La personalidad e interés de la Asociación de Maestros de Puerto Rico para intervenir en el caso del idioma estarán el miércoles 5 de noviembre ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Tanto la personalidad como el interés de la AMPR, fueron negados por el juez Luis R. Polo, del Tribunal del Distrito de San Juan, cuando este magistrado resolvió el mandamus que la entidad de maestros de instrucción pública incoara contra el entonces Gobernador interino, señor Manuel A. Pérez, y el entonces Comisionado de Instrucción, señor Mariano Villaronga. La opinión del juez Polo fue firmada además por los jueces Borinquen Marrero (hoy juez asociado del Tribunal Supremo), Rafael Cordovés Arana, Arcilio Alvarado y Julio Suárez Garriga, ante quienes, constituidos en tribunal colegiado, se ventiló la demanda en favor de que sea puesto en vigor el proyecto de Ley 51 del Senado, que provee para la enseñanza en español en las escuelas públicas de Puerto Rico.

El proyecto de ley había sido vedado por el gobernador Rexford G. Tugwell cuando por primera vez lo aprobaron las cámaras legislativas en 1945. En marzo de 1946, la Legislatura aprobó nuevamente el proyecto, y el entonces gobernador interino. Manuel A Pérez, también lo vedó. Las cámaras apretaron el proyecto sobre el veto del Gobernador el día 5 de abril del mismo año, y el día 30 de junio pasó a la consideración del presidente de los Estados Unidos, por conducto del Departamento de lo Interior.

El presidente Harry S. Truman sostuvo el veto del gobernador Pérez. Pero, alegando que había transcurrido más tiempo del que le concede la Carta Orgánica al presidente de los Estados Unidos, para tomar acción sobre un proyecto de ley aprobado por la Legislatura y vedado por el gobemador. El señor Domingo Padilla, por medio de su abogado, el licenciado Rafael Arjona Siaca, llevó el caso a los tribunales, demandando que se pusiera en vigor la referida ley 51. A la demanda del señor Padilla siguió la otra demanda de la Asociación de Maestros, orientada hacia los mismos fines. El licenciado Virgilio Brunet, compareció por la AMPR para hacer las ale-gaciones correspondientes.

El Departamento de Justicia asumió la representación del gobernador Pérez en ambos casos, y designó a sus abogados Carlos Santana Becerra y A. Torres Braschi para entender en el caso.

El caso del señor Padilla, resuelto a favor del demandante por el mismo tribunal colegiado, determinó la apelación del Departamento de Justicia. Este caso está aún pendiente de señalamiento ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La sentencia dictada contra la Asociación de Maestros fue apelada por ésta. En la vista ante el Supremo, no intervendrá el juez asociado, señor Marrero, por haber intervenido en la resolución dictada en el Tribunal del Distrito, de igual modo que lo hizo en el caso del señor Padilla.