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Presupuesto para una nueva era
El Nuevo Día
Por Juan Lara
Viernes, 9 de junio de 2017
En Puerto Rico, el presupuesto público nunca ha sido fácil de entender, aun en aquellos tiempos pasados que podríamos llamar “normales”, e incluso para la gente que por su trabajo, como nosotros los economistas, lo examinan y consultan de manera habitual.
El que acaba de someterse a la Legislatura —ya avalado por la Junta de Supervisión Fiscal, aunque con modificaciones algo reservadas todavía— ha sido particularmente difícil de descifrar.
Se me ocurre que esto se debe a que este presupuesto es el primero de una nueva era fiscal, y no por ser la era de PROMESA, sino porque la naturaleza del gasto público ya no es la misma que en el pasado, y el Gobierno es permanentemente más pobre. Si hacemos bien el trabajo, en unos años superaremos el déficit estructural del que tanto se ha hablado en la pasada década, pero quedará una “precariedad estructural” que sólo se podrá vencer en el largo plazo y sólo con un crecimiento económico sostenido y sostenible.
Quizás lo más notable de este presupuesto es que el Gobierno se hace cargo del pago de las pensiones, para lo cual se destinan más de dos mil millones de dólares, y de esta manera se añade una carga muy pesada al gasto gubernamental.
La administración merece que se le felicite por darle prioridad a los pensionados, aunque sea a costa de desvestir otros santos para vestir a éste. Esta recomposición del gasto público nos deja con la paradoja de que tenemos un presupuesto con una dosis fuerte de austeridad, aunque el agregado total de erogaciones previstas en el fondo general es alrededor de $500 millones más alta que la del año pasado. En los recortes requeridos para acomodar las pensiones se retira una cantidad importante de recursos de la economía, lo cual se reflejará, sin duda, en un debilitamiento adicional de la economía.
La dosis de austeridad puede terminar siendo aún mayor de lo ya presupuestado, porque el gasto total de más de $9,500 millones con cargo al fondo general depende de una proyección de ingresos que puede resultar ser optimista. Una contracción fuerte de la economía, que parece inevitable, puede ocasionar que varias partidas de ingresos contributivos se queden bastante por debajo de lo proyectado, en cuyo caso la Junta, sin duda, exigiría ajustes correspondientes en el gasto.
Otra causa permanente de precariedad fiscal es la deuda pública. No sabemos cuánto habrá que pagarles a los bonistas del Gobierno central ni cuándo. Esto lo decidirá la jueza Laura Taylor Swain en su momento, pero el hecho es que el presupuesto no destina dinero para esta contingencia. Si la jueza ordenara algún pago durante la vigencia de este presupuesto, provocaría un descuadre inmediato. Aún si nos dan este año fiscal de respiro, el presupuesto siguiente tendrá que incluir algo para los bonistas.
En la nueva era fiscal en la que estamos entrando, el gasto público se moverá por el peso de las pensiones y el pago a los acreedores, dejando lo demás en un plano casi residual.
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