miércoles, 6 de junio de 2007
 
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

La Oficina del Contralor recibió ayer una petición del vicepresidente del Senado, Orlando Parga, para reanudar una auditoría de las transacciones financieras entre el Gobierno y empresas privadas que dieron paso a la construcción del multimillonario proyecto turístico Paseo Caribe y, por consiguiente, la parcial privación de paso al baluarte histórico del fortín San Jerónimo del Boquerón por las lujosas estructuras de la obra que lo rodean. 

Como parte de una pesquisa legislativa que intenta esclarecer los negocios para construir edificaciones en la isleta de San Juan, mediante el cambio de zonificaciones y la adquisición de solares a precios irrisorios, el senador instó al contralor Manuel Díaz Saldaña a indagar sobre la venta por parte del Gobierno del Caribe Hilton a Hilton International y, por consiguiente, de la compra de algunos de los terrenos de la hotelera por el empresario Arturo Madero para la edificación de Paseo Caribe. 

La investigación legislativa, encabezada por el estadista Parga y el senador popular Eudaldo Báez Galib, intenta determinar si funcionarios de varias agencias asignados a evaluar los permisos y los planos del proyecto, como la Junta de Planificación (JP) y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento del deber al darle paso a la construcción de Paseo Caribe.

''Esto seguirá ocurriendo hasta que alguien pague las consecuencias'', sostuvo Parga.

Desde su proceso de certificación por parte de las agencias fiscalizadoras, a finales de la década del 90, el proyecto Paseo Caribe se ha mantenido inmerso en controversias, desencadenadas por una demanda en los tribunales y otra investigación legislativa que halló serias irregularidades en el otorgamiento de permisos. 

Por un error procesal, el Tribunal Supremo desestimó una demanda radicada por los vecinos de un edificio colindante, San Luis, que objetaron el cambio de zonificación del área que facilitó la construcción de Paseo Caribe. Asimismo, el representante penepé Francisco ''Junior'' González señaló mediante un informe varias deficiencias en los endosos de la obra. Pero los señalamientos no fueron acogidos por ninguna agencia del poder Ejecutivo. 

Tan reciente como la semana pasada, en una vista senatorial, la ex presidenta de la Junta de Condóminos del edificio San Luis y arquitecta retirada, Carmen J. Mascaró, señaló que durante sus visitas a las oficinas de la Junta de Planificación para auscultar los planos de Paseo Caribe, éstos se mantenían custodiados en la oficina del entonces presidente de la Junta de Planificación, José Caballero. Cabe destacar que la investigación legislativa de Parga ha señalado irregularidades en el otorgamiento de permisos durante las últimas dos administraciones populares.

''Los proyectos siempre permanecen en el área de estudio, en el área técnica. No hay nada que prohíba que el presidente de la Junta los tenga, pero eso era bien irregular'', sostuvo Mascaró. 

A pesar de la privilegiada ubicación del Caribe Hilton y su legendaria reputación como una de las hospederías más atractivas del hemisferio, el Gobierno la vendió junto con varios solares adyacentes que eran propiedad del Gobierno federal a $80 millones.

El proyecto de Paseo Caribe, cuyo costo asciende a $270 millones, consiste en 100 unidades de vivienda tipo condo-hotel y de un lujoso centro comercial.