Los recortes presupuestarios que ha
enfrentado el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) por los pasados
cuatro años no solo reflejan la ínfima importancia fiscal que se le
otorga a la única corporación pública que desarrolla las artes y protege
el patrimonio histórico, sino que acercan a sus dependencias y servicios
a la defunción.
Por los pasados cinco años, el ICP ha recibido un recorte de $23
millones y una imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) de un
presupuesto límite, o “baseline”, que obliga a reducir servicios y
nómina.
De manera concreta, el ICP quedaría inoperante en términos
administrativos y programáticos si se aplica el “baseline”
presupuestario de acuerdo al director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés.
Además, la extensión de estas reducciones —dispuestas en el Plan Fiscal—
ocasionarían la cesantía de 62 empleados tan pronto como en el 2021 y la
desaparición del Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto
Rico, así como el Programa de Administración de Documentos Públicos
(PADP), en menos de tres años, del ICP.
“Si continúa este patrón de recortes presupuestarios y las congelaciones
de plazas se mantienen por otro periodo como el experimentado por los
pasados 10 años, ambas instituciones podrían desaparecer, dejando al
pueblo de Puerto Rico sin la capacidad de disfrutar de espacios
esenciales para el entendimiento de la evolución de la sociedad, el
desarrollo social, académico, intelectual y lúdico del ser humano, la
reparación de daños, el reclamo de derechos, la reescritura de la
historia y sobre todo se les limitará del derecho a saber que se ha
disfrutado por las generaciones pasadas”, declaró Ruiz Cortés, en
referencia al Archivo General y a la Biblioteca Nacional.
El PADP desaparecería, por su parte, al reducirse más del 66% del
recurso humano que laboraba en ese programa, uno que, entre otras cosas,
vela que cada administrador de las agencias de la Rama Ejecutiva,
corporaciones y municipios cumpla con realizar un inventario de
documentos existentes y prepare listas anuales de disposición de
documentos.
Otros programas en jaque:
Programa de Patrimonio Histórico Edificado
Programa de Arqueología y Etnohistoria y el Consejo para la Protección
del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico
Programa de Museos y Parques
Programa de Artes Populares e Industrias Creativas
Programa de Publicaciones y Grabaciones
Programa de Promoción Cultural para los Pueblos
Oficina de Apoyo a las Artes y Quehacer Cultural
A causa de los recortes presupuestarios, los trabajos en el Archivo
General se detuvieron en las áreas de la unidad de evaluación y
adquisición, la unidad de ordenación y descripción y el taller de
restauración.
También, la falta de mantenimiento “redujo a pérdidas la cámara de
fumigación para evitar la entrada de plagas con las colecciones
recibidas y las continuas fallas en el sistema de climatización”, según
la ponencia.
En cuanto a personal, entre el 2009 y el 2010 el Archivo contaba con 48
a 54 empleados, cantidad que se redujo a diez al presente. Un caso
similar ocurrió en la Biblioteca, pues de 15 empleados solo quedan
nueve. De la misma forma, ha perdido programas como la encuadernación y
canje de recursos excedentes, ha disminuido sus horarios y ya no ofrece
sus servicios los sábados.
Servicios precarios
Ruiz Cortés ofreció un panorama general y sombrío del estado del ICP
durante una vista de transición del gobierno estatal, celebrada en la
Sala Sinfónica Pablo Casals, del Centro de Bellas Artes, en Santurce. En
sus declaraciones, subrayó que menos del 1% del Fondo General se destina
a preservar la cultura puertorriqueña.
“A pesar de todo lo que la cultura nos brinda a nivel de país, si
sumamos nuestro presupuesto al de las otras seis entidades hermanas que
desde el Estado gestionamos diversos aspectos de la cultura, vemos que
la cifra apenas llega al 0.16 por ciento”, alertó Ruiz Cortés.
Los fondos para las artes se dividen en seis partes: el ICP, la
Corporación para las Artes Musicales, el Centro de Bellas Artes, la
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, el Conservatorio de
Música, la Escuela de Artes Plásticas y la Oficina Estatal para la
Conservación Histórica.
El Director Ejecutivo esbozó que el corte de presupuesto ha afectado los
servicios públicos, en la medida en que el dinero asignado para el año
fiscal en curso no es suficiente para cubrir los gastos que incurren en,
por ejemplo, mantener las 39 estructuras históricas que componen el
catálogo del ICP, su servicio de acueductos y alcantarillados, energía
eléctrica, telefonía y combustible.
Para ellas, el ICP no cuenta con servicio de mantenimiento del cuadro
telefónico, mantenimiento de los aires acondicionados ni mantenimiento
de elevadores.
Mientras, Ruiz Cortés adelantó que una reducción de la plantilla del
Programa de Publicaciones y Grabaciones “desmantelaría el trabajo de las
unidades que actualmente producen para este motor económico del ICP,
provocando una reducción significativa en ingresos en el fondo general,
perdiendo talentos cruciales para la continuidad de proyectos
emblemáticos de la agencia cultural y deteniendo la operación de
unidades especializadas que ya no podrán ser salvaguardas del patrimonio
y mucho menos colaborar en su desarrollo y difusión”.
El Programa del Patrimonio Histórico Edificado, por ejemplo, generaba
ingresos mediante permisos, pero al presente no tiene ingreso alguno
porque la Oficina de Gerencia de Permisos es la que opera el sistema
centralizado.
En términos de parques y museos, la pasada década ha reducido más de 40
empleados, la mayoría por la Ley 7 en el 2010. Al presente, el programa
tiene 25 empleados, o lo mismo que 40% menos.
Los teatros del ICP, que son utilizados por el Departamento de Educación
y artistas del patio, están en proceso rápido de deterioro en su
estructura, equipos y se ha limitado el horario de servicio.
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