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La candidata a senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde denunció hoy que un proyecto del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que se quedó sobre la mesa en la pasada sesión extraordinaria, permitiría que jefes de agencias puedan destruir documentos públicos a partir de un plazo de tres meses, sin que entren en juego, los archiveros oficiales de Puerto Rico.
La medida, que no fue consultada con el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), custodio de los documentos históricos junto con el Archivo General de Puerto Rico, se aprobó por descargue en el Senado, sin vistas públicas, el 28 de septiembre en la pasada sesión extraordinaria.
La medida recibió 22 votos de senadores de la mayoría y de la minoría popular -Eduardo Bhatia, Aníbal José Torres, José Luis Dalmau y Cirilo Tirado así como, el senador independiente, José Vargas Vidot. El senador independentista, Juan Dalmau se ausentó ese día de los trabajos legislativos, según consta en el trámite de la medida en el Senado.
En la Cámara se llegó a aprobar a viva voz con enmiendas, pero la medida se dejó en asuntos pendientes.
Álvarez Conde advirtió sin embargo, que el Proyecto del Senado 1661 podría bajarse a votación si es incluida nuevamente en otra posible sesión extraordinaria como lo hizo el pasado mes de agosto la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
“En la práctica anulan el poder fiscal y legal del Archivo y del Archivero General de Puerto Rico para ejercer su papel de custodio oficial de los documentos de las agencias del país. Legislar para esto es una forma de no poder fiscalizar los manejos de los fondos y de las propias administraciones de gobierno, es una forma de esconder la corrupción y evitar la transparencia de gobierno. En otras palabras, es la forma de borrar el tracto de sus fechorías”, reclamó Alvarez Conde en una conferencia de prensa frente al Archivo General de Puerto Rico en compañía de historiadores, arqueólogos y artesanos.
El proyecto fue radicado por Rivera Schatz, por petición, el pasado 24 de julio. Enmienda la Ley 5 de 195 de Administración de Documentos Públicos.
“Esta ley se presentó sin consultar con el Archivo, sin consultar con su directora, ni el personal especializado del Archivo, a espaldas del país, El proyecto agrede y lesiona la memoria histórica del país y el patrimonio documental del país”, expresó Álvarez Conde, quien posee un doctorado en historia de Puerto Rico y su tesis doctoral versó sobre la Ley 5 de 1955.
La aspirante al Senado indicó que el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz expresó en una ponencia enviada a la Legislatura que el nuevo artículo propuesto elimina la intervención del Archivero General en la decisión final sobre la conservación de documentos físicos.
“Si estos son destruidos, sin la consulta de los expertos, miles de documentos históricos y de valor permanente no estarán disponibles para el uso público”, dijo Álvarez Conde que fueron las palabras del director ejecutivo del ICP al objetar la medida.
El Proyecto del Senado 1661 dispone que los jefes de agencias podrán autorizar la destrucción de documentos a partir de los tres meses posteriores de la producción o reproducción, sin sujeción a la autorización o la intervención de ninguna otra entidad pública. Añadió que la medida le quita la potestad a los archiveros oficiales de fiscalizar y determinar “que se bota y que no”.
“Estamos hablando de documentos de Vivienda, donde se podría investigar Tu Hogar Renace; documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Familia, de Educación donde ahora mismo hay una acusación federal y de Salud donde hubo recientemente una investigación con la compra de pruebas. Esto también afecta hasta la libertad de prensa, porque hasta coarta los documentos que tendrían ante una petición de información. De lo que se trata es de validar la corrupción y tratar de legalizar la destrucción de evidencia”, dijo.
Alvarez Conde sostuvo que la medida que “es ataque a la memoria y a la cultura” que defendió don Ricardo Alegría, nombre que lleva el Archivo General, que el año que viene cumple 100 años.
El representante independentista, Denis Márquez Lebrón, dijo por su parte, que se mantiene atento a la medida y que en la pasada sesión extraordinario estaba listo para votar en contra.
“Es un proyecto que se trajo a última hora y en la lectura incluida la agencia con el peritaje se opuso. Es un proyecto malo para el País en términos de la historia y en la investigación y conservación de documentos públicos”, sostuvo Márquez Lebrón.
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