Departamento de Hacienda apunta a la Junta Fiscal

El Departamento de Hacienda responsabilizó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el incumplimiento del gobierno con la Resolución Conjunta 65-2020, con que se legisló un estímulo monetario de entre $1,000 y $2,500 para ciertos profesionales de la salud.

Esta mañana, en una vista pública de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senadoy allí surgió que la Oficina de Gerencia y Presupuesto no hizo su trabajo de solicitar una reprogramación de fondos del presupuesto para atender este incentivo legislado. La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, señaló ese incumplimiento como una de las razones por la cual el ente fiscal desautorizó la pieza legislativa.

La presidenta de la comisión, Marially González, indicó a la prensa que le “exigirían” al gobernador Pedro Pierluisi que hiciera valer el texto de la Resolución Conjunta 65. Cuando se le preguntó cuál sería el mecanismo a utilizarse, González indicó que se identificaría el dinero, que podría salir de fondos de la Ley Cares.

“Tendríamos que hacer otra Resolución Conjunta y ser específicos en cada una de las profesiones e identificar la cantidad de profesionales que cualificarían y el impacto (económico)”, dijo González, quien celebró una una vista publica para conocer el cumplimiento de la legislación y allí se presentaron representantes de entidades como la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Puerto Rico, que agrupa unos 240 profesionales.

“Son una pieza angular dentro del campo de la salud para identificar y tratar condiciones cardiovaculares, oncológicas, respiratorias, entre otras. En la Sección de Tecnólogos de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Puerto Rico nos surge la interrogante por qué desde marzo 2020 hemos estado en el frente de batalla contra el Covid-19, exponiendo nuestra salud y la de nuestras familias y no hemos recibido el incentivo económico”, dijo el presidente de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, David Ramos Medina.

“Nosotros no paramos nunca... el paciente de oncología quiere vivir”, dijo Ramos Medina al denunciar que muchos de sus colegas han visto sus horaras reducidas durante la pandemia.

“Hasta la fecha esto se ha quedado como en una nube”, agregó Ramos Medina en un a parte con El Nuevo Día. “Hasta ahora no hemos recibido una contestación concreta”.

En una ponencia del Departamento de Seguridad Pública se consignó que los paramédicos de los sistemas municipales y privados no han recibido el incentivo monetario.

La pieza legislativa, convertida en ley, atiende a Técnicos Quirúrgicos, Técnicos Radiólogos, Técnicos en Medicina Nuclear, Técnicos de Emergencias Médicas, Paramédico y Básico de Puerto Rico, tanto municipal como privado, Terapistas Físicos, Terapistas Respiratorios, Técnicos de Terapia Respiratoria, Asistentes de Terapista Físico y trabajadores hospitalarios.

En una ponencia firmada por el subsecretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez y leída por José Francisco Chávez, secretario Auxiliar de la División Legal de Hacienda, se indicó que la fuente de este desembolso sería el Fondo de Emergencias creado en 1966. Con una enmienda, el fondo se modificó para que el dinero saliera de la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal.

Chávez estuvo acompañado por la secretaria auxiliar de Contabilidad, Yeira Belén. El funcionario reconoció que el gobierno no contó el año pasado con un cálculo de impacto fiscal del incentivo económico. Belén argumentó que no tenía la información de los profesionales de salud que cualificarían para el beneficio y por eso no se entregó la información a la JSF. De hecho, Belén reconoció que Hacienda no tuvo comunicación alguna otras dependencias como el Departamento de Salud y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que se pudiera cumplir con el texto de la Resolución Conjunta.

El 2 de noviembre la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko le comunicó a la entonces gobernadora Wanda Vázquez indicándole que la legislación con cumplía con la Ley Promesa en la medida en que la Legislatura y el Ejecutivo no estaban autorizados, sin contar con la autorización del ente fiscal, a realizar reprogramaciones.

“Ningún funcionario o empleado del gobierno del territorio podrá llevar a cabo ninguna reprogramación, hasta que la JSF haya enviado a la Legislatura un análisis que certifique que dicha acción no presenta inconsistencias con el Plan Fiscal”, lee la ponencia firmada por Pantoja Rodríguez al explicar la postura de la JSF.

“Debido a que la JSF no había dado su autorización para ello, dicha acción se encontraba en violación con la Ley Promesa. Por tanto, la JSF no autorizó el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Conjunta 65-2020”, lee la ponencia.

De hecho, en una carta de Jaresko dirigida a Vázquez el 2 de noviembre, la funcionaria le indicó, entre otras cosas, que el gobierno de Puerto Rico primero tenía que solicitar una reprogramación de fondos de la JSF antes de legislar y nunca calculó el posible impacto fiscal de la legislación. Esa responsabilidad recaía en la OGP, que en una ponencia entregada al Senado no hizo alusión a su responsabilidad y donde solo se recomendaba al cuerpo legislativo que le preguntara Hacienda por el desembolso.

“No hay forma para implementar la Resolución Conjunta 65 de la manera en que fue creada sin la reprogramación. La JSF no ha recibido una petición para analizar y certificar una reprogramación de los fondos para la Resolución Conjunta 65”, dijo Jaresko al sostener que la legislación tampoco incluyó un estimado del gasto a incurrirse.

El senador independiente José Vargas Vidot dijo estar avergonzado por la conducta del pasado gobierno.

“Es una irresponsabilidad crasa”, dijo Vargas Vidot.”Nunca (la JSF) recibieron la solicitud para analizar y nunca recibieron la solicitud para certificar. Ellos (la JSF) hubieran estado dispuestos a hacerlo”, dijo el senador.

En un aparte con la prensa, Vargas Vidot dijo estar dispuesto a presentar legislación para nuevamente revivir el paquete de ayudas a estos profesionales. “Ahora hay muchos dinero”, dijo. “Que se cumpla con una ley... la gobernadora lo firmó como una ley”.

El senador Ramón Ruiz Nieves indicó que la JSF siempre se va a “refugiar” en que Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto no identificaron el dinero disponible para hacer realidad la legislación.

“La gobernadora no podía firmar la resolución si no tenía la certificación de Hacienda”, dijo Ruiz Nieves.

Marisabel La Puerta y Rafael López, de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia, se movieron hoy al Senado para también denunciar que los profesionales que representan, unos 500, tampoco recibieron el incentivo.

“No se ha divulgado ninguna explicación”, dijo La Puerta. “En un momento dado nos dijeron que no se habían identificado los fondos... eso fue lo último que nos dijeron y no hemos tenido más comunicación”, sostuvo López a El Nuevo Día.

“Los profesionales de la salud que tienen contacto directo con los pacientes son los que más riesgo tienen y recibimos un paciente agudo, como una fractura de cadera o un reemplazo de rodilla y no puedes dejar de verlo porque hay pandemia o están en cuarentena. Tienes que entrar al entorno del paciente... estamos en riesgo directo”, dijo La Puerta.

En el caso de la Federación de Tecnólogos Licenciados de Puerto Rico, que son alrededor de 4,800 en la isla, solo los tecnólogos del gobierno han recibido algún tipo de beneficio económico, dijo Eduardo Britto, asesor y fundador de la entidad.

“Nos han dicho que la gobernadora lo firmó, pero no identificaron los fondos, especialmente de dónde se iban a estar compensando”, dijo Britto a El Nuevo Día. De hecho, en La Fortaleza refirió a los representantes de la Federación de Tecnólogos a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.