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4 de marzo de 2011
Editorial El Nuevo Día
Las legítimas preocupaciones surgidas respecto al futuro del Archivo General de Puerto Rico y un nuevo reglamento que amenaza con limitar el trabajo investigativo en esa institución, subrayan, una vez más, la necesidad de que se ponga coto a la ligereza y se declare una prioridad la conservación de nuestra memoria histórica.
La voz de alarma proviene de investigadores, historiadores, estudiantes y otros ciudadanos que, por su trabajo, recurren con frecuencia al Archivo General: 80,000 pies cúbicos de documentación invaluable. El mes pasado, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), a cargo del archivo, anunció que estaría radicando nuevos reglamentos con respecto a éste. Reglamentos que, en opinión de algunos investigadores entrevistados por El Nuevo Día, afectarían negativamente el trabajo en las salas de consulta y la posibilidad de acceder a documentos de importancia vital.
La situación del Archivo General, que cobija, entre otras cosas, un gran tesoro fotográfico de alrededor de 150,000 registros, entre fotografías y negativos; una impresionante colección de mapas, muchos de los cuales se remontan al siglo XVIII; periódicos y revistas de dos siglos, más un archivo de música y sonido con miles de partituras, manuscritos y grabaciones de gran valor histórico y económico, se complicó a raíz de los ajustes presupuestarios que decretó el Gobierno en 2009.
El ICP fue una de las entidades más afectadas en proporción a su tamaño, con alrededor de 150 despidos. Esto repercutió, con fuerza, en instituciones como el Archivo General, la Biblioteca Nacional y la Oficina de Museos.
Según la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, Evelyn Vélez, en el archivo no existe un inventario completo de los fondos documentales que contienen las cajas con las que comúnmente se trabaja en las salas de consulta.
El que no haya presupuesto para contratar personal suficiente para catalogar el material, no sólo dificulta en extremo el trabajo de consulta, sino que debe mantener al Archivo en estado de inseguridad respecto a sus propios fondos. Si no se sabe exactamente lo que hay, si no se cataloga como es debido, ¿cómo se va a proteger correctamente? ¿Quién responde por esos documentos que no están catalogados y a los que, por tal motivo, no se les puede dar seguimiento efectivo? Por lo que parece, no hay rigor ni preocupación genuina por preservar ese valioso legado.
A esto se suman ahora las lagunas de un nuevo reglamento que no ha sido previamente consultado con la gente que puede y debe opinar: la Asociación de Historiadores, la Asociación de Archivos o los académicos y especialistas que son los usuarios habituales del Archivo General.
No basta con publicar un aviso y decretar, burocráticamente, que se sometan comentarios o enmiendas antes de 30 días, plazo que se cumple mañana sábado. Se supone que el ICP, como entidad cultural responsable, asuma una política participativa y de consulta con los profesionales interesados, sobre todo cuando va a implantar medidas que de un modo u otro pueden afectarlos.
El Archivo General, lamentablemente, sigue a merced de los vaivenes políticos en el ICP. Una política cultural respetuosa de nuestro acervo y del tesoro documental que lo fundamenta, tiene que dar respuestas más inteligentes y responsables. Y el ICP debe darlas sin tardanza.
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