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El 18 de diciembre de 1955 se creó
el Archivo Genera] de Puerto Rico con el rol fundamental de ser custodio
de los documentos públicos con valor histórico, legal, administrativo o
informativo. La necesidad de conservar en una sola institución los
documentos de importancia para el país dio pie al establecimiento del
Archivo, que en su origen estuvo a cargo de la Universidad de Puerto
Rico. Paralelamente, la política cultural del Partido Popular dio paso a
la creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, con la misión de
conservar, promover y promocionar los valores culturales del pueblo de
Puerto Rico, pero primariamente lo indígena, negro y español. Cónsono
con dicha misión cultural, en 1959 se transfiere la administración del
Archivo al Instituto de Cultura Puertorriqueña, situación que se
mantiene hasta el día de hoy.
La relación Archivo-Instituto no ha permitido que la Institución pueda
crecer de manera independiente y está sujeto al control presupuestario y
de política pública que se le impone por ser una dependencia o división
de una institución en crisis. La misión cultural del Instituto de
Cultura se impone sobre el rol de conservación y divulgación de
documentos que tiene el Archivo, creando una situación de conflicto
donde el subordinado históricamente ha salido perdiendo.
El Archivo está obligado a mantener una relación directa y constante con
las agencias, corporaciones y municipios del gobierno de Puerto Rico.
Lamentablemente, como cuerpo rector del Programa de Administración de
Documentos Públicos establece reglas, pero no dirección. Para poder
tener éxito en este ámbito, se tiene que aumentar la capacidad
tecnológica de la institución. Falta reconocer que el número de
documentos físicos del pasado es finito, pero la dimensión y cantidad de
los documentos que nacerán digitalmente son una incógnita. La
administración y conservación de los documentos del futuro será tan
fácil como la capacidad tecnológica técnica de la institución y sus
empleados.
El acceso digital a los acervos históricos y de importancia
administrativa es cada día más vi-
gente. Los cierres prolongados del Archivo causados por el huracán María
y el COVID-19 han servido de lección para demostrar la necesidad de lo
que por años ha reclamado la comunidad de investigadores, el acceso
digital. Para poder lograr este objetivo se requiere una política
nacional de digitalización y de puesta en línea que permita aunar
recursos, evitar la redundancia y medir el resultado.
La era digital presenta uno de los mayores retos que deberá enfrentar el
Archivo. Por un lado, la producción, duplicación y transferencia de
material digital histórico ofrece unas ventajas que si se aprovechan
podrían alcanzar un nivel de conservación y divulgación de los
documentos sin precedentes. Sin embargo, la sustitución del espacio de
almacenaje físico por el virtual-digital requiere un nivel de inversión
a corto, mediano y largo plazo que excede las posibilidades fiscales del
Archivo. Es aquí donde la colaboración entre todas las ramas del
gobierno y la capacitación archivística y organizativa del archivo puede
rendir grandes frutos, permitiendo distribuir los costos entre todas las
partes responsables y viabilizando la estrategia digital a largo plazo.
A sus 65 años, el Archivo no está en edad de retiro Todo lo contrario,
se está renovando. Existe nueva sangre que está inyectando una nueva
visión a la institución, lo que da esperanza de que en un futuro Puerto
Rico cuente con un Archivo moderno, vigente e independiente que sirva al
pais y a todos los ciudadanos que aquí residen.
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