Cómo se entregó el Fortín San Jerónimo

Claridad Jueves, 26 de julio de 2007
Por
Perla Franco

           Cómo el capital se las arregla para conseguir la aprobación de permisos de
         construcción verdaderamente cuestionables.



 

El Fortín de San Jerónimo del Boquerón, cuya importancia mayor radica en haber sido la primera línea de defensa para la isleta de San Juan durante el siglo XVIII, además de contar con el valor arquitectónico que lo llevó a ser incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1983, y a ser considerado por el registro de lugares históricos de Wáshington por sus recursos arqueológicos, fue entregado sin defensa alguna desde la década de 1990 al Hotel Caribe Hilton y al desarrollista extranjero Arturo Madero.
Contradictoriamente, los responsables de tal entrega fueron los entonces directores de las agencias de gobierno encargados de proteger el área, según consta en las irregularidades encontradas en decenas de documentos y en la desaparición de otros que resultan imprescindibles. Las garitas y remanentes de las murallas que albergan al Fortín actualmente son parte de la histórica Batería de San Ramón que se estima le adviene mayor importancia a su conservación por representar un sistema defensivo único, según admitió el propio Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP) al momento de su admisión como lugar histórico.

En un sinnúmero de eventos que intentamos resumir a continuación, veremos cómo el capital se las arregla para conseguir la aprobación de permisos de construcción verdaderamente cuestionables que en muchas ocasiones cuentan con la amistad de personas en el gobierno, lo que les hace apostar que sus proyectos, en este caso los cercanos al Fortín, nadie se los va a detener. Y así ha sido en el caso del Fortín San Jerónimo, a menos que los resultados de la indignación ante estos hechos y la defensa del patrimonio nacional prevalezca por encima de cualquier otra consideración que beneficia a unos pocos que viven del desparrame desmedido de la construcción que sólo les favorece a ellos y que en esta ocasión está en manos de un extranjero que poco le importa si construye encima de yacimientos arqueológicos o murallas históricas, según documentaremos más tarde.

Las serias interrogantes que surgen ante las construcciones alrededor del Fortín no surgieron hasta principios de este año que como parte de los hallazgos de unas vistas públicas que realiza la Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor que preside el senador Orlando Parga, comenzaron a reflejar infinidad de anomalías. Aunque hasta entonces la investigación –que comenzó en junio de 2006– había girado en torno a la ausencia de una servidumbre de paso hasta el Fortín, lo que comenzó a aflorar indicaba una posible cadena de irregularidades, el patrón de trato preferencial a un desarrollista bajo la excusa de desarrollo económico y la ausencia de criterios para la aprobación de permisos de construcción, que han resultado más que preocupantes. Desde entonces, la investigación ha tomado otro giro.

Entre las interrogantes que han surgido figuran cómo el Caribe Hilton compró antes de 1999, bajo la gobernación de Pedro Rosselló, los terrenos donde ubica el hotel y sus inmediaciones, incluyendo la servidumbre de paso municipal que debió mantenerse con acceso público irrestricto. No consta reclamo alguno de la entonces primera mandataria de la capital, la alcaldesa Sila Calderón, para garantizar el acceso a ese paseo público. Los terrenos fueron vendidos al Caribe Hilton por $80 millones y éste, por su parte, vendió en 1999 al desarrollista Arturo Madero parte de los terrenos en $5 millones.

Ha resultado cuestionable además cómo el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) no asistió a la Junta de Planificación (JP), cuando ésta realizaba vistas públicas para aprobar la consulta de ubicación que solicitaba el desarrollista Madero que realizaría la construcción de la extensión del Hilton. Pero la JP también otorgaría más tarde el permiso de la construcción al proyecto “Paseo Caribe”, totalmente de Madero, también cercano a los predios del Fortín. Existe documentación que prueba que el 10 de marzo de 1999 la JP pidió al Director Interino del ICP, José R. de La Torre, sus comentarios sobre el proyecto de Madero y advertían que de no recibirlos asumirían no objeción al proyecto. El proceso de consulta en la JP duró de marzo de 1999 a enero de 2000 sin que haya habido una posición oficial del ICP. También existe documentación de la Oficina de Preservación Histórica (SHPO, por sus siglas en inglés) adscrita a la Fortaleza, que desde el 18 de mayo de 1999 manifestó su preocupación por la construcción en los alrededores del Fortín. Esa oficina manifestó su preocupación al Caribe Hilton y a la JP y su intervención implicaría activación de la jurisdicción federal. A las anomalías mencionadas se suma que el presidente de la JP, José Caballero Mercado, con conocimiento de todas las oposiciones al proyecto por parte del ICP, de la Oficina Estatal de Preservación Histórica (SHPO) -que se dice que en una opinión legal al desarrollista se le recomienda asegurarse de que ésta no active su jurisdicción- y la del Cuerpo de Ingenieros, que no había encontrado la manera, aún con $4 millones asignados, de tener acceso a la restauración del Fortín, mantenía el expediente del desarrollo en su oficina bajo su custodia y fue quien dio la aprobación al proyecto.

Es cuestionable cómo ante todas esas objeciones la JP, que presidía Caballero Mercado, otorgara, sin los endosos correspondientes, los permisos a Madero y nada dijera sobre la garantía de la servidumbre de paso al Fortín que debía permanecer pública y sin restricciones. El desarrollista se abrogó desde entonces el control de la servidumbre de paso, insistiendo consecuentemente en ello.

También salta a la vista el detalle de que el Departamento de Justicia (DJ), en voz de la entonces secretaria Anabelle Rodríguez, emitió a petición del gobierno una recomendación a favor del desarrollista obviando que el área a construir formaba parte además de la zona marítimo terrestre. Parecería ser, según los que conocen de las interioridades de este caso, que el hecho de que la esposa de Madero fuera la banquera Zoila Levis, amiga de la entonces gobernadora, favorecería de esa forma el proyecto con el amparo de Justicia.
Otro asunto que llama la atención es cómo la entonces directora del ICP, Teresa Tió -quien sustituyó a De la Torre- de quien se dice que en un inicio se opuso al proyecto, después de una reunión con representantes el gobierno, del Caribe Hilton y el desarrollista, liberó los terrenos en controversia aún cuando la oposición interna dentro del ICP era la de no sólo no apoyar el proyecto, sino la de solicitar una orden de cese y desista al desarrollista. Incluso, la recomendación legal al ICP era la de llevar el caso a los tribunales si Madero insistía en el proyecto. Es aquí donde han surgido testimonios, al menos del director del Consejo de Arqueología Subacuática, adscrita al ICP, Juan Vera, que indican que Tió pudo haber recibido presiones por parte del entonces secretario de Desarrollo Económico, Milton Segarra y del que pasó a ser esposo de la gobernadora, Ramón Cantero Frau, quien también estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Se dice que ellos insistieron con Tió para que ésta no obstruyera el “desarrollo económico” proyectado por el gobierno y que evidentemente incluía “Paseo Caribe”. Al cierre de esta edición Segarra había sido citado a comparecer a las vistas senatoriales y lo mismo sucedería con Cantero Frau, según aseguró Parga.

Para conocer cómo han funcionado las diversas presiones en este caso, vale destacar un detalle que salió a relucir en las vistas senatoriales por Virginia Rivera, la propia arqueóloga contratada por Madero. Rivera había encontrado -como parte de los estudios que se le requieren a un desarrollador para poder construir en un área sensitiva arqueológicamente-, restos de la primera línea de defensa que representa el Fortín y de los remanentes del camino que daba a la ciudad en sus orígenes. Rivera documentó esos hallazgos y los presentó al desarrollador quien le indicó que el proyecto ya estaba aprobado. La arqueóloga había realizado dos fases de estudios y sugería una tercera. Al ver la reacción de Madero, Rivera se dirigió entonces a Ovidio Dávila, arqueólogo del ICP, para informarle de los hallazgos y de la reacción de Madero. Según se supo, Dávila le indicó que no podía hacer nada porque ese proyecto venía con órdenes de arriba. Madero reaccionó despidiendo a la arqueóloga Rivera y contrató en su lugar al arqueólogo, también extranjero, Jesús Vega, para realizar la fase III de la investigación cuyo resultado confirmando las dos fases anteriores podría detener el proyecto. Vega alegó que lo encontrado por Rivera fueron “espejismos” y que en el lugar a construir no había restos arqueológicos. Madero comienza entonces a hacer remoción mecánica del terreno en lo que se cree fue la sepultura de los hallazgos encontrados por Rivera. Sobre ellos se erigen tres inmensos edificios entre los que están un estacionamiento y dos edificios de oficinas y apartamentos. Tan reciente como la pasada semana Madero envió a la Comisión senatorial una declaración jurada alegando que permitirá una servidumbre de paso, pero con ciertas restricciones.

Mientras tanto, entre las soluciones que se han presentado a esta controversia que aún no termina se destacan dos. Por un lado, el senador Parga insiste en que se libere un paso de servidumbre lo suficientemente amplio para que el Cuerpo de Ingenieros pueda llegar al lugar con sus amplias máquinas de restauración. También le complace que el acceso al Fortín sea irrestricto y público. Igualmente ha dicho que presentará legislación a partir de la próxima sesión legislativa de agosto para reglamentar y sancionar con mayor énfasis a arquitectos que cometan actos anti éticos; para que se regule más aún la otorgación de permisos de construcción en la primera etapa y para que éstos sean más estrictos en el cumplimiento de su deber y se aseguren de contar con la aprobación documentada de las agencias concernientes antes de emitir aprobación a un proyecto.

De otro lado están los que, como Don Ricardo Alegría, impulsan que el mejor remedio para que no suceda una situación similar es la demolición del proyecto. Esa es una posición que ha tomado fuerza en estos días y cuyos favorecedores esperan que con los testimonios que quedan por ofrecerse ante la comisión senatorial gane más adeptos.