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El Fortín de San
Jerónimo del Boquerón, cuya importancia mayor radica en haber
sido la primera línea de defensa para la isleta de San Juan
durante el siglo XVIII, además de contar con el valor
arquitectónico que lo llevó a ser incluido en el Registro
Nacional de Lugares Históricos desde 1983, y a ser considerado
por el registro de lugares históricos de Wáshington por sus
recursos arqueológicos, fue entregado sin defensa alguna desde
la década de 1990 al Hotel Caribe Hilton y al desarrollista
extranjero Arturo Madero.
Contradictoriamente, los responsables de tal entrega fueron los
entonces directores de las agencias de gobierno encargados de
proteger el área, según consta en las irregularidades
encontradas en decenas de documentos y en la desaparición de
otros que resultan imprescindibles. Las garitas y remanentes de
las murallas que albergan al Fortín actualmente son parte de la
histórica Batería de San Ramón que se estima le adviene mayor
importancia a su conservación por representar un sistema
defensivo único, según admitió el propio Instituto de Cultura
Puertorriqueño (ICP) al momento de su admisión como lugar
histórico.
En un sinnúmero de eventos que intentamos resumir a
continuación, veremos cómo el capital se las arregla para
conseguir la aprobación de permisos de construcción
verdaderamente cuestionables que en muchas ocasiones cuentan con
la amistad de personas en el gobierno, lo que les hace apostar
que sus proyectos, en este caso los cercanos al Fortín, nadie se
los va a detener. Y así ha sido en el caso del Fortín San
Jerónimo, a menos que los resultados de la indignación ante
estos hechos y la defensa del patrimonio nacional prevalezca por
encima de cualquier otra consideración que beneficia a unos
pocos que viven del desparrame desmedido de la construcción que
sólo les favorece a ellos y que en esta ocasión está en manos de
un extranjero que poco le importa si construye encima de
yacimientos arqueológicos o murallas históricas, según
documentaremos más tarde.
Las serias interrogantes que surgen ante las construcciones
alrededor del Fortín no surgieron hasta principios de este año
que como parte de los hallazgos de unas vistas públicas que
realiza la Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor que
preside el senador Orlando Parga, comenzaron a reflejar
infinidad de anomalías. Aunque hasta entonces la investigación
–que comenzó en junio de 2006– había girado en torno a la
ausencia de una servidumbre de paso hasta el Fortín, lo que
comenzó a aflorar indicaba una posible cadena de
irregularidades, el patrón de trato preferencial a un
desarrollista bajo la excusa de desarrollo económico y la
ausencia de criterios para la aprobación de permisos de
construcción, que han resultado más que preocupantes. Desde
entonces, la investigación ha tomado otro giro.
Entre las interrogantes que han surgido figuran cómo el Caribe
Hilton compró antes de 1999, bajo la gobernación de Pedro
Rosselló, los terrenos donde ubica el hotel y sus inmediaciones,
incluyendo la servidumbre de paso municipal que debió mantenerse
con acceso público irrestricto. No consta reclamo alguno de la
entonces primera mandataria de la capital, la alcaldesa Sila
Calderón, para garantizar el acceso a ese paseo público. Los
terrenos fueron vendidos al Caribe Hilton por $80 millones y
éste, por su parte, vendió en 1999 al desarrollista Arturo
Madero parte de los terrenos en $5 millones.
Ha resultado cuestionable además cómo el Instituto de Cultura
Puertorriqueña (ICP) no asistió a la Junta de Planificación (JP),
cuando ésta realizaba vistas públicas para aprobar la consulta
de ubicación que solicitaba el desarrollista Madero que
realizaría la construcción de la extensión del Hilton. Pero la
JP también otorgaría más tarde el permiso de la construcción al
proyecto “Paseo Caribe”, totalmente de Madero, también cercano a
los predios del Fortín. Existe documentación que prueba que el
10 de marzo de 1999 la JP pidió al Director Interino del ICP,
José R. de La Torre, sus comentarios sobre el proyecto de Madero
y advertían que de no recibirlos asumirían no objeción al
proyecto. El proceso de consulta en la JP duró de marzo de 1999
a enero de 2000 sin que haya habido una posición oficial del ICP.
También existe documentación de la Oficina de Preservación
Histórica (SHPO, por sus siglas en inglés) adscrita a la
Fortaleza, que desde el 18 de mayo de 1999 manifestó su
preocupación por la construcción en los alrededores del Fortín.
Esa oficina manifestó su preocupación al Caribe Hilton y a la JP
y su intervención implicaría activación de la jurisdicción
federal. A las anomalías mencionadas se suma que el presidente
de la JP, José Caballero Mercado, con conocimiento de todas las
oposiciones al proyecto por parte del ICP, de la Oficina Estatal
de Preservación Histórica (SHPO) -que se dice que en una opinión
legal al desarrollista se le recomienda asegurarse de que ésta
no active su jurisdicción- y la del Cuerpo de Ingenieros, que no
había encontrado la manera, aún con $4 millones asignados, de
tener acceso a la restauración del Fortín, mantenía el
expediente del desarrollo en su oficina bajo su custodia y fue
quien dio la aprobación al proyecto.
Es cuestionable cómo ante todas esas objeciones la JP, que
presidía Caballero Mercado, otorgara, sin los endosos
correspondientes, los permisos a Madero y nada dijera sobre la
garantía de la servidumbre de paso al Fortín que debía
permanecer pública y sin restricciones. El desarrollista se
abrogó desde entonces el control de la servidumbre de paso,
insistiendo consecuentemente en ello.
También salta a la vista el detalle de que el Departamento de
Justicia (DJ), en voz de la entonces secretaria Anabelle
Rodríguez, emitió a petición del gobierno una recomendación a
favor del desarrollista obviando que el área a construir formaba
parte además de la zona marítimo terrestre. Parecería ser, según
los que conocen de las interioridades de este caso, que el hecho
de que la esposa de Madero fuera la banquera Zoila Levis, amiga
de la entonces gobernadora, favorecería de esa forma el proyecto
con el amparo de Justicia.
Otro asunto que llama la atención es cómo la entonces directora
del ICP, Teresa Tió -quien sustituyó a De la Torre- de quien se
dice que en un inicio se opuso al proyecto, después de una
reunión con representantes el gobierno, del Caribe Hilton y el
desarrollista, liberó los terrenos en controversia aún cuando la
oposición interna dentro del ICP era la de no sólo no apoyar el
proyecto, sino la de solicitar una orden de cese y desista al
desarrollista. Incluso, la recomendación legal al ICP era la de
llevar el caso a los tribunales si Madero insistía en el
proyecto. Es aquí donde han surgido testimonios, al menos del
director del Consejo de Arqueología Subacuática, adscrita al ICP,
Juan Vera, que indican que Tió pudo haber recibido presiones por
parte del entonces secretario de Desarrollo Económico, Milton
Segarra y del que pasó a ser esposo de la gobernadora, Ramón
Cantero Frau, quien también estuvo a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Económico. Se dice que ellos insistieron con Tió para
que ésta no obstruyera el “desarrollo económico” proyectado por
el gobierno y que evidentemente incluía “Paseo Caribe”. Al
cierre de esta edición Segarra había sido citado a comparecer a
las vistas senatoriales y lo mismo sucedería con Cantero Frau,
según aseguró Parga.
Para conocer cómo han funcionado las diversas presiones en este
caso, vale destacar un detalle que salió a relucir en las vistas
senatoriales por Virginia Rivera, la propia arqueóloga
contratada por Madero. Rivera había encontrado -como parte de
los estudios que se le requieren a un desarrollador para poder
construir en un área sensitiva arqueológicamente-, restos de la
primera línea de defensa que representa el Fortín y de los
remanentes del camino que daba a la ciudad en sus orígenes.
Rivera documentó esos hallazgos y los presentó al desarrollador
quien le indicó que el proyecto ya estaba aprobado. La
arqueóloga había realizado dos fases de estudios y sugería una
tercera. Al ver la reacción de Madero, Rivera se dirigió
entonces a Ovidio Dávila, arqueólogo del ICP, para informarle de
los hallazgos y de la reacción de Madero. Según se supo, Dávila
le indicó que no podía hacer nada porque ese proyecto venía con
órdenes de arriba. Madero reaccionó despidiendo a la arqueóloga
Rivera y contrató en su lugar al arqueólogo, también extranjero,
Jesús Vega, para realizar la fase III de la investigación cuyo
resultado confirmando las dos fases anteriores podría detener el
proyecto. Vega alegó que lo encontrado por Rivera fueron
“espejismos” y que en el lugar a construir no había restos
arqueológicos. Madero comienza entonces a hacer remoción
mecánica del terreno en lo que se cree fue la sepultura de los
hallazgos encontrados por Rivera. Sobre ellos se erigen tres
inmensos edificios entre los que están un estacionamiento y dos
edificios de oficinas y apartamentos. Tan reciente como la
pasada semana Madero envió a la Comisión senatorial una
declaración jurada alegando que permitirá una servidumbre de
paso, pero con ciertas restricciones.
Mientras tanto, entre las soluciones que se han presentado a
esta controversia que aún no termina se destacan dos. Por un
lado, el senador Parga insiste en que se libere un paso de
servidumbre lo suficientemente amplio para que el Cuerpo de
Ingenieros pueda llegar al lugar con sus amplias máquinas de
restauración. También le complace que el acceso al Fortín sea
irrestricto y público. Igualmente ha dicho que presentará
legislación a partir de la próxima sesión legislativa de agosto
para reglamentar y sancionar con mayor énfasis a arquitectos que
cometan actos anti éticos; para que se regule más aún la
otorgación de permisos de construcción en la primera etapa y
para que éstos sean más estrictos en el cumplimiento de su deber
y se aseguren de contar con la aprobación documentada de las
agencias concernientes antes de emitir aprobación a un proyecto.
De otro lado están los que, como Don Ricardo Alegría, impulsan
que el mejor remedio para que no suceda una situación similar es
la demolición del proyecto. Esa es una posición que ha tomado
fuerza en estos días y cuyos favorecedores esperan que con los
testimonios que quedan por ofrecerse ante la comisión senatorial
gane más adeptos.
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