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El más elemental sentido de prudencia en el uso de los recursos del Estado y de atención a una adecuada escala de prioridades en el ejercicio de gobernar, están absolutamente ausentes en la intención legislativa de extraer del Banco Gubernamental de Fomento $15 millones para hacer arreglos en el Capitolio.
En esa iniciativa del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, quien ha dicho que es compartida por el presidente senatorial Eduardo Bhatia, carece también de un fundamental entendimiento y una noción de sensibilidad para con las miles de familias puertorriqueñas afectadas económica y socialmente por la imposibilidad de suplir sus necesidades más básicas que les angustian en sus vidas diarias.
De entrada, planteamos la deseabilidad de que todo edificio público, y con mayor énfasis aquellos que representan jalones en nuestra historia de pueblo –como lo es el Capitolio, con sus 84 años de protagonismo en todas las luchas de reivindicación social y política acaecidas en nuestro pueblo–, deben ser protegidos y preservados como símbolos dignos de una trayectoria esencial en el desarrollo de nuestra sociedad. Pero toda gestión pública necesariamente tiene que adscribirse a unas realidades económicas y de prioridad, de manera que siempre prevalezca el bien colectivo del momento o la época por sobre consideraciones a veces impensadas o producto de la improvisación o el afán efímero y descontrolado de poder.
Ya antes hemos visto esa distorsión de prioridades en la propia Casa de las Leyes, cuando durante el cuatrienio pasado se invirtieron $3 millones en monumentos en los alrededores del Capitolio que en realidad no investían el más mínimo requisitos de prioridad.
En el caso específico del estado en que se halla la Casa de las Leyes en Puerta de Tierra, el propio “speaker” Perelló y el superintendente del Capitolio, Javier Vázquez, proveyeron una lista de las reparaciones que deben hacerse a la histórica sede del Poder Legislativo de Puerto Rico. La lista incluye la reparación del techo del edificio, el sistema de distribución eléctrica y el de alarma en casos de incendios, el desprendimiento de terracota y mármoles y otros trabajos de restauración.
Pero, ¿es menester hacerlo todo de una vez? ¿No podría ocurrírsele a alguien, dada la precariedad financiera del país, programar el trabajo de restauración por etapas? ¿Se ha considerado solicitar fondos ya sean del Gobierno federal o de instituciones de preservación de edificios y monumentos históricos que aporten en la financiación del trabajo?
Hay dos aspectos adicionales que agregan preocupación y objeción al proyecto del “speaker” Perelló, al parecer respaldado por el presidente senatorial Bhatia. Primero, ¿está realmente en condiciones del Banco Gubernamental de Fomento de seguir financiando obra pública o mejoras permanentes mientras exhibe un vulnerable estado de salud fiscal?
Por lo demás, preocupa grandemente lo pasmoso de la aceptación del presidente cameral de no saber cuál sería el costo total de repago de la línea de crédito incluyendo los intereses. El “speaker” despachó con un “no tengo lo de los intereses”, a la pregunta sobre su costo, a la vez que indicó que tratará de hacer el repago “lo más pronto posible”. Lo anterior sugiere que será prioritaria la asignación de fondos para el repago por al menos los siguientes nueve años después de iniciados los trabajos.
La iniciativa de los líderes legislativos ciertamente no se corresponde con el discurso oficial de un proceso inflexible de mesura en el uso de los recursos públicos y la sensatez más elemental demanda que se replantee el enfoque de esta obra con objeto de reducir a un mínimo indispensable su impacto en las erosionadas arcas del país.
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