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Viernes, 1 de
Agosto de 2008
Por Daniel Rivera Vargas /
El Nuevo Día
En un fallo trascendental, tras una larga batalla legal y
cívica matizada de agresiones e insultos entre diversos
sectores, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió ayer que
los terrenos donde se levanta el proyecto Paseo Caribe no son de
dominio público y que pertenecen a su desarrollador.
“Resolvemos que dichos predios son bienes patrimoniales
susceptibles de apropiación particular”, reza la opinión
mayoritaria escrita por el juez presidente Federico Hernández
Denton.
Más allá de Paseo Caribe, la decisión podría afectar desarrollos
futuros porque establece que algunos terrenos ganados al mar se
pueden comprar.
“Los terrenos ganados al mar no se pueden considerar, por esa
sola condición de provenir del mar litoral, como bienes de
dominio y uso público de los de aquella naturaleza que están
fuera del alcance del comercio”, lee la decisión.
La decisión destaca que la controversia tiene como base obras de
relleno promovidas por el Estado durante décadas, sobre las
cuales se asentaron comunidades como Condado, Isla Verde, Puerta
de Tierra, Ocean Park, Isla Grande y los barrios de Amelia,
Sabana y Barrio Obrero.
El fallo de 66 páginas -la disidencia es de 77- hace un tracto
histórico de las tierras desde la invasión estadounidense, y
cómo gran parte de los terrenos de la isleta de San Juan fueron
del gobierno federal hasta una determinación de 1929 del
entonces presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover.
Se explica que Paseo Caribe está construida sobre lo que alguna
vez fueron dos parcelas distintas de la Guardia Costanera y se
asegura que el Estado siempre tuvo poder de venderlas.
Señala que la ley española de 1866 -que establece como dominio
público las costas, bahías y playas- también reconoce entre
posibles propietarios de terrenos ganados al mar “a quien
hubiese construido obras”.
Indica también que la posterior Ley de Puertos de 1886 sostiene
que el Estado “podrá enajenarlos”.
El Departamento de Justicia, quien llevó el caso contra Paseo
Caribe, planteó que el Código Civil había alterado esa
normativa. “No le asiste la razón”, expresa el Supremo.
“Avalar la novel teoría esgrimida por el Estado en este caso
colocaría en una precaria situación a miles de hogares
localizados en algunas de las zonas más características de la
zona metropolitana. No podemos actuar en abstracción de esa
realidad”, expresó el Supremo.
La única disidente es la jueza Liana Fiol Matta.
“Los permisos administrativos no confieren titularidad y mucho
menos pueden convalidar un acto nulo de enajenación de bienes de
dominio público”, dijo la jueza. “Los fundamentos discutidos me
han convencido que estos son bienes de dominio público y no son
susceptibles de tráfico jurídico”, agregó.
El juez Francisco Rebollo, cuya renuncia por razones de edad fue
efectiva ayer mismo, participó en esta decisión en la opinión
mayoritaria.
El juez presidente invocó la regla de necesidad, lo que implica
que todos los jueces tenían que participar aunque tuvieran
razones para inhibirse.
El fallo no lo dice, pero la jueza Anabelle Rodríguez era la
secretaria de Justicia que en el 2002 emitió una opinión a favor
del proyecto.
Paseo de triunfo
No fue posible obtener reacción del desarrollador Arturo Madero.
En su lugar, el abogado del proyecto San Gerónimo Caribe Proyect,
Luis Sánchez Betances, dijo que la decisión valida que su
cliente siempre cumplió con la Ley.
“El tribunal decidió conforme a Derecho, confirma lo que otro
tribunal había dicho y es bien importante que
constitucionalmente hablando se expresó la autoridad a la que el
pueblo delegó decidir decisiones como estas”, dijo Sánchez
Betances.
“Todos debemos continuar respaldando a nuestro sistema judicial
y no debemos montar estructuras alternas o seudojudiciales para
que decidan conforme a los gustos personales”, agregó en
aparente alusión al llamado Tribunal del Pueblo, en el que un
grupo de letrados interpretó que los terrenos eran de dominio
público.
El abogado dijo que aún no han decidido si radicarán algún
pleito contra el Gobierno por los daños que pudo sufrir el
desarrollador por toda la controversia y las decisiones de la
Rama Ejecutiva adversas a Paseo Caribe.
Expresó que continúa la venta de apartamentos en el proyecto,
que aún le falta por construir una torre, y advirtió que espera
que nadie intente sabotear el desarrollo restante de las obras.
“No tenemos ningún problema con las personas que se expresen
conforme lo permite la libertad constitucional de expresión.
Ahora, eso no da derecho ni a invadir terrenos privados ni a
causar daño a la propiedad ajena, si eso ocurriera. Entonces el
problema sería del Estado, de la Policía quien tiene que
mantener el orden para los ciudadanos”, afirmó el abogado.
Otro golpe a Justicia
El pleito fue llevado por el Departamento de Justicia que dirige
el secretario Roberto J. Sánchez Ramos.
Aunque esta controversia tomó fuerza hace años por la
investigación legislativa del senador Orlando Parga, el Supremo
achaca el inicio de esta controversia judicial a la opinión del
Secretario de Justicia del 11 de diciembre pasado, que anuló dos
opiniones de secretarios anteriores, y que decretó que los
terrenos ganados al mar son de dominio público.
Sánchez Ramos no emitió comentarios ayer. No había leído la
decisión, según dijo su portavoz, Claribel Morales.
Marisol Calero, portavoz del Departamento de Recursos Naturaleza
y Ambientales, indicó que el secretario Javier Vélez Arocho no
se expresaría hasta que hable Sánchez Ramos.
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Aún esperan por
Justicia
Viernes, 1 de Agosto de 2008
Libni Sanjurjo Meléndez / Primera Hora
Aún no es el fin...
El final de la controversia en torno a Paseo Caribe
está lejos de llegar porque todavía está pendiente la
investigación del Departamento de Justicia sobre el
proceso del otorgamiento de “permisos ilegales” a San
Jerónimo Development, proponente del proyecto en el Viejo
San Juan.
“Todavía no han terminado esa investigación... Ahora tiene
una gran urgencia que Justicia termine esa investigación”,
sostuvo el planificador José Rivera Santana en el
campamento levantado por opositores frente a Paseo Caribe.
Explicó que la pesquisa podría resultar en permisos nulos,
radicación de cargos y paralización de la construcción.
Además, dijo, aún está la alternativa de solicitar
reconsideración al Tribunal Supremo.
“Con esta decisión, el Supremo se suma a la cadena de
ilegalidades y de elementos fraudulentos que ha habido en
este proyecto... Esto abre las puertas para que ahora
cualquiera privatice terrenos rellenados y ganados al
mal... es nefasto”,
Para Rivera Santana, el señalamiento de la decisión que
establece que los terrenos ganados al mar en Paseo Caribe
no son de dominio público es errado porque investigaciones
“evidencian” que los terrenos ganados al mar son terrenos
de dominio público.
En cuanto a que la Administración de Reglamentos y
Permisos (ARPE) no podía suspender los permisos de
construcción, el planificador expuso que “el que da
permisos tiene también la potestad de suspenderlos o
revocarlos”.
Tras el anuncio de la decisión, el ambiente del campamento
era de malestar. No había indicios de situaciones
violentas, como en el pasado, pero policías mantenían
vigilancia en el área.
El portavoz, Miguel Reyes, dijo que estudiarán la decisión
antes de determinar las acciones a seguir. “No nos queda
duda de que el tribunal entregó el derecho al tomar esta
decisión”, expresó.
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