Es hora que el pueblo elija a sus jueces

El nuevo Día
Lunes 10 de mayo de 2021

Carlos Díaz Olivo


Cuando se redactó la Constitución de Puerto Rico, los constituyentes tuvieron que dilucidar la manera de seleccionar a los jueces. El mecanismo de elección popular que se utilizaba, y aún se utiliza en ciertos estados de la Unión, se rechazó. Esto, principalmente, por la oposición del autor intelectual de nuestra Constitución, José Trías Monge.

En su lugar, se adoptó el modelo de designación por el ejecutivo, con la confirmación del legislativo, que se utiliza en la Constitución de los Estados Unidos para la nominación de jueces federales. El fundamento de esta postura era, y continúa siendo, afianzar la independencia judicial. Se procura, supuestamente, evitar la influencia política partidista inherente al proceso electoral. También se argumenta que brinda libertad de acción al funcionario judicial para resolver de acuerdo a su mejor entendimiento, sin temor a ser sancionado en el proceso electoral por la toma de determinaciones impopulares.

En mis años de formación jurídica y en los inicios del ejercicio profesional el racional expuesto me pareció persuasivo. Con la experiencia derivada del pasar del tiempo, confieso que equivoqué. Es una falacia mayor afirmar que la designación ejecutiva reduce la influencia política. Es todo lo contrario. La historia judicial, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, evidencia que, salvo excepciones, los jueces designados por republicanos operan como republicanos y los designados por demócratas como demócratas. Incluso, los jueces nominados por un partido político, planifican y postergan su retiro hasta que retorne al poder el partido al cual pertenecen y al que deben su posición. Precisamente, por la importancia política de los jueces es que el presidente Joe Biden considera la posibilidad de un court packing a la usanza de Franklin D. Roosevelt.

En Puerto Rico la situación no es distinta. Los jueces designados por el Partido Popular Democrático operan como populares y los designados por el Partido Nuevo Progresistas como penepés. Ni siquiera las formas guardan. En las opiniones del Tribunal Supremo, sin ningún recato, los jueces se acusan unos a otros, de actuar motivados por consideraciones político partidista.

Otro problema es que las posiciones en la judicatura no son llenadas, de ordinario, por practicantes con una trayectoria profesional exitosa. Tampoco por grandes intelectuales del Derecho o los primeros promedios de sus clases, directores de revistas jurídicas o publicadores de obras jurídicas de trascendencia. Siempre hay excepciones y existen en la judicatura juristas competentes a quienes se les distingue. La realidad, sin embargo, es que la persona que llega a una posición de juez no es la más capacitada, sino aquella con la relación o contacto político necesario.

La falsedad más grande es la teoría de que la no participación en el proceso electoral brinda libertad al juez para obrar a favor del bienestar común. Todo lo contrario, el saber que no hay que rendir cuenta a nadie y que no están sometidos al escrutinio del pueblo, los lleva a considerarse poseídos de una superioridad institucional que no tiene espacio en una democracia. Como no responden al pueblo y ocupan una posición de "in-tocabilidad privilegiada", con inusitada frecuencia obran con insensibilidad, sin comprender las necesidades del ciudadano común y lo angustioso que para estos representa estar en un proceso judicial. El ejemplo crudo y ofensivo de esta realidad es el manejo inhumano por la rama judicial del grito de auxilio de Andrea Ruiz Costas, quien posiblemente no estaría muerta sino fuera por la indolencia e insensibilidad judicial.

La rama judicial, además, ha erigido un sistema propio de evaluación y disciplina que procura su autoprotección e inmunidad. Mediante un proceso enrevesado y secreto, adornan y soslayan sus irregularidades. Además, las ocultan del pueblo a quien se deben. Ejemplo de esto, nuevamente, es su renuencia a entregar los audios de la vista de Andrea.

Los y las jueces no son mejores ni distintos de los legisladores o nuestros gobernadores. Lo único que a los gobernadores y legisladores que le fallan al pueblo le exigimos cuenta. Con nuestro voto podemos premiar a los competentes y expulsar del servicio público a los que no. Con los jueces esto no ocurre. Llegó el momento de que el pueblo también pueda hacerlo.