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Las sin fines de lucro también son un "fantasma"

Miércoles, 13 de marzo de 2019

Noticel

Por: Adriana De Jesús Salamán

El Tribunal de San Juan tiene ante sí dos casos criminales que arrojan luz sobre una nueva modalidad de apropiación ilegal dentro de la Legislatura de Puerto Rico y que el Fiscal Especial Independiente (FEI) Guillermo Garau Díaz asegura nunca haber tenido precedente de este tipo de esquema en sus 15 años de experiencia. 

Se trata de la creación de fundaciones sin fines de lucro para enriquecerse de las asignaciones presupuestarias que les sean adjudicadas a la entidad mediante el programa de Donativos Legislativos del Capitolio, acción atestada en el caso judicial del exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz y quien fuera la directora de su oficina legislativa, Soniel Torres Suárez.

“Sería un nuevo tipo de corrupción. Yo nunca había tenido un caso de esto así de que se crea una organización en una oficina de un legislador. Yo nunca había tenido eso y ya llevo más de 15 años en estos menesteres, bregando con Legisladores y todo”, subrayó Garau Díaz. 

Rodríguez Ruiz enfrenta cargos por fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales e irregularidades en la creación y la designación de fondos a las organizaciones sin fines de lucro Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas. 

“No sé si es un esquema o algo, pero por lo menos la prueba que nosotros estamos pasando, eso es lo que está surgiendo. Eso es lo que parece”, añadió el Fiscal Especial Independiente al abordar el asunto. 

En la vista preliminar en su contra, una exempleada detalló cómo, por órdenes del exlegislador, se “montó el muñeco” de las entidades sin la presencia de las personas que suponían administrarlas o cumplir con sus misiones caritativas.

Por su parte, Torres Suárez fue acusada de perjurio, malversación de fondos, fraude, engaño a testigos, y falsedad ideológica, también en relación a las entidades sin fines de lucro y la retracción de una querella de violencia de género contra Rodríguez Ruiz.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, estimó que un total de $70,000 pudieron haber sido otorgados entre Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas. El dinero proviene de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario de la Legislatura, copresidida por el representante Antonio "Tony" Soto Torres y la senadora Migdalia Padilla Alvelo.

Según el testimonio de Darilly Torres Santiago —exempleada del entonces legislador del Distrito 27— le entregaron un papel manuscrito con la información personal de los miembros de quienes formarían parte de la corporación. Sin embargo, no pudo contactarlos vía telefónica para rellenar información pendiente. En su lugar, Rodríguez Ruiz le indicó que los trámites restantes serían completados mediante sus vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP).


Al cuestionarle a Rodríguez Ruiz sobre la procedencia de las personas y sus respectivos roles en las organizaciones, Torres Santiago testificó que el exfuncionario le dijo “monta el muñeco que de lo demás me encargo yo”.

No es la primera vez que unos fantasmas causan estragos en el Capitolio, pues este cuatrienio también se reveló la existencia de empleados que cobraron en la Casa de las Leyes por trabajos que no realizaron.

Esa es una de las acusaciones contra Torres Suárez, quien renunció a su derecho a vista preliminar, pues se alega que fue quien firmó los cheques, falsificó facturas y firmas tanto del empleado, como del exrepresentante en su rol como administradora de la oficina legislativa.

De acuerdo a las alegaciones, Gabriel Rivera González facturaba 40 horas semanales a la oficina del exrepresentante del PNP, pero laboraba a tiempo completo en un colegio en Guayama. 

El alegado empleado fantasma es el testigo estrella del PFEI y tiene inmunidad por parte del Departamento de Justicia.

“Tenemos una prueba bien contundente, no solamente con los testimonios, sino con los documentos”, reiteró Garau Díaz al hacer referencia a los cheques que forman parte de la prueba y otros comprobantes escritos.

Además, el PFEI cuenta con más de 20 testigos, de los cuales unos 17 fueron citados por la jueza Eloína Torres Cancel para el caso contra Torres Suárez. Ese grupo es compuesto en gran medida por empleados del Capitolio, policías, una fiscal y el representante Ángel Peña Ramírez.

Similar a ese caso, el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) tomó las riendas de la pesquisa de empleados fantasma en la Cámara de Representantes, particularmente tras la querella ética contra el exlegislador Samuel Pagán Cuadrado y que a su vez destapó una serie de irregularidades.

“Aunque el FBI tiene una política de no comentar sobre la existencia o no de investigaciones en curso, como excepción a esa regla el jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, quiere dejarle saber a público que, en efecto, el FBI está haciendo una investigación sobre alegados empleados fantasma en el Capitolio. La razón por la que estamos haciendo esta información públicamente es porque queremos que las personas que puedan haber participado de esta conducta se contacten con el FBI y cooperen con la investigación”, expuso el portavoz del FBI, Luis Rivera Santana.

Los tribunales del país también continúan casos contra contratistas del Capitolio por la preparación de cotizaciones falsas de obras de construcción para favorecer a dos compañías que, mediante arreglo, ofrecían tarifas más bajas.

La revelación de estos aparentes esquemas supone que en el Capitolio se ha erigido una estructura de enriquecimiento ilícito comprendida por empleados fantasmas, o sea, personas que están en la nómina pública pero que no prestan servicios legislativos a cambio de ese dinero. A eso se sumaría la creación de organizaciones sin fines de lucro falsas que pueden ser recipientes de donativos que los propios legisladores gestionan para que, presumiblemente, no cumplan con una misión caritativa real.