San Juan, 19 jul (Prensa Latina) La lluvia no impidió que miles de trabajadores marcharan hoy desde Bahía Urbana, en Puerta de Tierra, hasta La Fortaleza para, por séptimo día consecutivo, para pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

Ante lo que se considera una pérdida de legitimidad, distintos sectores del país insisten en que el gobernador Rosselló debe dimitir lo antes posible o, en su defecto, ser sometido a un juicio político, que debe iniciarse en la Cámara de Representantes, y que culminaría en el Senado.

En esta ocasión, a la marcha de los sindicatos se unieron otros sectores, por lo que ha habido protestas en el mar, frente a La Fortaleza, una cabalgata que partió desde el Centro de Convenciones, en el sector capitalino de Miramar, y un 'cacerolazo' a los largo y ancho del país, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898.

El cacelorazo, explicó el dirigente sindical Ángel Figueroa, permitió mostrar su indignación contra la corrupción y la burla de Rosselló y sus asesores a aquellas personas que por alguna razón no pueden llegar hasta la zona histórica de San Juan, donde durante los últimos días ha habido encontronazos con la policía.

El presidente del Sindicato Puertorriqueños de Trabajadores, Roberto Pagán, expresó que la reacción del pueblo se debe a décadas de crisis económica de la clase trabajadora y los sectores más vulnerable del país, al descubrir que esta administración se está enriqueciendo a sus panas (amigos) del alma, mientras cierran escuelas y el sistema de salud sufre.

Consideró que en esta lucha, no hay marcha atrás porque los reclamos se amplían a que se ponga una pausa al proceso de quiebra de Puerto Rico, se elimine la legislación Promesa, que dio origen al establecimiento de una Junta de Supervisión Fiscal, a favor de una solución democrática al dolor de nuestro pueblo.

La presidenta del gremio Educamos, Migdalia Santiago, estableció que el Gobierno tiene en su agenda la destrucción del sistema público, mientras se reparten 'el bizcocho presupuestario', por lo que deben pagar con cárcel su delito para que el pueblo pueda sanar.

Los manifestantes muestran diversas razones, como la falta de servicios de salud, la amenaza a sus pensiones por la JSF, las precarias condiciones en las que aprenden los alumnos en la escuelas públicas, las burlas a la comunidad Lgbtt y a los muertos del huracán María en septiembre de 2017, contenidas en el chat de Telegram, que Rosselló intercambiaba con su círculo íntimo de asesores.

Insisten en que no cesarán en su lucha hasta que el gobernante puertorriqueño abandone su cargo, lo que ya le han pedido algunos influyentes dirigentes de su partido Nuevo Progresista, como la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.