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Redacción, EL VOCERO 02/12/2021
A solo 72 horas de que fuera
anunciado, la Junta de Control Fiscal (JCF) envió una carta
cuestionando el proyecto de la Bahía Urbana.
El lunes, el gobernador Pedro Pierluisi anunció que los terrenos
de Bahía Urbana quedaron en manos de dos compañías privadas con
las que se firmó un contrato a 20 años que podrá ser renovado
hasta por seis décadas.
Ante este anuncio, la JCF envió hoy una carta a Mariela Vallines
Fernández, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del
Centro de Convenciones (ADCC), con copia a Pierluisi y a otros
funcionarios recordándoles que para que ese contrato quede
vigente debe ser primero revisado por el ente fiscal.
“Los artículos de prensa de noticias informan que este contrato
se adjudicó sin un proceso de licitación y que, en cambio, se
deriva de una propuesta no solicitada de la empresa de una
propuesta no solicitada por los promotores”, dice la JCF en la
misiva a la que tuvo acceso EL VOCERO.
Vallines Fernández, a preguntas de la prensa, admitió el lunes
pasado que el proyecto no fue a subasta, sino que surgió de un
“acercamiento” de los desarrolladores y también informó que la
negociación comenzó hace tres años bajo Noelia García, quien
ahora es secretaria de la Gobernación.
Tras ello, la Junta recordó que el ente tiene una Política de
Revisión de Contratos establecida conforme a la ley PROMESA que
requiere la aprobación previa de la Junta de ciertos contratos
para asegurar que "promueven la competencia en el mercado" y "no
son inconsistentes con la ley". La competencia en el mercado" y
"no sean incompatibles con el plan fiscal aprobado".
Esta necesidad de revisión se aplica a "todos los contratos o
series de contratos relacionados, incluidas las enmiendas,
modificaciones o modificaciones o prórrogas, con un valor total
previsto de 10 millones de dólares o más".
La carta que está firmada por Jaime A. El Koury, el principal
asesor legal de la Junta, advierte que “dado que el valor
agregado del contrato referido parece exceder el umbral de 10
millones de dólares de la Política, la Autoridad del Distrito
del Centro de Convenciones de Puerto Rico debe presentar el
contrato propuesto, así como toda la demás documentación
requerida por la Política, antes de su ejecución para asegurar
el cumplimiento de la misma”.
Los terrenos ubicados en Puerta de Tierra, a la entrada de Viejo
San Juan y la zona portuaria, serán alquilados por $100,000
anuales y el canon de arrendamiento aumentará en 5% cada cinco
años.
La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones recibiría
3% del ingreso bruto que reciban los proyectos propuestos por
Las Brisas Property Management y la firma Caprock Partners.
Según se explicó cuando se realizó el anuncio, el contrato puede
extenderse por periodos de diez años en hasta seis ocasiones, si
las partes se ponen de acuerdo.
“En el caso de que el contrato referido ya haya sido ejecutado,
se advierte que dicho contrato no se considerará en vigor hasta
que sea revisado y aprobado” por la JCF, se destacó en la
misiva.
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