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Apuestan a un
grupo de inversionistas locales para salvar la operación
sábado, 21 de septiembre de 2013
MIGUEL DÍAZ ROMÁN/ Primera Hora
Caribbean International News, la empresa matriz del periódico El Vocero, se acogió ayer al Capítulo 11 de la Ley Federal de Quiebras con el fin de lograr una reorganización.
El presidente del diario, Peter Miller, sostuvo en comunicación escrita que continuarán operando con una plantilla reducida.
En este mes ha habido dos rondas de despidos, la última de ellas efectuada el jueves pasado, cuando fueron cesanteados una cantidad indeterminada de empleados que integraban la Unión de Periodistas de Artes Gráficas y Ramas Anexas. Ayer, el presidente de la unión, Jorge Ortega, ni su vicepresidente, Néstor Soto, estuvieron disponibles para Primera Hora.
En la comunicación, Miller indicó que el diario será sometido a lo que llamó "un proceso de reinvención" que se consumará con la entrada de un grupo de inversionistas locales interesados en mantener latente la publicación. El ejecutivo reconoció que la empresa enfrentaba tiempos "difíciles", debido a la crisis económica y al incremento en los costos de operación.
"Por muchos años buscamos alternativas que nos permitieran mantener las operaciones. Sin embargo, hoy consideramos que la mejor opción es acogernos al Capítulo 11 de la Ley federal de Quiebras, ya que nos permite continuar operando mientras reorganizamos nuestra empresa con un nuevo grupo de accionistas", explicó Miller en el escrito. El director informó que el periódico no cesará operaciones, pero que reducirá su plantilla de empleados para poder seguir funcionando como un periódico gratuito.
Los pocos empleados que permanecerán trabajando son el remanente de los casi 300 trabajadores de producción, periodistas, artistas y fotógrafos que llegó a tener la empresa varios años atrás y que fueron despedidos con algunos de los subsidios públicos que recibía.
Miller sostuvo que los despidos tenían el propósito de "salvar" a la empresa y aseguró que "la parte más difícil de esta decisión es perder a parte de nuestra plantilla, compañeros de trabajo a quienes nos entristece profundamente perder". El ejecutivo informó que el diario continuará con la circulación general gratuita, un modelo de negocios que inició el 31 de julio de 2012, a solo meses de las elecciones generales.
En el documento presentado ante el Tribunal de Quiebras federal, se señala que la empresa enfrenta deudas por $90.5 millones con 943 acreedores, entre los que figuran el Servicio de Rentas Internas federal (IRS por sus siglas en inglés), el Departamento de Hacienda, el Municipio de San Juan y cientos de empleados y trabajadores afiliados, a quienes se les adeudan salarios y vacaciones.
La empresa informó al tribunal que cuenta con activos de $6.4 millones. Mientras que informó que la empresa matriz y sus afiliadas tienen $5.5 millones en cuentas sin cobrar. El documento radicado también señala que el diario enfrenta 11 demandas judiciales y procesos administrativos.
Del total de deudas, la empresa asegura que unos $45 millones corresponden a deudas no aseguradas que no son prioritarias; $34.5 millones en deudas no aseguradas y solo $10.9 millo- nes corresponden a deudas aseguradas, lo que implica que en caso de una liquidación estas deudas se pagarían con prioridad con el caudal que se logre acumular.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), por medio de un comunicado de prensa, sostuvo ayer que "independientemente de las circunstancias que llevaron al periódico a tomar las decisiones gerenciales recientes, la Asppro confía que El Vocero pueda reenfocar y fortalecer sus finanzas de forma que le permita restituir su fuerza laboral en el menor tiempo posible y mantener el periódico circulando".
Una investigación realizada por El Nuevo Día y publicada el pasado año demostró con numerosa documentación y contratos que el diario recibió más de $20 millones en fondos públicos por medio de incentivos laborales entre el 2003 y el 2012. Estos fondos llegaron al diario a través de un conglomerado de corporaciones que, según una determinación emitida el 24 de septiembre de 2010 por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos, servía de alter ego a la corporación original.
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