Noticias - Artículos

Inicio - Home

Discuten en vista pública proyecto para enmendar la Ley de Expropiaciones

Dana Berliner, autora del estudio que dio paso a la presentación de una pieza legislativa que busca enmendar la Ley de Expropiaciones de Puerto Rico, describió esta mañana el estatuto actual como el más nocivo de todo Estados Unidos.

Berliner es vicepresidenta de la organización Institute for Justice y tiene amplia experiencia litigando en Estados Unidos casos de expropiación forzosa, incluyendo Kelo vs. City of New London, el que creó jurisprudencia a nivel federal al permitir expropiaciones forzosas para favorecer intereses privados.

“Mientras prácticamente cada estado en Estados Unidos ha limitado la aplicación de Kelo, Puerto Rico ha hecho exactamente lo opuesto, abrazando Kelo y expandiendo el uso de la expropiación forzosa para desarrollos privados. Los legisladores expandieron el poder de la expropiación forzosa para municipios y agentes de gobierno bajo acuerdos como la Ley de Municipios Autónomos”, sostuvo Berliner en una ponencia presentada ante la Comisión de Gobierno del Senado, que preside Carlos Rodríguez Mateo. 


No leyó la ponencia, pero luego de alrededor de cinco minutos resumiendo la problemática, en inglés, Rodríguez Mateo le dio las gracias, pero no le hizo preguntas.

Berliner mencionó que la Ley de Expropiaciones, que data de 1903, le da total poder al gobierno para declarar que un terreno puede ser expropiado, no contempla la celebración de vistas públicas, le falta transparencia y limita la capacidad judicial para revertir estas determinaciones.

“Ahora, más que nunca, los puertorriqueños dueños de propiedades y sus comunidades enfrentan la amenaza inminente de expropiación forzosa para desarrollos privados”, sostuvo.

Rodríguez Mateo es el coautor del Proyecto del Senado 1049, que enmienda la actual ley. Entre otras cosas, la medida ordena que, una vez se declare la necesidad del uso público de la propiedad, se celebre en un término no mayor de 90 días una vista pública en la que la comunidad se podrá expresar. Mantiene el derecho que tiene el individuo o la comunidad afectada de apelar cualquier determinación sobre expropiación forzosa en los tribunales, se aclara que en el tribunal se podrán dilucidar controversias sobre el fin o utilidad pública del terreno objeto de la expropiación y se dispone que la vista se celebrará en la región judicial donde se dirima la controversia y no en San Juan, como ocurre actualmente.


El proyecto dispone que, si la agencia o instrumentalidad de gobierno no logra hacer un uso sustancial de la propiedad en un periodo de cuatro años, los dueños previos podrán solicitar al Tribunal que se les devuelva el terreno luego de que paguen la cantidad recibida como “justa compensación” en el pleito de expropiación. La medida también prohíbe la expropiación forzosa para lograr la transferencia del terreno a una entidad privada, a menos que la comunidad afectada lo autorice mediante una consulta.

“Aunque nosotros en el Institute of Justice buscamos una prohibición absoluta a la expropiación forzosa para desarrollos económicos para ofrecerle una mayor protección a los residentes, el proyecto de ley refleja un acuerdo hecho por los representantes de las comunidades para lograr algo de protección”, dijo Derlinger.

Rodríguez Mateo expresó que, si bien en algunas ocasiones el proceso de expropiación forzosa es necesario y es la única herramienta de los gobiernos municipales y el central, “no debe ser la única ni debe ser la primera medida”.

“Debe haber un justo balance en que no medie la arbitrariedad y la falta de planificación. En la política pública de Puerto Rico no se da continuidad con los cambios de administración y perjudican comunidades que han sufrido procesos de expropiación. Vamos a tener una ley nueva más justa para las partes”, insistió.


En un aparte con la prensa, Rodríguez Mateo reconoció desconocer si el proyecto, que cuenta como coautores a Juan Dalmau Ramírez, José Vargas Vidot y Miguel Romero Lugo, tiene votos suficientes para ser aprobado y tampoco sabe la postura de La Fortaleza sobre la medida. Sin embargo, en una vista pública el 15 de agosto, los departamentos de la Vivienda, Justicia y Transportación y Obras Públicas objetaron la medida levantando argumentos como que la Constitución faculta al gobierno a expropiar forzosamente y que el contenido de la medida impactaría la agilidad que tiene el Estado para ejecutar estas acciones.

Rodríguez Mateo indicó que celebrará una vista adicional, donde escuchará comunidades y los gremios que agrupan municipios. Sólo ha recibido una ponencia del Municipio de Manatí.

“Queremos que se inserten en la discusión y que la pieza que resulte al final no sea en perjuicio de nadie sino en beneficio de todos”, dijo para luego reconocer que el proyecto no va a complacer a todas las partes.

Rodríguez Mateo, quien reconoció que el proyecto sufrirá enmiendas considerables, dijo que espera tener un informe positivo en 30 días y podría incluir enmiendas recomendadas como aumentar el límite de tiempo para desarrollar obras y que fue fijado en la medida en cuatro años. Durante la vista de hoy, representantes de la comunidad del Caño Martín Peña solicitaron cambios para que el proyecto no impacte leyes especiales que atienen el desarrollo a largo plazo de su comunidad.

El senador indicó que acogerá el pedido.

“No alteran el fin del proyecto”, dijo Rodríguez Mateo al aludir a otras enmiendas. “Ellos (la Corporación del Proyecto Enlace y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña) plantean que se debenindividualizar los casos. No es lo mismo construir un desarrollo residencial que hacer un dragado en el caño (que requiere expropiaciones) donde la permisología es a nivel Estatal y el Cuerpo de Ingenieros. Ellos tienen que relocalizar cientos de residentes y es un proceso individual”, dijo.

Rodríguez Mateo recordó que hay otras leyes especiales, como la que ordena la revitalización de Santurce, también se podrían impactar por la medida a menos que sea enmendada.

El presidente de la Comisión de Gobierno dijo que no es negociable la celebración de la vista pública, la correcta notificación a la comunidad de las intenciones del gobierno, eliminar el elemento que él llama la arbitrariedad y aumentar el término de tiempo que tiene que transcurrir antes de revertir el efecto de la expropiación en caso de que el gobierno no desarrolle la obra anunciada.

Entre los deponentes en la vista pública de hoy se encontraba el abogado Jorge L. Cajigas Morales, quien planteó que el poder de expropiación del Estado, actualmente, es ilimitado, recae sobre un solo individuo (sea el gobernador, un jefe de agencia o un alcalde)

“Bajo ese andamiaje donde una sola persona puede establecer la política pública del Estado, se propicia un ambiente para que este funcionario trastoque el derecho al Uso y Disfrute de la Propiedad de cualquier ciudadano con el mero hecho de imponer su criterio”, dijo.


Cajigas recomendó que se enmiende la medida para quitarle de las manos al Estado el poder establecer los criterios que establecen el justo valor de la propiedad que interesa.

“Este queda al arbitrio de los tasadores y/o evaluadores que contrata el Estado para determinar el mismo”, dijo.

También presentó una ponencia el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que se describe como una organización sin fines de lucro que tiene como fin promover un cambio en el manejo de propiedades abandonadas para combatir el deterioro comunitario. La entidad brindó estadísticas del Censo del 2015-16 que apuntan a que 334,564 propiedades permanecen vacantes.

En la ponencia firmada por los codirectores Luis Gallardo y Marina Moscoso Arabia, sostienen que el proyecto en discusión mantiene la capacidad del Gobierno para expropiar estorbos públicos, lo que consideran una facultad positiva, pero alertan que ni las viviendas ocupadas ni aquellas que “puedan estar próximamente abandonadas deben caer como víctimas a programas de supuesta eliminación de estorbos”.

Gallardo y Moscoso Arabia se refirieron a estructuras ocupadas por familias de bajo ingresos, dañadas por desastres naturales o con dueños que tienen interés en utilizarlas.