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Ayeza Díaz Rolón, EL VOCERO 04/12/2021
Para la Autoridad del Distrito
del Centro de Convenciones (ADCC) el proceso que siguieron para
adjudicar el contrato para un nuevo desarrollo en el área Bahía
Urbana, en San Juan, fue correcto y no excede el umbral de $10
millones establecido que obliga a la Junta de Control Fiscal a
pasar juicio sobre el mismo.
Mariela Vallines Fernández, directora ejecutiva de la ADCC, dijo
a EL VOCERO que le envió una carta al principal asesor legal de
la junta, Jaime A. El Koury, para aclarar la “absoluta
confusión” que se creó con este desarrollo y sus costos. Además,
insistió en que la junta fiscal no tiene que pasar juicio sobre
el contrato que se adjudicó sin un proceso de licitación.
Según explicó, la ADCC está facultada a seguir ese proceso
mediante ley orgánica.
“Como puede verse, en la aclaración adjunta, el total correcto
de ‘Proyecciones de ingresos de PRCDA a 20 años’ para el
alquiler anual y el porcentaje de alquiler es de $9,137,000
($2,321,000 de alquiler base + $ 6,816,000 de alquiler
porcentual) para el período de 20 años y no “por año”. Por lo
tanto, el contrato no cumple con el umbral de $10 millones
establecido por la política de contratos de la junta, y no
requiere su presentación ante la junta”, lee la misiva que
Vallines Fernández envió al organismo federal.
Igualmente, señaló que no son correctos los estimados divulgados
que apuntan a que el ADCC recibiría 3 por ciento del ingreso
bruto (un equivalente de $7 millones al año) que reciban los
proyectos propuestos por Las Brisas Property Management y la
firma Caprock Partners. “Por la presente aclaramos que la
fórmula de reparto de ingresos del 3% cubierta por la prensa
representaría aproximadamente $7 millones para el período de
veinte (20) años, y no ‘por año’ como se informó. Dicho error
fue informado por el desarrollador del proyecto, junto con una
corrección de la fecha”, añade la carta.
Tras dar a conocer el escrito, la funcionaria rechazó que la
carta que El Koury dirigió el pasado jueves a la ADCC
cuestionara las razones por las cuales no se siguió un proceso
de licitación como ocurre de forma ordinaria.
“Creo que la comunicación de la junta iba más dirigida a
cuestionar porqué no habíamos sometido un negocio que para ellos
excede la cantidad de $10 millones”, afirmó.
A su juicio, la alegación del principal asesor legal del
organismo fiscal “es incorrecta”. “No tendríamos que consultar a
la junta porque la disposición de la ley Promesa aplica a
transacciones que exceden los $10 millones”, indicó.
“¿A qué usted atribuye la alegada confusión de la junta?”, se le
preguntó.
“No te podría contestar qué fue lo que ocurrió. Pudo haber sido
una confusión por los números en la conferencia, la manera en
que se llevó o se recibió la información”, respondió.
La junta fiscal mostró reparos con el contrato a 72 horas de que
el gobernador Pedro Pierluisi y Vallines Fernández anunciaran el
proyecto en conferencia de prensa. Su objeción se basó en que,
conforme con la ley Promesa, tendrían que pasar juicio sobre esa
contratación.
Vallines Fernández dijo que espera que la junta fiscal responda
la carta “relativamente rápido” y que la controversia no pase a
mayores como para afectar el desarrollo.
“Ahora mismo no debe tener ningún tipo de efecto en cuanto al
contrato firmado y vigente porque en ningún momento se ha
violado ninguna determinación de la ley Promesa”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que la junta fiscal ha levantado
“muchísimas objeciones” sobre distintas contrataciones en el
gobierno, algunas de las cuales terminan en el Tribunal Federal
ante la jueza Laura Taylor Swain.
“Estoy segura de que esto se va a poder aclarar con la carta y
pienso que es una controversia sencilla”, señaló.
Actualmente, el proyecto para los terrenos ubicados en Puerta de
Tierra, a la entrada del Viejo San Juan y la zona portuaria, se
encuentra en la fase de permisología y luego pasaría a la fase
de construcción. La expectativa es que en octubre de 2024 el
desarrollo se haya construido y esté en funciones.
Las negociaciones para este proyecto comenzaron cuando la actual
secretaria de la Gobernación, Noelia García, era la directora
ejecutiva del ADCC.
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