El juego largo por el Supremo
 


J
ueves, 4 de marzo de 2O21
El Nuevo Día

Por Leo Aldrige

Hace ya casi dos décadas. Aníbal Acevedo Vilá llegó a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) gracias a miles de votos prestados que fueron avalados tras extensos litigios. Para adelantar su agenda, Acevedo Vilá necesitaba de la asamblea legislativa. Pero el Senado para entonces era presidido por el novoprogresista Kenneth McClintock. quien estaba asediado por el deseo del exgobernador Pedro Rosselló de quitarle su silla.

Por instinto de sobrevivencia política, Acevedo Vilá y McClintock se necesitaban mutuamente. Entablaron un sinnúmero de acuerdos - algunos públicos y otros trasbastidores - pero hubo un asunto en el que el tranque fue firme durante todo el cuatrienio: los nombramientos al Tribunal Supremo de Puerto Rico. En teoría, Acevedo Vilá tenía la oportunidad de nombrar a tres juristas al Supremo - Baltasar Corrada y Francisco Rebollo alcanzaron los 70 años durante el cuatrienio y Jaime Fuster falleció - pero el Senado de McClintock no cedió ni negoció.

En términos políticos, el aguante de McClintock durante el cuatrienio de Acevedo Vilá funcionó (al igual que hizo Mitch McConnett con el presidente Obama en 2016). Tras ser derrotado Acevedo Vilá, Luis Fortuno llegó a la gobernación con la asamblea legislativa de su PNP y nombró tres juristas al máximo foro. Una vez el Supremo tenía sus siete in
tegrantes, la mayoría de los jueces pidió agrandar el foro a nueve miembros. Cuando esa expansión se concretó, Fortuno nombró a dos jueces adicionales.
Y todo parece indicar que, casi dos décadas después, están todos los ingredientes para que la historia más o menos se repita.

El PPD, que ahora controla el Senado, puede hacerle lo mismo al PNP que domina el Ejecutivo: sentarse encima de la vacante actual del Supremo con la esperanza de que los rojos vuelvan a la gobernación tras las elecciones de 2024.

Ese cálculo político, por supuesto, podría cambiar si la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz, es nominada al Primer Circuito de Apelaciones federal en Boston y accede al puesto. Entonces, con dos vacantes, incluyendo la presidencia, José Luis Dalmau y la delegación popular en el Senado podrían aflojarse para negociar con el gobernador Pedro Pierluisi.

Pero, si ven el asunto más a largo plazo, y tienen más tolerancia al riesgo, los populares incluso podrían trancarse en el escenario en que haya dos plazas vacantes. (Un tranque en este asunto, para ser efectivo con el Senado actual, tiene que consultarse con otras fuerzas políticas como el MVC, el PIP o Proyecto Dignidad).

Si el PPD aguanta un cuatrienio con dos vacantes y la presidencia en manos interinas de un juez nombrado por el PNP (suponiendo que Oronoz se marcha), podrían estar ante un Supremo el cuatrienio siguiente con cuatro potenciales vacantes: las de este cuatrienio y las de los jueces Edgardo Rivera García (cumple 70 años en enero de 2025) y Mildred Pabón Charneco (se retira en noviembre de 2027).

Es ese cuadro con el que sueñan algunos mi-
litantes del PPD, que añoran con nostalgia las décadas en las cuales los jueces del Supremo fueron nombrados mayoritariamente por ese partido. Esa mayoría sempiterna en el Supremo se desvaneció gracias a la decisión - algunos la clasificarán de testaruda, otros de visionaria - de McClintock de no dar paso a ningún nombramiento al Supremo por parte de Acevedo Vilá. La composición del Supremo que conocemos hoy fue posible solo gracias a la maniobra de McClintock hace casi dos décadas.

Está por verse si, tomando una lección de la historia política reciente del país, la delegación popular en el Senado trata de emular las maniobras estratégicas de McClintock con la intención ríesgosa de retomar una mayoría en el Supremo de aquí a varios años o si, por el contrario, sucumben a exigencias más inmediatas.