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Residentes de Puerta de Tierra y del Viejo San Juan protestaron esta mañana en las afueras del Tribunal de San Juan, donde el licenciado Omar Saadé presentaba una demanda contra el Gobierno para ordenar la detención inmediata de la construcción del Paseo Puerta de Tierra, que contará con una inversión total de $40 millones.
El reclamo de los residentes es que la construcción ha estado plagada de irregularidades, comenzando por la presentación del proyecto, “que se ha categorizado como un proyecto de escala íntima”, cuando impacta “a una comunidad completa”, hasta el otorgamiento de permisos y la falta de diálogo con la comunidad, reclamó Michy Marxuach, una de las portavoces de los residentes.
Marxuach indicó que, aunque inicialmente se explicó que el proyecto sería únicamente la construcción de un carril de bicicletas, la realidad es que “es un plan de revitalización” que conlleva “infraestructura pesada”. Por lo que, a pesar del acuerdo de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, con el gobernador Alejandro García Padilla de no construir la terraza que inicialmente estaba planteada para el proyecto, los residentes “agotaremos todos los recursos que tenemos legales y públicos” para detener la construcción.
“Es una estructura que van a hacer allí sin ningún tipo de estacionamientos y el problema que tiene la comunidad de Puerta de Tierra es que no tiene dónde estacionarse. ¿Cómo es que el Gobierno te exige en los permisos de uso (de cualquier construcción) cuántos estacionamientos tiene y aquí no dicen? Están rompiendo con esas normas”, reclamó, por otro lado, Lucy Dávila, otra de las portavoces.
Dávila agregó que también se ha pasado por alto el daño ecológico y los yacimientos arqueológicos que se encontraron en el área. Tampoco tomaron en cuenta el impacto que se causa en una de las dos entradas a la isleta de San Juan.
De hecho, el proyecto se inició sin una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), a pesar de que esta es obligatoria en proyectos que conllevan impacto en las costas del país o excavaciones, como es el caso. Según explicó hace semanas Grace Santana, directora de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), agencia a cargo del proyecto, la evaluación ambiental que se hizo para el paseo lineal “concluye que no tiene impacto ambiental significativo”, por lo que “no hace” falta la DIA.
Esto significa que tampoco se consultó a la comunidad sobre su opinión del proyecto, ya que la consulta se realiza con la evaluación de la DIA.
La comunidad inició las protestas contra el proyecto en enero, cuando comenzó la tala de 318 árboles, que, según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, eran ejemplares “enfermos” que se sustituirían con la siembra de otros 908.
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