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Representantes de la comunidad
de Puerta de Tierra reclamaron hoy la celebración de vistas públicas
adicionales en el Senado, donde se atiende un proyecto de ley de
enmiendas a la ley que regula el tratamiento de los llamados
inversionistas residentes, o Ley 22.
El proceso es dirigido por el senador popular Juan Zaragoza, presidente
de la Comisión de Hacienda del Senado, quien atiende el Proyecto del
Senado 684, de la autoría suya y del portavoz penepé Thomas Rivera
Schatz.
Laura Mía González, portavoz del grupo de Puerta de Tierra que está
reclamando participación en la discusión pública del tema indicó esta
mañana que coincidió con Zaragoza en un foro días antes de la
celebración el 9 de mayo de la audiencia sobre el PS684 y el legislador
no le notificó de que se llevaría a cabo la vista.
Zaragoza, a través de una portavoz, anunció a media mañana que ha
solicitado convocar a otra audiencia para el 27 de mayo para escuchar
los reclamos del grupo Puerta de Tierra No Se Vende y el grupo
Campamento Resistencia.
“Estoy consciente de la importancia en atender todos los reclamos es por
esto que la Comisión de Hacienda ha llevado a cabo cuatro vistas
públicas acerca dicho tema”, dijo Zaragoza al referirse a vistas de
investigación celebradas el verano pasado. “Siempre tendré las puertas
abiertas de mi Comisión para poder continuar realizando las vistas
públicas que recogen las opiniones de todos las personas interesadas en
este asunto. Siempre con el debido interés de hacer justicia social a
los que pueda impactar este proyecto en su vida cotidiana”.
La zona de Puerta de Tierra, en San Juan, ha sido escenario de múltiples
transacciones en que individuos con decretos de Ley 22 han comprado
edificios completos. Según los manifestantes, esto ha provocado y
continuará provocando el desplazamiento de los residentes históricos del
barrio y la eventual desaparición de los residenciales en el área.
“Solicitamos participar en las vistas, pero nos enteramos ese mismo día.
No hubo una publicación adecuada para que las comunidades pudieran
participar”, sostuvo González. Dijo que en el foro ella le notificó a
Zaragoza sobre su interés en el tema, que era portavoz del grupo Puerta
de Tierra no se vende y que querían reunirse con él.
Zaragoza le dijo, según González, que no tenía problemas en reunirse con
el grupo.
“El tema de los desplazamientos no se está tocando adecuadamente en la
discusión de enmiendas a la Ley 22″, dijo González al sostener que
Zaragoza desconocía lo que está ocurriendo en Puerta de Tierra.
Según la también abogada, el lunes varios grupos, por ejemplo de Vieques
y de la urbanización Dos Pinos, en San Juan, telefonearon la oficina de
Zaragoza reclamando la celebración de vistas públicas.
“Nos llamaron y nos dijeron que no harían más vistas públicas. La
persona que me llamó dijo que Zaragoza no se podía reunir con nosotros.
Le dije que eso no era aceptable para nosotros”, relató González.
Además del reclamo base de que se lleven a cabo vistas públicas
adicionales, el grupo exige que se anulen los decretos actuales de Ley
22 y que el Gobierno se asegure que cualquier desarrollo “se haga en
armonía entre el desarrollo turístico y la protección de las comunidades”.
En entrevista por separado, Denisse Otero, líder comunitaria del
residencial San
Agustín, señaló a El Nuevo Día que los representantes de la comunidad
son perfectamente capaces de entender el tema de la Ley 22.
“No somos analfabetas y estamos bien preparados. Queremos que la
deroguen por completo, no enmiendas. El abuso va a seguir y quienes se
están beneficiando son ellos porque ¿dónde están todos esos millones que
están entrando?”, se cuestionó la mujer. Al hablar del abuso, se refirió
al futuro de las comunidades especiales y los residenciales.
“Nos quieren desalojar a la gente pobre para traer gente pudiente y
subir rentas y hacer lo que les da la gana con las comunidades. Ya se ve
en Bahía Urbana y en Distrito T-Mobile”, afirmó.
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