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Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
Los archivos nacionales son instituciones que salvaguardan el legado histórico, político y cultural de los pueblos. En estos se reúnen los documentos oficiales del gobierno e instituciones, que ayudan a entender la historia y el desarrollo de un país; testimonios que merecen preservarse para las actuales y futuras generaciones.
En contraste con archivos nacionales de otros países, el nuestro está en el abandono. Basta con pasar por el edificio Ricardo Alegría en la Avenida Constitución, para constatar el deplorable estado del edificio que alberga el Archivo General y la Biblioteca Nacional, adscritos al Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Pero el asunto va mas allá, no sería suficiente con un “lavado de cara” y un poco de pintura por así decirlo. Al deterioro físico de las facilidades se suma el deterioro administrativo y la falta de personal. Es una queja recurrente entre compañeros historiadores, periodistas y sociólogos –por mencionar algunos– que se benefician de sus servicios.
Así, fuentes de entero crédito han criticado y cuestionado la falta de fondos, personal y el deterioro del Archivo y la Biblioteca en su totalidad, tanto en lo físico como en lo administrativo.
Ante la falta de personal, el trabajo se multiplica para la plantilla de archiveros que queda. La Biblioteca Nacional tampoco cuenta con recursos humanos para garantizar un servicio eficiente. Entre otras labores, los cuatro o cinco archiveros que quedan tienen que hacer de tripas corazones para atender a los usuarios de sala, fotocopias archivar documentos, etcétera.
El personal para las colecciones también es limitado. Mientras, el laboratorio de restauración está cerrado por falta de expertos en la materia.
No hay personal que realice el debido proceso de disposición de documentos de las agencias y municipios. Muchas agencias reclaman al archivo que vaya y coteje los documentos para llevarlos al archivo.
A pesar de esta carencia cuando se retira un empleado se congela la plaza.
Como consecuencia del estado del Archivo las personas que son custodios de documentos de valor histórico desconfían de donarlos por temor a que cierre o empeoren sus condiciones.
Las puertas y ventanas están frágiles. El elevador que permite acceso a los depósitos no está funcionando. En consecuencia, los archiveros han tenido que utilizar por meses unas escaleras incómodas para cargar las cajas de documentos. Esto representa un peligro.
Los depósitos tienen problemas de filtración y control de temperatura a pesar de que es indispensable que estos espacios mantengan unas condiciones óptimas para evitar el deterioro de los documentos.
Por otra parte, está la pretensión de mudar el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe al edificio Ricardo Alegría, lo que limitaría las instalaciones del Archivo y la Biblioteca significativamente.Esto pondría en riesgo las colecciones y toda la documentación con la que cuentan ambas instituciones.
Aunque el ICP y el Centro se encuentran en conversaciones acerca del alquiler según constató El Adoquín Times hace unas semanas, la mudanza de dicho centro universitario no se ha llevado a consulta con los empleados.
Ante esto, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, radicó una legislación para investigar el estado y funcionamiento del Archivo General. La resolución 1446 busca determinar el nivel de cumplimiento del ICP con lo dispuesto en la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico.
El gobierno actual no ha demostrado interés alguno en preservar tal patrimonio histórico. Por ejemplo, el cierre de la Galería Nacional, los recortes al presupuesto de la Orquesta Sinfónica, y el poco o ningún interés por reactivar los Centros Culturales en los pueblos. La situación refleja desdén y falta de voluntad política.
No puedo cerrar esta historia sin antes comentar que mientras la escribo solo pienso en la sociedad distópica descrita por George Orwell en 1984 y en el Ministerio de la Verdad, cuyo fin es manipular o destruir documentos históricos para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado. Pero a diferencia de la novela de Orwell, esto no es ficción.
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