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Cuerpo de Ingenieros asegura haber sufrido “impacto mínimo” en Puerto Rico por políticas de recortes de Donald Trump
Aunque reconoció que el distrito sufrió la baja de 11 empleados que se acogieron a la ventana de retiro temprano promovida por Trump y su asesor especial Elon Musk, y que el USACE, como el resto del gobierno federal, se enfrenta a una “congelación de reclutamiento”, Decker sostuvo que siguen en pie los planes de incrementar la empleomanía y, de esa forma, adelantar los 14 proyectos civiles que tiene en sus manos en Puerto Rico. “Bajo la nueva administración y las políticas de retiro temprano y congelación de reclutamiento, algunos de nuestros empleados optaron por acogerse a ese programa y están buscando retirarse o perseguir otras ambiciones profesionales. Damos la bienvenida y los apoyamos en esas transiciones, pero ha tenido un impacto mínimo, porque hemos podido reasignar carga de trabajo y utilizar a otras entidades para traer trabajadores o llenar espacios con contratistas”, señaló, en entrevista con El Nuevo Día. La congelación en el reclutamiento de nuevos trabajadores, que Trump implementó al regresar a la Casa Blanca en enero, fue extendida, en pasadas semanas, hasta el 15 de julio por medio de una enmienda a la orden ejecutiva. “Seguimos creciendo y, tan pronto se levante la congelación, volveremos a perseguir nuestras metas de reclutamiento. Ha sido manejable”, dijo el militar. Decker abundó que, al iniciar la paralización en el reclutamiento en las áreas civiles del gobierno federal, el distrito del Caribe del USACE había contratado alrededor de 155 trabajadores, de una meta de 190. Por décadas, las comunidades contiguas al caño Martín Peña han reclamado la limpieza y dragado del cuerpo de agua, que ha sido fuente constante de inundaciones y pestilencias. La primera parte del proyecto de restauración del ecosistema consistió en la limpieza de los segmentos del caño que serán dragados, una etapa que se completó en 2024. El verano pasado, el USACE anunció que Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses conformarían el nuevo distrito del Caribe, saliendo así del distrito de Jacksonville, desde donde se manejaban los asuntos de la región. En aquel entonces, el comandante de la división Atlántico Sur, Daniel Hibner, destacó que se trataba del primer distrito creado por el USACE desde 1950. El USACE detalló, en ese momento, que mantenía 14 proyectos civiles encaminados, incluyendo obras de control de inundaciones asociadas a distintos cuerpos de agua, los dragados del caño Martín Peña y la bahía de San Juan y trabajos de rehabilitación en dos represas administradas por la Autoridad de Energía Eléctrica. Los proyectos bajo su jurisdicción están valorados en miles de millones de dólares, encabezados por la polémica canalización del río Piedras, cuyo costo se estima en $2,700 millones y enfrenta la oposición de sectores comunitarios preocupados por su impacto ambiental. ¿Efecto arancelario? A los incrementos y retrasos en las cadenas de suministro que, en los pasados años, se han experimentado en la industria de la construcción, ahora se suma la preocupación por el impacto que pueden tener las políticas arancelarias de Trump, pero Decker insistió en que los efectos no se han percibido en los proyectos encaminados en Puerto Rico. “No puedo hablar personalmente de lo que esté pasando en otros distritos del USACE, pero, al momento, no ha habido un impacto en nuestros proyectos. Haremos lo que sea necesario (para evitarlo), y analizaremos cualquier política o procedimiento nuevo con la intención de que no se impacte la entrega de nuestros proyectos”, dijo. Reconoció, en cambio, que hay brechas en el financiamiento de ciertas obras, como el proyecto de control de inundaciones del río Piedras, al que el Congreso ha asignado cerca de $1,600 millones, pese a que su costo se estimaba en más de $2,700 millones, una diferencia de $1,100 millones. “La estrategia es aprovechar al máximo el financiamiento aprobado y lograr el mayor beneficio con lo que hay disponible, mientras que, con las secciones y contratos restantes, trabajar con nuestros socios, el comisionado residente (Pablo José Hernández), la oficina de la gobernadora (Jenniffer González) y el Congreso para asegurar los fondos adicionales que se puedan necesitar. Hay secciones (del proyecto de canalización del río Piedras) que no tienen fondos aprobados, pero no podría especular en términos de si se podrían obtener”, dijo Decker, al cuestionársele si las políticas de recortes colocan en riesgo la culminación de obras en curso.
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