El Nuevo Día/19 deJulio de 2007
 
Por César R. Vázquez Díaz
Ex presidente de la CEE

En los últimos años nos hemos enfrentado a las paradojas que con frecuencia nos presenta el diario vivir en Puerto Rico.

En esta ocasión se trata del repunte de la discusión sobre el llamado Corredor Ecológico del Noreste, los detalles sobre los rodeos a los reglamentos en el desarrollo de los terrenos aledaños al Caribe Hilton y el desalojo a la fuerza de invasores de terrenos de la Autoridad de Tierras en Toa Baja.

Las llamo paradojas por que en las tres situaciones mencionadas hay una aplicación distinta de la ley y los reglamentos, reflejando contradicciones a pesar de las similitudes que tienen los casos.

En Puerto Rico como en el resto del mundo hay una gran lucha por el uso de la tierra, entre los que desarrollan proyectos de viviendas, los que tienen necesidad de vivienda y los que defiendan el ambiente. En un planeta donde la expectativa o promedio de vida va en constante aumento por los avances médicos en términos preventivos y curativos, sumado a la tasa de nacimientos que no parece disminuir, el espacio de tierra habitable se hace cada vez menor pues Papá Dios hace tiempo que terminó su parte y no va a crear tierra adicional.

Esa realidad no puede ser más dramática en una isla de 100 millas de largo por 35 de ancho como es Puerto Rico y con una población rondando los 4 millones de personas. Aquí, esa lucha entre dichos tres sectores no puede ser más encarnizada, que buscan que el árbitro y juez, que tiene que ser el Estado, incline a su favor la balanza de las decisiones.

Desafortunadamente en ese proceso decisional no siempre el Estado es justo. Hemos visto demasiada de muchas veces donde las agencias reguladoras representantes de éste, toman decisiones que luego de ser sometidas a escrutinio demuestran que en el manejo del proceso hubo actos en unos casos inexplicables, en otros irregulares y en otros hasta ilegales.



Las tres situaciones que presento al principio son un ejemplo de esto. La lucha por la zona costera del noreste de Puerto Rico lleva más de 10 años. Algunos desarrollistas han presentado proyectos residenciales y turísticos que prometen inyectar una fuerte corriente económica a todo el sector. Comenzando con un alto número de empleos temporeros en la fase de la construcción y luego en la fase del sostenimiento y mantenimiento con producción de empleos permanentes, a lo que se añaden los arbitrios y contribuciones municipales y estatales que todo el ciclo representa. Frente a ese atractivo económico tenemos la verdad irrefutable que esa área posiblemente sea lo último que nos queda del patrimonio natural donde aún hay espacios de total pureza ambiental.

En este caso los reglamentos y las leyes han estado sirviendo bien a ambas partes, desarrollistas y ambientalistas. Queda reflejado esto por la larga lucha que ha estado entrando y saliendo de los tribunales. De hecho, en todo esto las partes se han ido acercando y me parece que a la larga sí habrá desarrollos turísticos de impacto económico duradero ajustados a la realidad de que aquella área hay que protegerla, por ser prácticamente lo último que nos queda con tales características.

Por el contrario, parece que los desarrollistas han llevado la mejor parte en el llamado Paseo Caribe, en los alrededores del Caribe Hilton. A pesar de señalamientos inequívocos de expertos y asesores de que la construcción sería un gran impedimento al acceso al Fortín de San Jerónimo, que imposibilita hacer trabajos para mantenerlo y evitar que colapse por los embates del mar, todo lo que se quería evitar es un hecho. En este caso se ha alegado que se aprobó un reglamento cortado a la medida para rodear, o circunvalar, el reglamento general que protege las áreas de patrimonio histórico.

O sea, alegadamente le dieron la vuelta al estatuto regulatorio y lo acomodaron a favor de una parte.

En contraste con esto último, a los que invadieron en Toa Baja les aplicaron la ley y les destruyeron las pequeñas estructuras que levantaron con la esperanza de tener un lugar permanente para vivir. No estoy queriendo decir que la acción de desalojo fuera un acto ilegal pues hubo una orden judicial. Lo que digo es que en esta situación hubo una rápida intervención por el Estado para terminar una invasión ilegal de terrenos, mientras que en la ocupación de terrenos cercanos al Fortín nada ni nadie detuvo la construcción.