|
El alcalde
sanjuanero persigue imponer una licencia de $100 para cada alquiler en
estructuras compartidas y de $500 para estructuras o alquileres de
estructuras completas o casas rodantes
El nuevo Día
miércoles, 16 de noviembre de 2022
Por Maricarmen Rivera Sánchez
El municipio de San Juan
busca implementar una licencia para los operadores de alquileres de
corto plazo, así como establecer multas para los que no cumplan con el
nuevo reglamento.
La propuesta del alcalde de San Juan, Miguel Romero, es imponer una
licencia de $100 para cada alquiler en estructuras compartidas y de $500
para estructuras o alquileres de estructuras completas o casas rodantes.
Esta será presentada mañana a la Legislatura Municipal y el compromiso
del alcalde es que realizarán vistas públicas.
En una rueda de prensa en su oficina, Romero insistió en que esto
contrasta con el municipio de Dorado, donde las licencias para estos
negocios comienzan en los $1,000.
Su expectativa es que esto produzca más de $1.6 millones para las arcas
municipales en licencias, además de las multas.
El nuevo reglamento, de ser aprobado, impondría además multas por
incumplir con lo dispuesto en la ordenanza. Aseguró que las multas no
llegarán de inmediato pues la ordenanza le da al municipio 180 días para
implementarla y 180 días adicionales para que los dueños de estos
alquileres puedan cumplir.
Las infracciones al reglamento conllevarían una multa inicial de $500.
La segunda infracción será de $1,000 más la revocación de la licencia y
la prohibición de solicitarla por un año. Una tercera infracción al
reglamento implica una multa de $2,500 y la suspensión de la licencia,
más la prohibición de solicitarla por los próximos tres años.
Los requisitos para obtener estas licencias incluyen: ser titular o
poseedor legal de la propiedad, presentar evidencia del cumplimiento con
la reglamentación de la Compañía de Turismo y contar con un permiso de
uso.
“Cuando la ordenanza sea aprobada, va a requerir que el propietario se
asegure que cumple con todos los requisitos, que tiene todos los
permisos y provee para una declaración a los fines de asegurar y poner
en conocimiento al municipio de que cumple con estas regulaciones”,
sostuvo el ejecutivo. “Esto nos permite velar por la paz, por la
seguridad, el entorno y la sana convivencia porque una cosa es el
alquiler a corto plazo, que es una tendencia que llegó para quedarse,
pero los eventos que sean de carácter comercial no podrán llevarse a
cabo en estas propiedades”.
Afirmó que estos alquileres no son propiedades comerciales, por lo cual
se prohibiría toda actividad que no concuerde con la zonificación del
área donde se encuentren.
“Por ejemplo, no se podría tener un ‘gift shop’ o vender boletos porque
vas a hacer una fiesta”, expresó. “Prohíbe cualquier actividad que no
esté en la zonificación donde ubique la propiedad”.
Asimismo, insistió en que el reglamento irá a vista pública y que no
pretende ser un impuesto adicional.
“Es necesario enfatizar que no buscamos proponer un impuesto ni arbitrio
sobre lo que generan las personas que realizan estos alquileres. Por el
contrario, queremos establecer una licencia y un registro que nos
permita velar porque se cumpla con las leyes y que estos alquileres, por
ejemplo, no choquen con los reglamentos de asociaciones de residentes de
urbanizaciones o de condominios”, dijo Romero.
Sin información clara sobre los alquileres
El municipio no cuenta con un registro claro de los alquileres a corto
plazo. El ejecutivo municipal citó la plataforma AirDNA para indicar que
hay 3,700 alquileres a corto plazo activos en solo dos de las
plataformas digitales. Romero desconoce cuántos de estos alquileres
están en el Viejo San Juan o cuál es el área donde más proliferan.
Sostuvo que -de los 3,700 alquileres- unos 3,225 son propiedades
completas alquiladas. En promedio, la tarifa diaria es de $150 por día.
En los pasados 12 meses, aseguró, el ingreso medio de estos alquileres
fue de $2,434 mensuales.
Reconoció que la aprobación de esta ordenanza pretende identificar dónde
se encuentran estos lugares de alquileres a corto plazo.
“La única regulación que existe en la actualidad es la que se establece
por la Compañía de Turismo, que firmaron acuerdo con una de estas
plataformas de alquiler y es para inscribirla y asegurar que se remite
el impuesto por ocupación. Nosotros tenemos un acuerdo con la Compañía
de Turismo que firmamos a principios de noviembre de compartir
información”, afirmó Romero. “Hay muchas residencias que gozan de
exención por ser vivienda principal y nos consta que las están usando
para alquiler y queremos compartir esa información”.
|
