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miércoles, 6 de junio de 2007
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
La Oficina del Contralor recibió ayer una petición del
vicepresidente del Senado, Orlando Parga, para reanudar una
auditoría de las transacciones financieras entre el Gobierno y
empresas privadas que dieron paso a la construcción del
multimillonario proyecto turístico Paseo Caribe y, por
consiguiente, la parcial privación de paso al baluarte histórico
del fortín San Jerónimo del Boquerón por las lujosas
estructuras de la obra que lo rodean.
Como parte de una pesquisa legislativa que intenta esclarecer los
negocios para construir edificaciones en la isleta de San Juan,
mediante el cambio de zonificaciones y la adquisición de solares
a precios irrisorios, el senador instó al contralor Manuel Díaz
Saldaña a indagar sobre la venta por parte del Gobierno del
Caribe Hilton a Hilton International y, por consiguiente, de la
compra de algunos de los terrenos de la hotelera por el empresario
Arturo Madero para la edificación de Paseo Caribe.
La investigación legislativa, encabezada por el estadista Parga y
el senador popular Eudaldo Báez Galib, intenta determinar si
funcionarios de varias agencias asignados a evaluar los permisos y
los planos del proyecto, como la Junta de Planificación (JP) y la
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), podrían haber
incurrido en el delito de incumplimiento del deber al darle paso a
la construcción de Paseo Caribe.
''Esto seguirá ocurriendo hasta que alguien pague las
consecuencias'', sostuvo Parga.
Desde su proceso de certificación por parte de las agencias
fiscalizadoras, a finales de la década del 90, el proyecto Paseo
Caribe se ha mantenido inmerso en controversias, desencadenadas
por una demanda en los tribunales y otra investigación
legislativa que halló serias irregularidades en el otorgamiento
de permisos.
Por un error procesal, el Tribunal Supremo desestimó una demanda
radicada por los vecinos de un edificio colindante, San Luis, que
objetaron el cambio de zonificación del área que facilitó la
construcción de Paseo Caribe. Asimismo, el representante penepé
Francisco ''Junior'' González señaló mediante un informe varias
deficiencias en los endosos de la obra. Pero los señalamientos no
fueron acogidos por ninguna agencia del poder Ejecutivo.
Tan reciente como la semana pasada, en una vista senatorial, la ex
presidenta de la Junta de Condóminos del edificio San Luis y
arquitecta retirada, Carmen J. Mascaró, señaló que durante sus
visitas a las oficinas de la Junta de Planificación para
auscultar los planos de Paseo Caribe, éstos se mantenían
custodiados en la oficina del entonces presidente de la Junta de
Planificación, José Caballero. Cabe destacar que la investigación
legislativa de Parga ha señalado irregularidades en el
otorgamiento de permisos durante las últimas dos administraciones
populares.
''Los proyectos siempre permanecen en el área de estudio, en el
área técnica. No hay nada que prohíba que el presidente de la
Junta los tenga, pero eso era bien irregular'', sostuvo Mascaró.
A pesar de la privilegiada ubicación del Caribe Hilton y su
legendaria reputación como una de las hospederías más
atractivas del hemisferio, el Gobierno la vendió junto con varios
solares adyacentes que eran propiedad del Gobierno federal a $80
millones.
El proyecto de Paseo Caribe, cuyo costo asciende a $270 millones,
consiste en 100 unidades de vivienda tipo condo-hotel y de un
lujoso centro comercial.
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