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UN HERMOSO predio de terreno de dos cuerdas y media, aledaño a la Playa El Escambrón, confrontó ayer en el Centro Judicial de Hato Rey al municipio de San Juan y al Reserve Officers Beach Club en un pleito de desahucio.
El Municipio alega en su demanda de desahucio que San Juan es el titular de los terrenos conocidos como "Naval Reservation" con un derecho de uso y disfrute. Agrega que la Administracion federal de Servicios Generales les otorgó un contrato el 31 de octubre de 2002, pero al día de hoy no han podido cumplir con las condiciones del contrato debido a que los inquilinos anteriores tienen la posesión y no han desalojado la misma.
El contrato del Reserve Officers Beach Club venció y no le fue renovado, dice la demanda. "El Municipio de San Juan y el Departamento Naval de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le han solicitado de buena fe al Reserve Officers Beach Club que desalojen la propiedad", dice la demanda. Agrega que el 24 de septiembre de 2003 el Departamento de la Marina escribió una carta al Club notificando el cierre de la propiedad, la cual no ha sido desalojada.
El abogado Eric Ronda del Toro, de la parte demandante, dijo que el gobierno federal ha informado su intención de ceder el terreno al Municipio. Indicó que el área del restaurante Pelican Dumas al presente está bajo el control del Municipio.
Pero Ricardo de Soto, representante del Club y de las organizaciones ambientalistas Surfrider y Guarda Aguas de Puerto Rico -que utilizan las instalaciones- dijo que el juez Carlos Dávila Vélez dictaminó una posesión compartida del predio, lo cual el Club apeló ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
De Soto sostuvo que el Municipio "llegó e invadió los terrenos intentando amedrentarnos". Manifestó que en esa gestión el Municipio provocó daños a la muralla histórica conocida como Bastión de Santiago y destruyó una caseta que contenía PCB, que es un material carcinógeno. Agregó que han planteado la situación a los congresistas Ted Kennedy, Nydia Velázquez y Carlos Gutiérrez.
La juez Olivette Sagebien Raffo señaló una vista para el 19 de febrero, pero adelantó que si el contrato del Municipio le da autoridad sobre el predio procedería el desahucio del Club, que tiene unos 95 miembros, entre ellos oficiales retirados y profesionales. En el lugar hay cancha de tenis, cancha de baloncesto y baños.
Ronda indicó que el Municipio obtendría el terreno bajo un uso condicionado a funciones educativas o de trabajo social.
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