19 de junio de 2013 

Por Keila López Alicea /El nuevo Día

Los concesionarios privados que operan varias propiedades dentro de los cuarteles de 
la Guardia Nacional pronto saldrán del panorama mediante una reestructuración que 
pondrá los negocios del cuerpo castrense en manos de las autoridades federales.

El ayudante general de la Guardia Nacional, el general de brigada Juan J. Medina 
Lamela, explicó que al finalizar este verano, las operaciones del restaurante, la 
cafetería y el salón de actividades serán administrados por una nueva sección dentro 
de las Fuerzas Armadas conocida como Morale, Welfare and Recreation (MWR) que se 
encarga de proveer servicios a los soldados estadounidenses y sus familias.

“Los concesionarios van a empezar a desaparecer porque ahora pasarán al MWR. La tienda 
y todo eso ya no va a tener concesionario, va a ser operado por la parte federal y eso 
va terminar en el verano. (El MWR) es una sección completa que aunque tiene empleados 
que no son militares, el concepto de lo que es MWR es un ‘non for profit’ (sin fines 
de lucro), así que la comida y las cosas serían más baratas para el soldado”, sostuvo 
Medina Lamela.

El militar rechazó que este cambio afecte las finanzas de la Guardia Nacional, a pesar 
de que ya no recibirán dinero por el alquiler de las propiedades.

El lunes, la Oficina de la Contralor divulgó una auditoría realizada al Fideicomiso 
Institucional de la Guardia Nacional (FIGNA) en el que se detectaron diversas 
irregularidades en la administración de los bienes de la Guardia Nacional entre el 
2007 y el 2011.

Entre los hallazgos revelados por la contralor se destacan el otorgar descuentos en 
las tiendas militares a concesionarios privados y empleados de los concesionarios, 
quienes por ley no tienen derecho a este beneficio.

No obstante, Medina Lamela explicó que la autorización para comprar en las tiendas 
militares forma parte del contrato de arrendamiento que se firma con los 
concesionarios, de forma que los negocios puedan pasar estos ahorros a los soldados y 
sus familiares.

Por otra parte, Medina Lamela -quien preside la junta de directores de FIGNA- 
reconoció que, tal y como señaló la auditoría, en el 2008 se adquirió un terreno en 
Santa Isabel por $12.7 millones a pesar de que al momento no hay un uso establecido 
para el mismo.

“Está en planes nada más y ya tenemos diseños de opciones, pero el terreno no está en 
uso ahora mismo”, sostuvo el ayudante general.

El general de brigada señaló que en el terreno de 26.8 cuerdas se podría construir un 
nuevo cuartel general, una armería o viviendas para veteranos retirados.

“Podría ser un complejo de viviendas para veteranos con un concepto para veteranos que 
no quisieran estar en sus casas solos y allí iban a tener ciertos servicios médicos 
limitados, unos pequeños colmados... Es un concepto nuevo que se está explorando, ya 
se sometieron planos y estamos evaluando todo, pero finalmente yo creo que van a ser 
armerías porque no tenemos dónde poner los soldados”, indicó Medina Lamela.