA.
Por su parte, la congresista Velázquez, según un comunicado de prensa,
indicó que “cuando se aprobó la Ley 22, los proponentes afirmaron que la
ley impulsaría la inversión en Puerto Rico y traería beneficios
incalculables a la economía de la isla”, pero “solo ha profundizado la
marginación, el desplazamiento y la desigualdad socioeconómica y ha
ayudado a convertir a la isla en un paraíso fiscal para los ricos”.
Velázquez recordó que el Servicio de Rentas Internas federal (IRS)
informó en 2020 que examinaba el funcionamiento de la antigua Ley 22 de
2012, tras concluir que cientos de estadounidenses que se han mudado a
Puerto Rico en los pasados años, pudieron dejar de pagar millones de
dólares al fisco federal.
Según un informe del IRS enviado al Congreso, esa oficina federal
buscaba entonces ampliar el acuerdo de intercambio de información que
posee con el Departamento de Hacienda para requerir que Puerto Rico le
comparta “regularmente” una lista de los contribuyentes que dicen
haberse mudado al territorio estadounidense o que obtienen beneficios
contributivos por ello.
El pasado año, en una audiencia pública, la congresista Velázquez
también preguntó al IRS si el Congreso debía legislar para evitar que
inversionistas de criptomoneda utilicen la ley 60 de Puerto Rico para
evadir su responsabilidad contributiva.
“Cualquier beneficio que se pudiera haber obtenido de esta ley ha sido
empañado por la mala supervisión y, en última instancia, por la falta de
voluntad política para poner a los puertorriqueños en primer lugar. El
gobierno local y federal tienen la gran responsabilidad de brindarles a
los puertorriqueños y miembros del Congreso resultados tangibles de sus
esfuerzos de auditoría sobre la ‘ley 22′. Más importante aún, es hora de
tener un análisis serio sobre los efectos perjudiciales de la ley para
el territorio y los contribuyentes estadounidenses y cuestionar su
capacidad para promover el desarrollo económico”, indicó la congresista
Velázquez.
La coalición que encabeza CPDA incluye a The Puerto Rican Alliance, Mi
Patria, Diaspora en Resistencia, Abolish Act 60, CASA, Make the Road
Family, Churches United for Fair Housing, New York Communities for
Change, Action NC y Florida Rising.
En abril, el proyecto “Perdiendo a Puerto Rico” (Losing Puerto Rico)
también inició una campaña de multimedios para exhortar al Congreso a
eliminar los beneficios del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley
60-2019) para inversionistas estadounidenses ricos que se mudan a la
Isla para eludir el pago de contribuciones federales.
Las campañas están dirigidas hacia la parte de la Ley 60 que integró la
antigua Ley 22, que ofrece una tasa tributaria local de solo 4% a
inversionistas que se relocalizan en Puerto Rico.
Cuando se anunció el proyecto “Perdiendo a Puerto Rico”, Carlos Fontán,
director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio (DDEC), defendió el impacto del estatuto y dijo que
en 2020 se estimó en $159.4 millones anuales las contribuciones pagadas
por 5,000 beneficiarios de la antigua ley 22, un promedio de $32,000.
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