Autonomía y transición en el Archivo 14 de noviembre de 2008 Por Karin Cardona Ex directora del Archivo General de Puerto Rico El Nuevo Día |
El
pasado 3 de octubre, después de haberme desempeñado como directora del
Archivo General de Puerto Rico durante 10 años, renuncié a mi puesto. En
estos momentos las razones de mi renuncia no tienen importancia alguna.
Lo que sí la tiene es que después de 10 años de esfuerzos, de
importantes proyectos culturales y educativos, de convenios nacionales e
internacionales, de rehabilitar un edificio para servir a nuestros
ciudadanos, continúan los mismos problemas. Hoy el edificio del Archivo General está cerrado al público. Hoy no hay acceso para los investigadores ni para los estudiantes. Hoy no hay acceso para los ciudadanos que requieren de documentos históricos que serán utilizados para el reclamo de sus derechos ante los tribunales El día antes de dejar mi puesto entregué al director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, entidad a la cual está adscrito el Archivo General, un informe de logros y proyecciones del Archivo para incluirse en el informe de transición de la agencia. En él incluí lo que la comunidad de archiveros, profesores, historiadores e investigadores hemos estado solicitando a la Legislatura durante los últimos 20 años o quizás más. Esto no es otra cosa que la autonomía fiscal y administrativa del Archivo General con respecto al Instituto de Cultura Puertorriqueña. A los que conocemos bien esta institución, ya sea porque trabajamos en ella o hacemos uso de su acervo documental, no nos cabe la menor duda de que todos los problemas que ha enfrentado el Archivo General, desde la escasez de presupuesto y de personal hasta los problemas de infraestructura del edificio que lo alberga, se deben a la dependencia que tiene del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El acervo del Archivo General crece cada día, y como entidad, se convierte en algo tan grande y complejo como la institución que la alberga. Su importancia en esta sociedad, su misión y su responsabilidad para con los ciudadanos, requieren de un aumento significativo de sus recursos humanos y de un presupuesto adecuado que permita organizar, restaurar y conservar el patrimonio que custodia. Es necesario que las autoridades entiendan la importancia que reviste para una sociedad la existencia de este tipo de instituciones. No está de más decir, aunque ya lo han dicho muchos, y yo en un sinnúmero de ocasiones, que un pueblo sin memoria es un pueblo destinado a desaparecer. El 25 de noviembre es la vista pública del ICP ante el Comité de Transición. En el renglón de proyecciones del informe que sometí al Instituto se menciona la autonomía para el Archivo General. Tengo la esperanza de que este dato sea incluido en su presentación. |