Decididos alcaldes asociados a mantener escuelas abiertas 

EL VOCERO
InterNewsService 
11 de abril de 2018 

Decididos a “luchar por la eficiencia humana” ante el proyectado cierre indiscriminado de escuelas públicas en los sectores más pobres del país, los alcaldes asociados respondieron a una iniciativa de su presidente, Rolando Ortiz Velázquez, para mantener los planteles abiertos.

“Si lo que se busca es eficiencia, nosotros postulamos que tenemos que luchar por eficiencia humana, se están cerrando escuelas en las zonas más pobres del país, rurales, son las más impactadas”, dijo el también alcalde de Cayey ante la política de reforma educativa de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La alcaldesa de Salines, Karilyn Bonilla, afirmó que el Departamento de Educación pretende cerrar el 75 por ciento de las escuelas elementales, entre estas una que sirve a una población que incluye, además de su municipio, a niños de la comunidad Pueblito del Río de Guayama y Jájome de Cayey.

“Llevar a 1,500 niños en una sola escuela en la zona urbana crearía un problema de acceso y tránsito, porque la escuela receptora está cerca del Centro de Diagnóstico y Tratamiento; cerrar escuelas sin el análisis debido causa un problema que incluye a los pequeños comercios que rodean la zona, despojando además a las comunidades de un centro de reunión, donde se ofrecen otros servicios como ferias de salud y competencias deportivas”, sostuvo Bonilla.

El alcalde de Hormigueros, Pedro García, denunció que “no ha habido análisis ninguno, se evidencia en casos como el nuestro, donde la escuela Rafael Hernández hace dos años se invirtió 1.5 millones de dólares y ahora la quieren cerrar”.

García sugirió que si la necesidad es ahorrar, pues que la administración central recorte en la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas (OMEP), ya que “nosotros los alcaldes hacemos gran parte del mantenimiento en los planteles”.

El alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo, expuso el caso de la escuela Marcos Sánchez, en el barrio Guayabota, aislada del centro urbano, que ya está en la lista de cierre a pesar de que el plantel más cercano, que pudiera ser receptor, la escuela Rosa Sánchez Vargas, también la quieren cerrar.

“No podemos dejar a los niños del campo sin educación”, reclamó Surillo.
En Utuado, la escuela de Paso Palma queda muy distante de la propuesta como receptora, donde asisten estudiantes tanto de Utuado como de Jayuya, según el alcalde Ernesto Irizarry Salvá, quien es educador.

“Nosotros vamos a luchar por la educación pública, porque también nos quieren cerrar la Universidad de Puerto Rico, en Utuado”, anotó.

En la reunión en la Asociación de Alcaldes, en Puerta de Tierra, se expuso que la cita de los ejecutivos municipales con la secretaria de Educación, Julia Keleher, el pasado Jueves Santo fue proforma, pues “cuando nosotros le preguntamos si las determinaciones de cierre son finales, nos dijo que sí”.

“Entonces para qué nos citan a reuniones si no hay actitud de escuchar”, argumentó el alcalde José “Joe” Román, de San Lorenzo.

Marcos Cruz, de Vega Baja, presentó varios ejemplos de los problemas de transportación y acceso que causa en las comunidades rurales el cierre de escuelas.

“La mayoría de las escuelas que pretenden cerrar tienen todo su equipo, pupitres, etc., y no sabemos qué pasará con todos esos recursos. Lo que estamos viendo evidencia que en este proceso no ha habido planificación”, adujo el también maestro del sistema público.

Carlos López, de Rincón, levantó “la incongruencia de dejar abierta la Escuela Conrado Rodríguez, que está en condiciones físicas muy lamentables, pero quieren cerrar la Jorge Seda, que está prácticamente nueva y con un servicio excepcional”.

“Invito a la gerencia del Departamento de Educación que venga a ver estos dos casos en particular”, reclamó.