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Operativo en los
muelles no trastoca los trabajos
Ejecutivos de la industria marítima explican como están las
operaciones tras los arrestos por extorsión en ciertas navieras
el lunes.
El Nuevo Día
Lunes, 18 de agosto de 2022
El operativo federal efectuado el lunes contra una supuesta
entidad criminal que operaba en los muelles nueve y 10 de Puerta
de Tierra no se relaciona ni ha afectado las labores que
realizan unionados y compañías al otro lado de la bahía, en los
muelles de Puerto Nuevo.
Así lo aclaró Hernán Ayala Rubio, vicepresidente de Operaciones
de la compañía de estibas Luis A. Ayala Colón Sucrs., al indicar
que las compañías afectadas por este patrón de extorsión no son
navieras grandes como Crowley, Trailer Bridge o Tote Maritime.
Ninguna de ellas opera en los muelles 9, 10 y 11, y por tanto no
han sido víctimas de fraude, y sus operaciones continúan con
total normalidad.
El alegado esquema de corrupción ocurrió por largos años en los
barcos pequeños, llamados coloquialmente "goletas", que viajan
entre San Juan y las Islas Vírgenes estadounidenses y
británicas.
Estas embarcaciones, como por ejemplo Norma H, que es operada
por la compañía 5 Stevenson Formel Freight Services (SFFS),
transportan mayormente mercancía suelta entre San Juan, Saint
Thomas, Santa I Cruz y Tórtola, entre otras.
Transportan materiales de construcción, cemento, varillas,
alimentos, combustible, así como mercancía que compran
residentes de las islas y que envían por barco, según Joel Pizá,
director ejecutivo de Puertos. Agregó que para esas labores usan
los muelles 9 y 10, que ubican en j Puerta de Tierra.
Clarivette Díaz, presidenta de la Asociación de Navieros de
Puerto Rico, indicó que SFFS ni Nieves Maritime Corp - otra
compañía que da servicios portuarios en el muelle 10- pertenecen
a la entidad que ella preside. Tampoco JCPY -propiedad de los
arrestados Pedro Pastrana González e lara Clemente Rivera-, que
es la empresa que identificaron los federales como que
extorsionaba a las navieras pequeñas.
"Ningún socio nuestro está relacionado con este caso", aseveró
Díaz. Agregó que la carga doméstica e internacional que llega a
Puerto Rico no entra por los muelles 9 y 10, sino mayormente por
Puerto Nuevo.
El Nuevo Día se comunicó con SFFS para obtener una reacción
sobre cómo se ha afectado su operación con esta situación, pero
al cierre de esta edición no habían respondido.
SFFS fue fundada por la familia Formel en la década de 1970 para
dar servicios a la industria de la construcción. En julio de
2008 la familia Stevenson la adquirió, y su sede está en el
muelle 10.
Este patrón de extorsión empezó en el 2005, según la acusación
federal, con la participación del entonces presidente de la ILA
-ya fallecido- y a su muerte lo siguieron Pastrana González y
Clemente Rivera, quienes crearon JCPY. En el esquema
participaba, según la acusación, el presidente actual de la ILA,
Carlos Sánchez Ortiz.
La extorsión consistía en que JCPY exigía a las navieras
pequeñas que le pagaran una tarifa para permitir que personal no
unionado hiciera la labor de carga y descarga de mercancía en
los barcos. Usualmente, el utilizar personal unionado es más
oneroso. Si no pagaban el dinero solicitado, eran amenazadas de
que la International Longshoremen's Association (ILA) realizaría
protestas y huelgas con empleados unionados de dicho sindicato.
Este diario indagó también sobre si el Plan de beneficios de la
unión ILA se afecta con estos arrestos, pues alegadamente
Pastrana González y Clemente Rivera se beneficiaban del mismo.
William Marrero, asesor legal del sindicato, expresó que la
unión no maneja ese fondo, sino que lo hace una junta de
síndicos compuesta por unionados y representantes del patrono.
Esa junta de síndicos la componen tres unionados y tres
patronos. Estos últimos son designados por la Asociación de
Navieros, indicó la líder de las compañías marítimas. "El deber
de cada síndico es velar por el uso correcto de los dineros de
ese plan", sostuvo Díaz, quien no pudo precisar quién preside la
junta de síndicos.
"Tenemos un problema de credibilidad y de servicio. Y no
quisiera pensar que en Puerto Rico estamos perdiendo
competitividad por la corrupción", expresó Jorge Toledo,
fundador de la empresa de cerraduras y candados Toledo.
El empresario exporta a más de 40 países en América Latina, el
sureste de Estados Unidos y el Caribe. Y lamentó que este nuevo
caso de fraude y extorsión continúe exponiendo negativamente a
Puerto Rico ante el mundo.
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