Contratan a
exsuperintendente del Capitolio para brindar asesoría administrativa
Javier Vázquez Collazo se
desempeñó en el cargo durante la administración de Jaime Perelló Borrás
y en este ocasión deberá identificar posibles reclamaciones no
realizadas a FEMA
El Nuevo Día
martes, 12 de enero de 2021
El primer contrato de la nueva
Superintendencia del Capitolio ha sido otorgado a un exjefe de
la dependencia, el ingeniero Javier Vázquez Collazo.
Se trata de un convenio por consultoría administrativa vigente
hasta el 30 de junio por $30,000 a la corporación Infiniti
General Contractor, de Vázquez Collazo, quien dirigió la
Superintendencia del Capitolio durante la administración de
Jaime Perelló Borrás.
Una copia del contrato no está disponible todavía en la página
de internet de la Oficina del Contralor, pero en entrevista con
El Nuevo Día el nuevo Superintendente del Capitolio, César
Hernández Alfonzo, defendió la selección de Vázquez Collazo por
su conocimiento de los edificios del distrito capitolino.
En entrevista por separado, Vázquez Collazo sostuvo que tiene 12
años de experiencia en el gobierno y el pasado cuatrienio rindió
servicios de impermeabilización de techos para la Administración
de Servicios Médicos. Esos contratos no están disponibles debido
a que se hizo por orden de compra.
También ha tenido al menos un contrato con el Municipio de
Juncos.
“Javier nos va a estar ayudando en unos asuntos administrativos.
Son recomendaciones y pasos a seguir para recuperar fondos con
FEMA”, dijo Hernández Alfonzo a El Nuevo Día. Agregó que la
pasada administración del exsuperintendente José Jerón Muñiz
Lasalle supuestamente falló en reclamar ciertos daños
estructurales sufridos por edificios del distrito capitolino a
consecuencia del azote de los huracanes Irma y María.
“La razón por la que se trae a Javier es para allegarle fondos a
la Superintendencia”, subrayó Hernández Alfonzo. El funcionario
sostuvo que el contrato no tuvo que ser adjudicado mediante el
proceso de subasta ya que se trata de un convenio de servicios
profesionales.
“Entendemos que es la persona idónea por su conocimiento”, dijo
Hernández Alfonzo al referirse a la experiencia del contratista
como Superintendente. “Aquí no se hizo ni una gestión, no se
reclamó un solo centavo”.
Paralelamente, al nivel judicial la Superintendencia del
Capitolio mantiene un litigio contra la aseguradora Mapfre,
también por fondos relacionados a reclamaciones por daños
sufridos por los huracanes. La Superintendencia recibió $7
millones de fondos por parte de aseguradoras por daños
reclamados y el uso de ese dinero está siendo auditado.
Vázquez Collazo aparece en la Oficina del Contralor Electoral
como donante de Pedro Irene Maymí y Enid Monge, a quienes les
donó $350 a cada uno cuando aspiraron sin éxito en las primarias
como Representantes por acumulación por el Partido Popular
Democrático (PPD). También donó $1,000 a la campaña del
derrotado candidato popular a la gobernación Charlie Delgado.
Vázquez Collazo aludió a su experiencia en el gobierno como
evidencia de que el contrato con la Superintendencia no fue un
premio por sus donativos.
“Llevo 12 años de experiencia en el gobierno. Fui director de
operaciones en La Fortaleza con Aníbal Acevedo Vilá, director de
Obras Públicas bajo José Aponte De la Torres (exalcalde
Carolina) y administrador de lo que fue el Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos Humanos. También fui Superintendente del
Capitolio así que tengo experiencia administrativa en el
gobierno”, dijo.
Vázquez Collazo figuró como codemandado junto a los pasados
expresidentes legislativos Eduardo Bhatia y Perelló, así como
otros exfuncionarios de la Superintendencia del Capitolio, en un
pleito incoado por 14 exempleados afiliados al Partido Nuevo
Progresista despedidos de dicha oficina durante el cambio de
administración del 2013. En esencia, alegaron haber sido
despedidos por razones políticas y reclamaron una indemnización
de $21 millones.
Finalmente se llegó a un acuerdo fuera de corte y el caso fue
desestimado a nivel federal en abril de 2016.
En la demanda se alegó, entre otras cosas, que Vázquez Collazo
le indicó a un codemandante que se necesitaban personas de la
confianza de Perelló Borrás. “Gente que ayudó a Perelló Borras
durante la campaña”, lee la demanda. Incluso, supuestamente
fueron despedidos empleados afiliados al Partido Popular
Democrático solamente porque trabajaron en la Superintendencia
bajo una administración penepé.
Vázquez Collazo se limitó a indicar a El Nuevo Día que se
llegaron a “unos acuerdos” con los demandantes.
“Son puestos de confianza y se llegaron a unos acuerdos
transacciones para no seguir con el proceso oneroso de un
juicio”, indicó al asegurar no tener los detalles de la
compensación económica que recibieron los demandantes.
Preguntado sobre el mismo tema, Hernández Alfonzo dijo
desconocer sobre el pleito civil.
“Eso no está bajo mi jurisdicción. Cada cual que asuma su
responsabilidad”, indicó.
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