|
Guarda la urna
de cristal el sueño constitucional
Viernes, 31 de marzo de 2006
Por El Nuevo Día
Los daños que ocasionó la manifestación de protesta a la urna de
la Constitución del Estado Libre Asociado añade simbolismo a la
historia de un pueblo que lleva siglos luchando por su
constitución.
No lo sabían quienes lo provocaron, pero el incidente que se
desencadenó en el Capitolio estuvo a punto de coincidir con la
fecha aniversario en que se promulgó la primera constitución que
proponía cobijar a Puerto Rico. En efecto, un puertorriqueño
llamado Ramón Power y Giralt fue uno de los firmantes de la
constitución de Cádiz que se aprobó el 19 de marzo de 1812.
Para el primer Diputado a las Cortes de España, Power y Giralt,
aquel documento, en cuya redacción había tomado parte, era el
logro sublime, la consagración del sueño constitucional que
siempre ha estado latente en las cabezas patrióticas borincanas.
Constitución, Ley de la Tierra, mandato que protege al pueblo del
poder gubernamental y lo limita. Como dijo Thomas Paine, un
gobierno sin constitución es poder sin derecho.
Así lo respiraba Power y Giralt que combatió el poder excesivo del
Gobernador de la Isla nombrando la institución de la Intendencia
bajo don Alejandro Ramírez. A partir de su creación, la facultad
constitucional era el recurso del intendente Ramírez para fijar
límites de poder al Gobernador en el uso de los fondos del erario.
Pero ni Power y Giralt ni el constitucionalismo prevalecieron pues
el rey Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz con la ayuda
del ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis y restableció su
poder tirano.
Por largos años, los puertorriqueños no tuvieron una constitución,
hasta que el 25 de julio del 1952 se aprobó la Constitución del
Estado Libre Asociado. En su aniversario, el 25 de julio de 1956,
se inauguró la urna que contiene los documentos originales de la
Ley con las firmas de los miembros de la Asamblea Constituyente
que participaron en su redacción.
Esta urna restaurada se develó en la rotonda del Capitolio el 24
de julio de 1992. Simbólico monumento que garantiza libertades
importantes como una declaración que determina que la voluntad del
pueblo es la fuente del poder público y que en los procesos
judiciales los acusados tienen derecho a “gozar de la presunción
de inocencia”.
|
