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Centrode Periodismo Investigativo
por Jeniffer Wiscovitch Padilla
12 de mayo 2022
En el Residencial José A. Aponte en
Aguadilla todo es incertidumbre. Mientras la Administración de
Vivienda Pública (AVP) lo tiene en su lista para una posible
demolición por estar en zona inundable, los residentes no conocen
los pormenores o a dónde irán a vivir.
Ana María Esteves, quien vive en este residencial hace 58 años,
asegura que se enteró de la posible demolición por comentarios de
los vecinos, pero que al momento la compañía American Management,
que administra el proyecto de vivienda que ha sido su hogar por toda
“una vida”, no le ha dicho nada sobre estos planes.
Con ella coincidió Wilfredo Benejan Acevedo. Él escuchó de las
intenciones del Gobierno por comentarios de la gente y por la radio.
Está preocupado, aseguró, ya que lleva 40 años viviendo allí, junto
a su madre. Otros familiares también viven en el residencial. Si
finalmente tiene que irse, espera al menos poder quedarse en
Aguadilla.
Ana María Esteves asegura que se enteró de la posible demolición del
residencial público José Aponte, en Aguadilla, por comentarios de
los vecinos.
Esta preocupación la recibe constantemente Ana Carrero, presidenta
del Consejo de Residentes de ese residencial, cuando los vecinos se
le acercan preocupados por la posible demolición y por dónde irán a
vivir. El 10 de abril se reunió con el secretario del Departamento
de la Vivienda, William Rodríguez, y con el administrador de
Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, para hablar del asunto en
las oficinas centrales de la agencia en San Juan. Allí le indicaron
que la decisión final de lo que ocurrirá con el residencial puede
darse pronto o puede tardar años.
A pesar de estar en la lista de demolición de la AVP, este proyecto
no cuenta todavía con la aprobación de demolición del Departamento
de Vivienda federal (HUD, en inglés), que costearía la demolición.
Además, el secretario Rodríguez dijo al Centro de Periodismo
Investigativo (CPI) que la demolición podría evitarse si se realizan
trabajos de canalización del Río Culebrinas.
Rodríguez dijo que ya tuvo una primera reunión con el Cuerpo de
Ingenieros de EE. UU. (USACE, en inglés), que cuenta con dinero
asignado por el Congreso federal para hacer estos trabajos de
canalización. Sin embargo, indicó que se reunirá nuevamente con
USACE, igualmente con HUD y la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA) “para saber qué alternativas” tienen para el
residencial. Lo que está por verse, según Rodríguez, es “si eso es
una medida que va a mitigar y que va a eliminar la condición de
inundabilidad y puede permanecer la estructura, o si, por el
contrario, permanece el peligro inminente en la comunidad que
requiera la demolición y realojo de la comunidad en otro lugar”.
Si prevalece la opción de la demolición y HUD la aprobara, la AVP
dijo que las familias serían reubicadas en otras opciones de
vivienda pública, a través de vales bajo el Programa Sección 8 o en
otras unidades disponibles. El Plan Anual de la AVP contempla que la
demolición de estas unidades se realice en el año fiscal 2022-2023.
Rodríguez explicó que, cuando un residencial tiene un problema de
inundación y está cobijado por FEMA, el proyecto a ser demolido debe
ser reemplazado por otro u otros proyectos con la misma cantidad de
unidades en otro lugar donde no sea inundable. HUD también tiene que
aprobar el lugar donde se hará el nuevo proyecto, que no puede ser
en un sitio aislado, sino que tiene que estar cerca de instalaciones
médicas y comercios, indicó.
Sin embargo, no dio mayores detalles de dónde estarían haciendo el
nuevo proyecto.
Al igual que el Residencial José A. Aponte, la AVP planifica la
demolición de los residenciales Los Peña (San Juan), Los Cedros
(Trujillo Alto), Alturas de Ciales y Dos Ríos (ambos en Ciales),
cinco edificios de la planta baja del Residencial Nuestra Señora de
la Covadonga (Trujillo Alto), un edificio del Residencial Villas del
Cafetal (Yauco), cuatro edificios del Residencial Padre J. Nazario (Guayanilla),
Mattei III (Jayuya) y Brisas del Mar (Salinas).
En Puerto Rico hay 328 proyectos de vivienda pública, según Salgado
Colón. En estos viven aproximadamente 100 mil personas, de acuerdo
con datos recientes de HUD. Un total de 1,169 unidades de vivienda
están en la lista de demoliciones. En estas unidades a ser demolidas
todavía viven 492 familias.
El CPI pudo constatar que personas que vivieron en estos
residenciales en vías de demolición no han sido informados de los
planes del Gobierno ni se les han provisto opciones de vivienda
mientras se dan los procesos de demolición. Algunas de estas
personas viven actualmente en condiciones precarias.
Según información suministrada por la AVP, una vez se demuelan los
residenciales Los Peña y Los Cedros, se planifica la construcción de
complejos de ingresos mixtos en esa área, al igual que en Torres de
Sabana, residencial en Carolina que comenzó a demolerse el año
pasado. Ambos residenciales serían demolidos por estar obsoletos.
Estos ya cuentan con el permiso de HUD.
Además, la AVP aseguró que para los demás proyectos (Brisas del Mar,
José Aponte, Alturas de Ciales, Dos Ríos, Padre Nazario) se
contempla el desarrollo de nuevas unidades de vivienda pública para
reemplazar las que sean demolidas.
“El complejo [Los Peña] tiene más de 40 años de construido y
presenta las siguientes condiciones: la degradación y los defectos
causados por el envejecimiento, el desgaste y la intemperie, así
como la fatiga de los materiales y estructuras. Además, el proyecto
presentaba problemas de desbordamiento del sistema de alcantarillado
sanitario y serios problemas de erosión, afectando la calidad de
vida de los habitantes debido a la actual condición de las
unidades”, dijo la AVP en declaraciones escritas. Esta demolición
será costeada con fondos de HUD, añadió.
En el caso del Residencial Los Cedros, cuyos 18 pisos fueron
construidos hace unos 50 años, la AVP asegura que este “mantiene un
sistema eléctrico y de plomería en avanzado estado de deterioro” y
además, tiene fallas estructurales en los edificios. “Para atender
dichas fallas se evaluó la posibilidad de realizar una
rehabilitación de los edificios mediante un retrofit comprensivo,
[un estudio de costos donde se determina si es costo-efectivo hacer
un arreglo o si por el contrario es mejor hacer un reemplazo]. Sin
embargo, dicha solución [la rehabilitación] no resulta ser
costo-efectiva”, según la AVP.
Por otro lado, los cinco edificios del Residencial Nuestra Señora de
la Covadonga que serán demolidos, según la AVP, sufren continuos
desbordamientos sanitarios, por lo que afectan la salud y calidad de
vida de los residentes.
En el caso de los residenciales Mattei III en Jayuya, Brisas del Mar
en Salinas, y Alturas de Ciales y Dos Ríos, en Ciales, la AVP indicó
que serán demolidos por razones de seguridad, por estar en zonas
inundables. Sin embargo, hasta ahora solo los residenciales de
Ciales cuentan con el permiso de demolición de HUD. La AVP
construirá un proyecto de vivienda en el municipio de Ciales para
reubicar las 110 familias que residen allí, las que actualmente se
encuentran viviendo en otros residenciales o recibieron vales bajo
el Programa Sección 8.
Matei III colinda por su parte posterior con el Río Grande de Jayuya,
el cual se sale de su cauce durante eventos de lluvia y ocasiona
inundaciones en las unidades del primer nivel de los edificios. El
Plan de la Agencia propone que la demolición de estas unidades se
realice para el año fiscal 2023-2024, el cual comienza el 1ro de
julio de dicho año, indicó la AVP.
En el caso de los residenciales de Ciales, la AVP indicó que gran
parte del lugar donde están ubicados es susceptible a inundaciones y
que otra parte cae dentro de un área con 0.2% de probabilidades de
ocurrir una inundación cada año. Tras el paso del huracán María,
ambos residenciales sufrieron daños catastróficos por las
inundaciones provocadas por el Río Grande de Manatí y uno de sus
tributarios, el Río Cialitos en Ciales.
En Salinas, la AVP indicó que, según el Plan Anual de la Agencia,
los trabajos previos a la demolición comenzarían en el año fiscal
2022-2023. La demolición sería en el año fiscal 2023-2024.
Según la Dra. Jennifer Santos, profesora en el Centro de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río
Piedras, los residenciales que demolerán por estar obsoletos son un
reflejo de la falta de mantenimiento durante años, lo cual ha sido
una dificultad histórica del Departamento de la Vivienda.
“La historia básicamente es igual que con Las Gladiolas, que era la
historia esa de que ‘íbamos a destruir este edificio que está
obsoleto, condenado, lleno de males sociales y vamos a construir
esta comunidad integrada, cohesiva’. Pero, la realidad es que el
número de unidades de vivienda que se hace no es el número de
unidades de vivienda que se necesita”, sostuvo Santos al recordar el
caso del residencial Las Gladiolas, en la llamada Milla de Oro de
Hato Rey, que fue implosionado en el 2011 para construir el complejo
de ingresos mixtos Renaissance Square.
“Decirles a las personas que ‘vamos a crear algo donde tú vas a
poder vivir’ es una mentira, porque históricamente lo que ha estado
pasando es que, una vez se demuelen y se hace este complejo de
ingresos mixtos, los residentes originales no pueden regresar”,
sostuvo.
Explicó que, por ejemplo, si un residencial tenía 300 unidades de
vivienda, al hacer un complejo de ingresos mixtos, el Gobierno hace
la misma cantidad de viviendas pero no todas son para las personas
que vivían en el residencial, como ocurrió con los residentes de Las
Gladiolas. Un proyecto de ingresos mixtos implica que pueden vivir
personas de ingresos bajos, medianos y mercado privado.
Además de obsolescencia y problemas de inundaciones, partes de los
residenciales Villas del Cafetal y Padre J. Nazario serán demolidas
por sufrir daños tras los sismos que afectaron mayormente la zona
sur de Puerto Rico, en 2020.
Un ingeniero estructural determinó que el edificio número 8 del
Residencial Villas del Cafetal, que consta de nueve casas, sufrió
daños que consisten en desprendimientos severos de paredes de bloque
y grietas horizontales, además de separación entre las paredes y las
losas de techo. La demolición del edificio es necesaria debido a su
avanzado deterioro, aseguró AVP. Las unidades afectadas y declaradas
no habitables fueron desocupadas y los residentes reubicados en
otras unidades de vivienda pública. La demolición será costeada con
fondos de HUD.
El Residencial Padre J. Nazario, en Guayanilla, que también está en
zona inundable, tuvo daños en los edificios 11, 12, 13 y 14 tras los
eventos sísmicos ocurridos en la zona suroeste. Estos edificios
actualmente están desocupados, según la AVP.
La agencia dijo que se encuentra en proceso de contratación de la
firma de diseño, que prepará los documentos necesarios para
presentar la solicitud de demolición a HUD. Una vez obtenida la
aprobación de HUD, las familias serían reubicadas por medio de vales
bajo el Programa Sección 8 y en unidades de vivienda pública
disponibles. Conforme al Plan de la Agencia, la demolición de este
proyecto se contempla para el año fiscal 2022-2023. Hasta la fecha
se proyecta que la demolición será costeada con fondos de HUD.
La AVP indicó que estos edificios del Residencial Padre J. Nazario
están desocupados, puesto que, debido a la declaración de desastre
por los eventos sísmicos, pudieron activar los traslados de
emergencia y otorgación de vales por el Programa Sección 8.
“Gracias a esto, se pudieron desalojar dichos edificios y otorgarles
a las familias una vivienda segura, decente y salubre. Luego de este
desalojo de emergencia, comenzó el proceso de evaluación de los
edificios, lo que dio paso a solicitar la demolición”, indicó la AVP.
Agregó, que una vez aprobada la demolición, los vales de protección
estarán disponibles para aquellas familias de estos edificios que
fueron reubicadas de emergencia bajo la declaración de desastre.
“Una vez otorgados estos vales de protección, las familias podrán
solicitar el pago de fianza y mudanza para sus unidades alquiladas
en el mercado privado, utilizar el vale en los Estados Unidos, sin
tener que esperar el término regular de vivir bajo Sección 8 en la
jurisdicción de Puerto Rico por lo menos 1 año, y podrán regresar a
la unidad que se construya nuevamente si este decide que su realojo
no es permanente”.
Según datos recientes de HUD, en Puerto Rico hay 33,573 unidades de
vivienda disponibles bajo el Programa de Sección 8, de las cuales el
89% están ocupadas.
Historial de promesas incumplidas a los residentes provoca
desconfianza
Mirta Colón, líder comunitaria y residente del complejo Renaissance
Square en Hato Rey, aseguró al CPI que en el nuevo complejo de
ingresos mixtos, donde según el Gobierno les debían dar prioridad a
los antiguos residentes de Las Gladiolas, solo viven 12 familias de
las que originalmente vivían en el residencial.
“Tengo que decirte, con unas ganas de llorar terribles, que el
compromiso como tal estaba para 125 familias… Aquí, en este
complejo, que estén bajo Vivienda Pública…solamente hay 12
familias”, dijo.
Eran 15 casos. Uno está en el mercado privado y el otro se mudó al
complejo de vivienda de ingresos mixtos Bayshore Villas en Puerta de
Tierra, agregó.
Todo el proceso para moverse al nuevo complejo “estuvo plagado de
engaños”, aseguró Colón.
¿El Gobierno les incumplió las promesas y los acuerdos que les
hicieron a los residentes?, preguntó el CPI.
“Claro que sí, claro que sí. Nos ocultó información, sobre todo eso:
ocultar información”.
“Nadie nos dijo que este desarrollo iba a ser bajo una APP [Alianza
Pública Privada]”, explicó Colón, quien dijo además, que los
requisitos para entrar al nuevo complejo implicaban que los
residentes tuvieran menores ingresos, comparado con los requisitos
que tenían mientras vivían en Las Gladiolas.
Indicó que hubo residentes que solicitaron para vivir en el nuevo
complejo, pero no se les permitió. Uno de estos casos es el de una
enfermera retirada con ingresos de $1,200 de su pensión y beneficios
del Seguro Social. “Se le negó la entrada al complejo porque se
excedía de los límites de ingresos, pero actualmente ella vive en
vivienda pública”, dijo.
Mencionó además, el caso de una madre con sus dos hijos que tampoco
cualificó para entrar al nuevo complejo porque se excedía del límite
de ingresos, pero actualmente vive en un residencial.
También recordó el caso de un joven, que era el líder recreativo de
Las Gladiolas, que tampoco pudo entrar porque tenía un empleo a
tiempo completo en el que ganaba $8 la hora.
El caso más triste, según Colón, fue el de un adulto mayor de Las
Gladiolas. Por tres dólares al mes se excedió de los límites para
ser elegible a una vivienda en Renaissance Square. “Por $36 anuales
él no tuvo la oportunidad de venir a lo que fue su comunidad de toda
una vida”.
Le ofrecieron irse al mercado privado, que significa pagar renta
regular. “Dime tú si con $1,200 al mes tú puedes pagar una vivienda
de $625 más las utilidades (agua y luz)”, cuestionó Colón.
Mencionó que actualmente no hay una ley que disponga que, tras la
demolición de un residencial, se tenga que construir otro, lo que
catalogó como “peligroso” para las personas en desventaja económica.
La compañía McCormack Baron Salazar desarrolló el complejo
Renaissance Square, seleccionó a los inquilinos y también lo
administra.
Está compañía luego construyó otros complejos de ingresos mixtos que
sustituyeron residenciales públicos: Bayshore Villas en Puerta de
Tierra y Emerald Vista en Caguas, el que consiste de unidades de
vivienda familiares y una residencia para adultos mayores.
Carolyn Sánchez, líder de “Puerta de Tierra no se vende”, aseguró
que en Bayshore Villas, complejo que sustituyó al Residencial Puerta
de Tierra, solo viven ocho de las 484 familias que vivían en el
residencial.
“Desde el 2000, lo que estamos viendo son desplazamientos, y
continuaron con mentiras, y ha sido año tras año. Estamos en un
lugar estratégico, privilegiado, y quieren sacar a la gente pobre
del barrio para meter gente millonaria, inversionistas, y con esto
de la Ley 22 está todo acaparado”, sostuvo Sánchez.
Desde el Residencial Parque San Agustín, se pueden apreciar los
cruceros.
Foto por José “Pipo” Reyes | Centro de Periodismo Investigativo
La Ley 22 promociona que inversionistas extranjeros se establezcan
en Puerto Rico con exenciones de pago de contribuciones.
Sánchez, junto al grupo “Puerta de Tierra no se vende”, han
denunciado que han recibido cartas de realojo por parte de la AVP,
especialmente en el Residencial Parque San Agustín de Puerta de
Tierra donde ella reside, por unas alegadas mejoras que estaría
haciendo la AVP en los edificios. Dijo que la AVP le informó sobre
los realojos a los adultos mayores de la comunidad, pero no así al
resto de los residentes. Estos adultos mayores fueron quienes les
dejaron saber a los líderes comunitarios lo que estaba ocurriendo.
El temor entre los residentes de Puerta de Tierra de ser removidos
de su comunidad los ha llevado a unirse y luchar por sus derechos.
Según ella, primero les dijeron que los arreglos son porque unas
escaleras tienen daño estructural. Luego les dijeron que el problema
era en los techos, mostrando una inconsistencia en las razones por
las que van a hacer las mejoras.
Sin embargo, la comunidad permanece alerta. Ellos temen ser
desplazados como ha ocurrido en el pasado con residentes que fueron
realojados y nunca regresaron. Ese fue el caso de José Luis Vélez
Camacho.
El líder comunitario de Puerta de Tierra, quien actualmente vive en
Santurce, aseguró que a los residentes los engañaron. Les dijeron
que serían reubicados en otros residenciales mientras construían
Bayshore Villas, pero nunca regresaron. Tampoco los reubicaron en el
Residencial Puerta de Tierra II, el que fue remodelado en el 2018.
“Me pusieron 60 mil obstáculos [para regresar a Puerta de Tierra].
La gente que regresaron se pueden contar con la mano”, dijo Vélez
Camacho.
“Eso no se va a quedar así… Nosotros vamos a pelear por nuestra
tierra, nuestro sitio, nuestra familia, nuestros hogares, nosotros
lo vamos a pelear con uña y carne. Vamos a echar para alante porque
es de nosotros esto”, dijo Vélez Camacho.
“Tú nos llevas a otro lugar que no conocemos, nos vamos a sentir
incómodos, nos vamos a sentir mal, yo y todos los que estamos aquí
nacimos en Puerta de Tierra y aquí nosotros queremos morir, no
queremos morir en el extranjero. Nosotros no queremos ser
extranjeros en nuestra propia patria. Aquí quieren cambiar nuestro
barrio. En vez de llamarse Puerta de Tierra, quieren cambiarlo ahora
para West Condado. Están equivocados. Aquí nosotros vamos a resistir
y vamos a seguir luchando por nuestro barrio”, dijo por su parte
Jorge Luis González, residente del Residencial San Antonio, también
de Puerta de Tierra, luciendo con orgullo una camiseta que leía
“Puerta de Tierra de corazón”.
Allí, dijo, hay ocho apartamentos para personas con impedimentos que
están vacíos desde antes del huracán María, lo que para él es una
manera de desplazamiento. “Están esperando que se sigan deteriorando
los apartamentos” para luego decir que tienen que demolerlos,
indicó.
“Este proceso de reubicación se llevó a cabo con el propósito de
restaurar estas unidades y atemperarlas a las exigencias federales
de reglamentos y leyes para la accesibilidad de personas con
impedimento”, dijo el administrador de Vivienda Pública, Salgado
Colón en declaraciones escritas al CPI.
Agregó que “los trabajos no se han adjudicado pues se han llevado a
cabo dos subastas en las cuales los proponentes han presentado
presupuestos que sobrepasan lo establecido. A este momento, nos
encontramos revaluando las últimas propuestas o si es necesaria una
nueva subasta para proceder con la remodelación contemplada y así
hacer accesible estas unidades a personas que así lo necesiten”.
González lamentó la pérdida de servicios que ha sufrido la
comunidad, ya que antes había una institución bancaria, un correo,
escuelas, ferretería, instalaciones deportivas, entre otras.
“Esto es una boca de lobo, aquí no hay seguridad, aquí no hay nada.
¿Por qué pasa? Es una manera de sacarnos a patadas poquito a poquito
sin estos servicios”, dijo González.
Jonathan Colón Reyes, residente de Bayshore Villas y líder
comunitario, aseguró que el Gobierno incumplió el compromiso de que
los vecinos del Residencial Puerta de Tierra regresarían para vivir
en Bayshore Villas. Incluso, dijo que la cantidad de viviendas que
hicieron en Bayshore Villas y en Puerta de Tierra II no compensan la
cantidad que había antes en el Residencial las Acacias, que fue
demolido en el 2000 y construido en su lugar el Residencial Puerta
de Tierra II, y el Residencial Puerta de Tierra. Según el joven, en
Las Acacias vivían más de 600 familias; y en Puerta de Tierra, 484.
Actualmente, Bayshore tiene 484 unidades de vivienda, de las que
solo viven 8 familias de Puerta de Tierra mientras que en Puerta de
Tierra II, solo 70 de las 85 unidades son ocupadas por residentes
del desaparecido residencial.
Colón Reyes aseguró que cuando fue demolido el Residencial Puerta de
Tierra el compromiso de retorno para Bayshore Villas fue para 150
familias.
Laura Mía González, quien forma parte del grupo comunitario, dijo
que el 8 de abril se reunieron con Omar Figueroa, administrador
asociado del área de selección y ocupación de la AVP, a quien le
solicitaron que les dejara saber cuál era el plan de la AVP para el
Residencial Parque San Agustín y les indicó que el residencial iba a
ser desalojado dos edificios a la vez. Quedaron en que irían al
lugar con el Administrador de Vivienda Pública después de la Semana
Santa. “Todavía los estamos esperando”, aseguró.
Mencionó además, que en esa conversación la agencia les indicó que
no enviaría más cartas de realojo a los residentes de Parque San
Agustín hasta que el grupo estuviera conforme con el plan. Sin
embargo, luego de la reunión, otra residente recibió una de estas
cartas.
A preguntas del CPI sobre en qué forma estarían asegurando que los
residentes no serán desplazados ante la compra de propiedades en esa
zona por parte de inversionistas, la AVP indicó que: “Los
residenciales en Puerta de Tierra, incluyendo Parque San Agustín, no
están en planes de demolición ni cuentan con autorización por parte
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal para
demolición o disposición”.
La AVP indicó además que: “El personal de la AVP, incluyendo al
Secretario [del Departamento de la Vivienda] y al Administrador, se
ha reunido con la comunidad de Parque San Agustín en varias
ocasiones con el propósito de orientar sobre los trabajos a
realizarse en las escaleras del proyecto y el realojo temporero
necesario para realizar dichas reparaciones”.
Reparaciones a más de cuatro años de María
A finales de enero, FEMA y el Departamento de la Vivienda anunciaron
$554 millones en fondos federales para reparar los residenciales
públicos que fueron afectados por el huracán María. Para esta
asignación, se usó la Estrategia de Obligación Acelerada (FAASt, en
inglés), lo que permitió que se inspeccionara una muestra menor —
400 edificios —, para luego extrapolarlo al resto de los
residenciales públicos, según explicó el administrador de Vivienda
Pública, Salgado Colón.
Agregó que también están asignados otros $200 millones de fondos de
FEMA, pero no bajo la iniciativa de FAASt, sino bajo el Modelo de
Entrega Nacional, que es otro modo de trabajo que implementó FEMA
para los proyectos de recuperación.
El administrador de AVP, Salgado Colón, indicó que actualmente está
en pie la subasta de los primeros proyectos que fueron aprobados
bajo el Modelo Nacional en el 2020: Parque Sultana, en Mayagüez;
Rincón Taíno, en Santa Isabel; y Las Muñecas, en Aguadilla. Estos
serían los primeros residenciales que repararían. A pesar de no
tener ninguna compañía contratada a finales de marzo, Salgado Colón
aseguró que comenzarán los trabajos en verano de este año.
Salgado Colón dijo que están en un proceso de subastas para la
contratación de gerentes de proyecto, quienes estarían a cargo de la
coordinación, las subastas y contrataciones, además de supervisar
los trabajos alrededor de todo Puerto Rico.
Aseguró que estas reparaciones en los residenciales afectados por
María no requerirían el realojo de residentes porque consistirán en
tratamientos de techo, pintura y reparación de áreas comunes.
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