elnuevodia.com
jueves, 9 de julio de 2015 

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó hoy, jueves, que luego de la denuncia de Alberto de Jesús, conocido como “Tito Kayak”, en torno a una conexión de la empresa Omega Engineering con la escuela José Celso Barbosa en el Viejo San Juan, la corporación pública eliminó la condición ilegal que existía.

“Se le orientó al contratista que tenía que contratar directamente con la AEE, según establece el reglamento. Actualmente, el contratista está utilizando generadores propios, mientras termina las labores de esta fase”, lee una breve comunicación sobre este asunto emitida esta tarde por la corporación pública. 

De Jesús enfrenta una querella sometida por la directora de esta escuela por entrar sin autorización al plantel para confirmar la toma ilegal de la compañía desarrolladora.

La vista para la posible presentación de cargos contra el ambientalista estaba pautada para hoy, pero se suspendió por la ausencia de la querellante y del agente que investiga el caso. 

Esta fue la segunda comparecencia de De Jesús en relación a la querella y la segunda vez que se cancela.

"Nos dieron una certificación de que comparecimos y nos dijeron que nos fuéramos, pero no nos dijeron si el caso sigue o no. Esto es sumamente extraño", expresó De Jesús a su salida de la sala de investigaciones del Tribunal de Hato Rey.

El activista relató que la denuncia en su contra fue sometida el viernes, 26 de junio,

cuando entró al mencionado plantel para corroborar informes de que la compañía Omega, que trabaja en la construcción del Paseo de Puerta de Tierra, tenía una toma de energía eléctrica ilegal desde esa escuela.

De Jesús, quien es perito electricista certificado, y otros miembros de la comunidad que se oponen al proyecto documentaron con fotografías - que publicaron luego en internet - la conexión a la escuela, a través de un cable aéreo.

"Allí habían puesto un contador de la AEE. Investigué el número del contador y no existe. Fue puesto de manera ilegal", sostuvo De Jesús.

Durante el proceso, la directora de la escuela les indicó que la conexión estaba autorizada y que no podían interferir con los asuntos del plantel.

Según De Jesús, al lugar llegó el sargento Cancel, del cuartel de Puerta de Tierra y tomó las versiones de las partes. Posteriormente, el ambientalista se quejó con la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que atiende los casos de hurtos de luz, conocida como Irregularidades en el Consumo de Energía Eléctrica (ICEE).

Cuando el funcionario de ICEE llegó el lunes siguiente, el 29 de junio, ya un ingeniero de la AEE había eliminado la conexión.

"Ellos sabían que era ilegal", mantuvo De Jesús. "Después llegó el ingeniero de ICEE. Se reunió con la directora y la gente de Omega, y después vino a donde nosotros para decirnos que la conexión era legal, porque había contrato de Omega con el Departamento de Educación".

"Eso es un acto ilegal. El Departamento de Educación no le puede vender la energía

eléctrica a nadie. Eso es reventa y eso está prohibido por el reglamento de la AEE. Quien único puede autorizar ese tipo de conexión, como una excepción, es la misma AEE", agregó.

Los activistas reclamaron que se investigara dicho contrato y cómo Omega obtuvo un contador de la AEE que no aparece en los registros de la corporación pública.

Debido a que ICEE no "quiso hacer una querella" por la conexión irregular, de acuerdo con De Jesús, acudió a la oficina del Procurador del Ciudadano (Ombusdman), que a su vez exigió una explicación de parte de ICEE, pero ésta no le ha contestado.

Entretanto, De Jesús espera conocer el desenlace de la querella en su contra por entrar a la escuela.

Su abogada, Wilma Reverón Collazo, dijo que no se explica cómo sigue sin desestimarse la querella, aun cuando hoy, jueves, comparecieron sin que se presentaran la parte querellante ni el agente investigador.

"La semana pasada vinimos como se había citado. Ese día, a solicitud del sargento Cancel, se pospuso para hoy, para hacer una serie de citaciones y entrevistas a testigos", relató Reverón.

"Hoy, los alguaciles nos indicaron que podíamos irnos y esto se queda así, en una especie de limbo", manifestó. 

"Nos dicen que han visto al sargento Cancel por ahí, que han visto a ejecutivos de la AEE dirigirse a fiscalía, pero nadie ha venido aquí", añadió.


Además, señaló a su representado de la imputación, al indicar que respondía a un "fin público", pues atendía una "preocupación de la comunidad sobre lo que entendían era un arrimo ilegal" que "paga el pueblo de Puerto Rico".

Por su parte, De Jesús aseguró que tenía un "fin de buena fe" al entrar a la escuela, pues además de denunciar una "conexión ilegal", se percató de que no contaba con las medidas de seguridad necesarias que evitara un accidente, como candados que eviten que un niño pueda tocar la instalación eléctrica.

También señaló que, además de tener interés en el tema como perito electricista, otras personas entraron al plantel durante todo el día y solamente lo acusaron a él. 

"También hay un requisito de rotulación visible (sobre la Ley 30) y en todo el plantel no lo hay", dijo De Jesús. 

"Tampoco soy una persona ajena a las escuelas. Regularmente voy a dar charlas y a hacer trabajo voluntario. Lo que estaba haciendo ese día era tan importante como esa labor". 

"Había un portón abierto, no había guardias y de buena fe llegué directamente a la parte eléctrica", afirmó.

Por otro lado, la portavoz del Departamento de Justicia, Gingger Correa, indicó que todavía no se ha consultado el caso con Fiscalía.

"Debe estar todavía en investigación por la Policía, porque no ha sido llevado a donde un fiscal", informó Correa.

Noticel
9 julio 2015

El Departamento de Educación (DE) autorizó mediante acuerdo con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) que la compañía desarrolladora del Paseo Lineal de Puerta de Tierra se arrimara al contador de energía eléctrica de la escuela pública en esa zona del Viejo San Juan.

Luego de la denuncia de Alberto De Jesús, conocido como “Tito Kayak”, en torno a la conexión de la empresa Omega Engineering con la escuela José Celso Barbosa en el Viejo San Juan, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) verificó el suministro de energía que tenía el contratista y que incumplía con el reglamento de la corporación pública. 

La AEE le orientó al contratista que tenía que contratar directamente con la corporación, según establece el reglamento, en lugar de arrimarse a una propiedad del Gobierno, según se divulgó hoy en el programa Los seis de la tarde.

El portavoz de prensa de la AEE, José Echevarría, rechazó, a preguntas de este diario, que se trate de un acto ilegal al cual apliquen sanciones o multas. Explicó que el robo de luz ocurre cuando la persona se conecta a un transformador u otro aparato que no contabiliza el uso de luz, pero en este caso, el uso se facturaba a la escuela. "No hay nada ilegal. Lo que hay es un proceso irregular, que no cumple con el reglamento. Es un problema de la escuela que lo autorizó por algún tipo de acuerdo", comentó Echevarría.

La portavoz de prensa del DE, Cossette Donalds, confirmó a este diario que la agencia había permitido la conexión mediante acuerdo con AFI. No especificó qué beneficio obtenía la escuela José Celso Barbosa del acuerdo. Fuentes de NotiCel indicaron que la escuela recibiría una reparación de su entrada y que le prometieron una verja.

Tras la orden de la AEE, el contratista está utilizando generadores propios, mientras termina las labores de esta fase. 

El reglamento de la AEE impone una multa administrativa de $10,000 a toda persona que altere el sistema eléctrico de forma que no se pueda medir el consumo. Especifica que cuando la carga conectada sea mayor de 50 kVA, el cliente tiene la obligación de recibir el servicio de distribución primaria, pero no establece multas en caso de violación.

Contra De Jesús se radicó una querella y una citación al tribunal, aunque la parte querellante no compareció. 

El presidente de ​Omega Engineering es Oscar I. Rivera Rivera. 

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En el limbo desembolso de Omega Engineering por arrimarse a escuela
NotiCel
10 julio 2015

El acuerdo entre el Departamento de Educación (DE) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para permitir que la compañía desarrolladora del Paseo Lineal de Puerta de Tierra usara la energía eléctrica de una escuela pública cercana, implicaba el desembolso del consumo extra, pero la corporación no tiene registro de cuánto finalmente se gastó.

La portavoz de prensa de la AFI, Sheysa Otero, informó a este diario que el acuerdo implicaba el desembolso de la cantidad de consumo de energía eléctrica que Omega Engineering usara de la conexión a la escuela José Celso Barbosa, ubicada en el Viejo San Juan, por lo que se instaló un contador aparte, de cuya inspección estaría a cargo el ingeniero David Berríos, de la AFI. 

Tras la denuncia del activista Alberto de Jesús Mercado, conocido como "Tito Kayak", la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no solo determinó que la conexión incumplía con los reglamentos, sino que confiscaron el contador instalado sin su autorización. "Se llevaron el contador, por lo que no se puede saber de cuánto fue el consumo", mencionó Otero, luego de consultar al inspector. 

Aseguró que la corporación le ha dado seguimiento al DE para hacer el pago correspondiente conforme al exceso de la factura de luz, pero no han recibido respuesta. "Al Departamento de Educación no ha llegado detalle de cuánto fue el consumo", dijo por su parte el portavoz de la agencia.

El vagón donde Omega Engineering, del empresario Oscar Rivera Rivera, mantiene operaciones del proyecto del Paseo Lineal, estuvo conectado de manera "irregular" según la AEE por un periodo de tres semanas a la escuela José Celso Barbosa. La portavoz de la AFI aseguró que ese arreglo se debió a que "en Puerta de Tierra no hay donde conectarse". La compañía no quería permanecer operando con un generador hasta verano de 2016, cuando culmina el proyecto.

Los vecinos de Puerta de Tierra reaccionaron indignados al trato especial otorgado a la empresa en momentos en que la AEE y el país sufren su peor crisis fiscal. "Es insultante que luego que se retirara el arrimo ilegal que tenía el contratista a través de la escuela, por lo cual todos pagamos precios altísimos a través de los fondos públicos, a este contratista se le dé meramente un regaño, o ni siquiera eso, en vez de procesar criminalmente y aplicar la Ley Núm. 162 del 2009, que establece multas de hasta $10,000", reaccionó el licenciado Ramón Olivencia, uno de los abogados del ambientalista.