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El Nuevo Día
28 de marzo de 2026
Por Adriana Díaz Tirado
Desde diferentes puntos de Puerto Rico, miles de personas coincidieron este sábado en San Juan para protestar contra el megaproyecto hotelero y de vivienda Esencia que se quiere construir en Cabo Rojo, al que organizaciones, científicos y la academia, entre otros sectores, le atribuyen impactos ambientales adversos.
La marcha nacional “Pa’ la calle contra Esencia” salió a las 11:45 a.m. desde el Parque Sixto Escobar, en Puerta de Tierra, hizo una parada en el lado norte del Capitolio y finalizó en La Fortaleza, en Viejo San Juan.
“Llevamos semanas planificando esto y es un rotundo éxito. Vemos el rechazo del pueblo contra el nefasto proyecto Esencia”, dijo el doctor Héctor Quintero, ecólogo y uno de los portavoces de la coalición Defiende a Cabo Rojo.
Con una gran bandera de Cabo Rojo escoltando el mar de gente, los manifestantes caminaban entre carteles con mensajes en defensa del medioambiente, niños vestidos de vejigantes, artistas en zancos con dibujos de arrecifes en su ropa y un guabairo –ave endémica del municipio del suroeste en peligro de extinción– gigante, creada y cargada por el colectivo de Papel Machete.
“Esencia no va, que no va, que no va... Cabo Rojo no se vende, Cabo Rojo se defiende”, corearon, a lo largo del camino, bajo el fuerte sol.
La protesta fue convocada, principalmente, por Defiende a Cabo Rojo, una coalición compuesta por entidades comunitarias, científicas y culturales, las cuales desde hace varias semanas urgieron a unirse a la manifestación bajo el lema “Esta lucha es por la vida”.
Sea Grant Puerto Rico fue otra de las entidades que se movilizó, al plantear que “el megaproyecto de residencia-turístico ocuparía la zona de Los Pozos en Cabo Rojo, obstruyendo el derecho a su libre acceso, perturbando y afectando la flora y fauna del lugar, e inclusive la posible destrucción de artefactos arqueológicos”.
En la parada en el Capitolio, el licenciado Francisco Vargas Alcántara, del Comité por la Verdadera Esencia del Suroeste, declaró que “esta lucha sobrepasa los grupos ambientales; aquí, hay consideraciones económicas, de vivienda y sociales, por lo que nos veríamos perjudicados por este proyecto”.
El año pasado, durante unas concurridas vistas públicas, se levantaron cuestionamientos y preocupaciones hacia los desarrolladores de Esencia. Aun así, en diciembre, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, aunque con ciertas condiciones que deben completarse durante su construcción.
A lo largo de las audiencias que la OGPe organizó en marzo, ciudadanos y representantes de organizaciones denunciaron lo que describieron como el impacto social y ecológico del proyecto, en el barrio Boquerón, y su presunta incompatibilidad con los recursos naturales disponibles, en ámbitos como la conservación de la flora y fauna, la demanda proyectada de agua potable y la geología costera.
La inversión total para el desarrollo del complejo se estimó en $2,684 millones, con la proyección de crear 17,000 empleos en su fase de construcción y 3,000 permanentes.
Aunque los desarrolladores han defendido recientemente que han hecho ajustes en el proyecto, Vargas Alcántara señaló que “no son suficientes”, y argumentó que, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre han expresado, se requiere “una reducción sustancial de esa huella, porque la propuesta no es compatible con el uso de esos terrenos”.
“El trabajo del gobierno es rechazar esa propuesta de plano porque hay más razones. No han adquirido todos los terrenos y no han podido demostrarle al país cómo satisfarían la demanda de agua sin comprometer la seguridad hídrica de la región. Estas luchas no las damos por mero capricho, la damos por nuestra permanencia, el litoral y sobre la vida humana y no humana”, abundó el abogado y residente de Cabo Rojo.
Denunció que, actualmente, hay familias en Cabo Rojo que no tienen agua potable los siete días de la semana. “Si no se puede asegurar el agua potable a la gente que le ha dado históricamente vida a ese espacio, ¿qué se les esté prometiendo a un grupo de personas?”, expuso.
Desarrolladores responden
En reacción a la protesta, la compañía Three Rules Capital comentó, en declaraciones escritas a El Nuevo Día, que respeta “el derecho de cada persona a expresar sus ideas y a disentir cuando lo entienda necesario”.
“Durante todo este proceso, hemos mantenido canales abiertos para escuchar, aclarar dudas y compartir información real y verificada sobre nuestro proyecto. Todo está disponible en el récord público, ahí radica nuestro claro compromiso con la transparencia, con Cabo Rojo y con Puerto Rico”, planteó.
Sostuvo, además, que le “entristece” ver que “algunos actores políticos utilicen su plataforma para repetir información falsa o distorsionada”, por lo que exhortó a visitar el portal de Esencia.
“En un momento en el que Puerto Rico necesita unidad, colaboración y oportunidades reales para nuestra gente, seguimos enfocados en cumplir con cada proceso y en aportar al desarrollo sostenible del oeste y de todo el país”, añadió la empresa.
Antes de finalizar la manifestación, las organizaciones reiteraron su reclamo a que se conserve el litoral, de gran riqueza de flora y fauna, donde se levantaría Esencia.
“Sería devastador. Le hemos dado opciones al gobierno para usar el dinero que le darán a los desarrolladores, que son cerca de $500 millones, para comprar el terreno y hacer un bosque comunitario para el uso del pueblo”, apuntó Quintero.
En respuesta al supuesto recibo de fondos públicos, Three Rules Capital rechazó haberlos obtenido y argumentó que el proyecto se desarrolla en su totalidad con capital privado, y que los créditos contributivos a los que podría optar por la Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico (Ley 74-2010) se concederían luego que el proyecto esté finalizado y en operaciones. El referido estatuto también provee para conceder el beneficio una vez los inversionistas hayan conseguido el financiamiento completo para construir las obras.
“Para ser absolutamente claro, hasta la fecha, Esencia no ha recibido incentivos del gobierno de Puerto Rico ni federal. Toda la inversión en este proyecto ha sido enteramente de capital privado”, expresó Roberto Ruiz Vargas, cofundador de Three Rules Capital, mediante declaraciones escritas.
“Si bien contamos con un decreto válido conforme a la Ley 74, esos incentivos solo se proveen una vez el proyecto esté construido, operacional, y los empleos asociados efectivamente se hayan creado. Como hemos expresado recientemente, es lamentable que se siga difundiendo información errónea y mentiras. El público merece conocer los hechos y no debe ser engañado por afirmaciones falsas. El récord público habla por sí solo, y seguimos totalmente enfocados en cumplir con los procesos establecidos para brindar desarrollo sostenible y oportunidades reales a Puerto Rico”, sentenció Ruiz Vargas.
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