No nombrarán “comunistas” en el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Necesitamos personas en la judicatura con capacidad de análisis propio, con conocimiento del derecho y que puedan tener como norte el acceso a la justicia, escribe Yanira Reyes Gil

El Nuevo Día
8 de noviembre de 2024 
Por Yanira Reyes Gil

Un día después de las elecciones generales, el reelecto senador Thomas Rivera Schatz afirmó en un programa de televisión que no nombrarán comunistas en el Tribunal Supremo. Estas expresiones surgen luego de que el periodista moderador le preguntara cuáles serían los criterios para seleccionar a las personas que llenarán las tres vacantes en el Tribunal que surgirán en el próximo cuatrienio. El orgulloso legislador, quien se convertirá en el próximo presidente del Senado, manifestó que las personas seleccionadas serán “fabulosas” y que hay mucha gente fabulosa en el PNP. No niego que puede haber juristas fabulosos en esa colectividad, pero, ¿la afiliación política debe ser el criterio de selección? Estas expresiones nos obligan a reflexionar sobre el proceso de nombramientos a la judicatura y la independencia judicial.

Nuestro sistema de gobierno está predicado sobre la base de la separación de poderes. Esta separación sirve para que las tres ramas de gobierno realicen funciones gubernamentales específicas, y además para que se complementen y fiscalicen. La idea es que existan mecanismos para el balance de poder, evitar la arbitrariedad administrativa y que cada rama sirva como freno y contrapeso de las otras. Estos son los famosos “checks and balances” que también existen en el sistema de gobierno de Estados Unidos.

El sistema de separación de poderes incluye una rama judicial independiente como elemento necesario para la gestión pública democrática. Esto implica que los jueces y juezas tomen decisiones libres de presiones político-partidistas y que puedan interpretar el derecho que aplique a cada caso que tienen ante sí sin temor a las acciones que pueda tomar la gobernadora o la legislatura en su contra. La independencia judicial además sirve un rol importante para facilitar que se atiendan controversias de índole político, electoral, asuntos de corrupción o accionar de las otras ramas de acuerdo al derecho y no al partido.

Un día después de las elecciones generales, el senador Thomas Rivera Schatz dijo en un programa de televisión que no nombrarán comunistas en el Tribunal Supremo. Estas expresiones surgen luego de que el periodista moderador le preguntara cuáles serían los criterios para seleccionar a las personas que llenarán las tres vacantes en el Tribunal que surgirán en el próximo cuatrienio. 

Hay diferentes formas de asegurar la independencia judicial. Nuestra Constitución refleja algunas. Una de estas es la permanencia en el cargo de los jueces y juezas del Tribunal Supremo hasta los 70 años. Esto evita que los nombramientos y renovaciones dependan del calendario electoral o de las campañas políticas. Otra disposición constitucional establece que las personas en la judicatura se mantendrán en sus cargos mientras observen buena conducta, para tener seguridad laboral. También la constitución establece una prohibición a que los jueces y juezas aporten a partidos políticos o participen en campañas. La idea detrás de todo esto es que puedan ejercer sus funciones con imparcialidad y de acuerdo con un análisis ponderado del derecho.

Sin embargo, el proceso de nombramiento y confirmación no impide que la selección esté guiada por intereses partidistas. En Puerto Rico el gobernador o gobernadora nombra las personas candidatas a ocupar puestos en la judicatura y el Senado las confirma. En ese proceso no se garantiza que la selección esté basada en el mérito, las capacidades y la experiencia de las personas a considerarse. Los criterios en muchas ocasiones se alejan de esas consideraciones y se basan en la afinidad política y en las posibilidades de confirmación.

La gobernadora electa podrá nombrar tres personas al Tribunal Supremo. Ya la otra parte del juego político, el próximo presidente del Senado, indicó que su criterio estará basado en si la persona es PNP. Se trata de tres personas que entrarán a un tribunal poco diverso, con seis personas nombradas por el mismo partido y solo una mujer. Tres personas que podrán ocupar sus puestos por décadas y tomarán decisiones de gran importancia para nuestros derechos. No digo que las personas deban ser PNP o comunistas, sino que ese no debe ser el criterio. Necesitamos personas en la judicatura con capacidad de análisis propio, con conocimiento del derecho y que puedan tener como norte el acceso a la justicia.

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