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Con referencias constantes al poder que ahora ejerce la Junta Federal de Control Fiscal sobre los trabajos de este cuerpo, el Senado conmemoró esta tarde los cien años desde que abrió sus trabajos por primera vez en 1917.
El hemiciclo del Senado abrió sus puertas luego de estar meses cerrado producto de una reparación en el techo. Ayer no se informó cuánto costó la reparación del hemiciclo ni se indicó tampoco a este rotativo cuánto costó la conmemoración de los 100 años del Senado. La actividad incluyó una actividad a las afueras del Capitolio bajo una enorme carpa donde, según se informó, se ofrecerían entremeses y jugos.
Casi la totalidad de los que hablaron trajeron el tema de la junta a la hora de recordar cómo el gobierno de Puerto Rico empezó bajo el mando del gobierno estadounidense. Los novoprogresistas aprovecharon también para defender su reclamo a favor de la estadidad para la Isla.
El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares comenzó resaltando las similitudes entre las realidades históricas de hace cien años y las de hoy y concluyó defendiendo el reclamo que hará su administración por la estadidad para Puerto Rico.
“Este Senado ha validado la voluntad del pueblo expresado en las urnas aprobando la creación de la comisión de igualdad que tendrá la encomienda de llevar al Congreso el digno reclamo de poner fin a la colonia”, dijo el gobernador. “Hemos iniciado el camino a la solución definitiva. Deseo reconocer el compromiso de este Senado con el pueblo y con nuestro programa de gobierno, destacando que han sido un valioso aliado en el esfuerzo conjunto para estabilizar las operaciones gubernamentales”.
El gobernador concluyó diciendo que sus esfuerzos van dirigidos a “que dejemos de ser ciudadanos de segunda clase y que podamos eliminar la colonia y nos podamos convertir en el estado 51”.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por su parte, estableció paralelos entre la Ley Foraker y la Ley Promesa que ahora impuso la junta.
“Ahora quiero denunciar y exigir, a nombre de mis constituyentes, que ningún puertorriqueño debió aceptar nombramiento en esa junta. Lo dije desde que se aprobó la ley. La intención de Washignton era evidente: lavarse las manos y colocar a los puertorriqueños contra los puertorriqueños”, dijo Rivera Schatz. “Lo que deberían hacer esos puertorriqueños es renunciar en bloque sacar la cara por este pueblo y denunciar que la crisis en Puerto Rico no tiene remedio real a menos que el Congreso acabe de aceptar los mandatos de un pueblo que reclama la igualdad como ciudadanos”.
La comisionada residente Jenniffer González también usó su tiempo para impulsar la lucha por la estadidad.
“El pueblo votó por cada uno de ustedes. No votó por la Junta de Control Fiscal. El pueblo votó por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló y aunque podamos diferir, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que son las cosas importantes para Puerto Rico”, dijo. “La pelea de cada cuatro años puede esperar, pero el pueblo no puede darse el lujo de esperar que los políticos se pongan de acuerdo para resolver lo que es verdaderamente importante”.
En los discursos de las minorías también medió el tema de la junta federal. El portavoz de la delegación popular y expresidente del Senado, Eduardo Bhatia, también aprovechó para condenar los ataques racistas ocurridos en Virginia durante el fin de semana.
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