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El diálogo sobre el llamado Paseo Puerta de Tierra, un proyecto que en principio tiene buenas ideas para mejorar la zona, debió de haberse dado antes, ofreciendo participación a la comunidad científica y a los vecinos del lugar, y evitando así un debate tardío que solo tiende a confundir.
La más reciente advertencia sobre este proyecto, que ya se encuentra en su fases tercera y cuarta, de un total de siete hasta que esté culminado, proviene del director del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, Javier Laureano, quien ha llamado la atención sobre los riesgos de construir en las zonas costeras, dado el proceso de erosión que sufre y seguirá sufriendo el litoral de la Isla.
Ejemplo de la mala comunicación, deliberada o no, que ha existido en torno a este proyecto, es la admisión de Laureano de que en el Programa del Estuario desconocían los detalles de lo que se iba a hacer, en particular los de la construcción de la llamada Terraza del Mar, un edificio de tres pisos y 35,000 pies cuadrados, donde ubicarán cafés, restaurantes y otros comercios.
Con los datos que constantemente surgen en torno a los fenómeno del aumento en el nivel del mar y la erosión, es incomprensible que en Puerto Rico todavía se diseñen proyectos costeros que no cuentan con una consulta rigurosa acerca de sus posibilidades de sobrevivir. Los errores que se han cometido en el pasado, y los escombros que siguen precipitándose en la playa de Rincón, o en el sector Fortuna Playa de Luquillo, entre muchos otros, deberían servir de contención a la hora de poner más varilla y cemento sobre terrenos que están en zonas conflictivas.
La tala de árboles que se realizó, y que el Gobierno afirma que estaban enfermos, pero ya no hay manera de comprobarlo, es mencionada por Laureano como otro de los factores que contribuyen a acentuar la inestabilidad futura. Expertos consultados por El Nuevo Día subrayan que los árboles que fueron cortados, en su mayoría almendros, “marías” y uvas playeras, podían haber sido incluso centenarios, porque con lo pobre y escabroso del terreno, y el embate constante del viento, su crecimiento debió haber sido lento. Es previsible entonces que luego de reforestar el área, tal como han prometido al País, la nueva vegetación tarde en recuperar.
De cara al inquietante panorama que han dado a conocer los oceanógrafos y planificadores más prestigiosos de Puerto Rico, el Gobierno debería ser el primero en dar ejemplo al evitar levantar edificios en las zonas costeras. Si se está incentivando la construcción alejada de las costas, para proteger vidas y propiedad, y salvaguardar la integridad del fondo marino, la obra pública debe reflejar tales principios.
Eso no quiere decir que peatones y ciclistas no puedan disponer de una senda exclusiva para circular tranquilos, que era algo que estaba pidiendo a gritos la ciudad. Ante eso nadie puede oponer reparos. Pero de ahí a talar una notable cantidad de árboles y alzar otro edificio en pleno litoral, en contra de lo que es ya una recomendación mundial, va un trecho.
Al proyecto, que le quedan otras etapas hasta su inauguración, en abril de 2016, se le podrían hacer los ajustes necesarios para que guarde armonía con el entorno y no exista el riesgo de que luego se produzcan deslizamientos y derrumbes, con acumulación de basura afectando los alrededores. Esto sin contar con que la inversión de $40 millones que requerirá la obra en su totalidad, obliga a planificarla a largo plazo. En otras palabras, cuando se diseña una construcción que tiene esos costos, hay que contar con las condiciones de la zona dentro de varias décadas. Si empieza a dar problemas de inestabilidad dentro de cinco o diez años, se habrá botado una vez más el dinero del pueblo de Puerto Rico.
Vivimos en una isla donde actualmente todos los planes tienen que enfocarse desde la óptica de unos cambios climáticos y de morfología geográfica. Seguir ignorando esa realidad es irresponsable, no importa cuán buena haya sido la intención.
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