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Hacienda trata de evitar regla federal que cortaría el 20% de
los ingresos del gobierno
El
Departamento del Tesoro federal podría adoptar una regla de
tratamiento de ciertos ingresos de empresas foráneas que
representan $2,000 millones anuales en el presupuesto de PR.
Noticel
Feb 10, 2021
Por Por: Oscar J. Serrano
El Departamento de
Hacienda sometió el martes sus comentarios al nuevo reglamento
del Departamento del Tesoro federal que puede dar al traste con
la Ley 154 que, desde el 2011, le ha dado una inyección de
$2,000 millones anuales al presupuesto del gobierno mediante un
arbitrio especial sobre ciertas transacciones de corporaciones
foráneas.
El arbitrio de la Ley 154 se convirtió en ley en 2010 y expira
en el 2026. A pesar de esa fecha de expiración en apenas cinco
años, el Gobierno de Puerto Rico no ha presentado una propuesta
contributiva o de estrategia de desarrollo económico que
represente una sustitución para el arbitrio del 2027 en
adelante. Desde su creación, ha representado consistentemente
alrededor del 20% de los recaudos del gobierno.
La Ley 154 impone un arbitrio de 4% sobre ciertas compras que
hacen corporaciones foráneas ubicadas en Puerto Rico. Hay 40
empresas a las que les aplica, pero tan solo 10 de ellas son
responsables del 75%, o unos $1,500 millones. Los decretos
contributivos con las distintas empresas son el instrumento para
implementar el arbitrio y estos tienen vigencia de entre 10 a 15
años. Las empresas pagan el arbitrio a Puerto Rico y lo reclaman
como un crédito en sus contribuciones federales. En la práctica,
el efecto del reglamento propuesto sería no reconocer ese
crédito lo que hace que el arbitrio se convierta en un costo de
hacer negocios en la isla y puede llevar a que concluyan que,
junto a otros costos como la energía eléctrica e
infraestructura, no les es rentable mantener sus operaciones en
Puerto Rico. El cierre, o la reducción de su actividad aquí,
sería el resultado de ese cálculo.
Ante esto, el esfuerzo inmediato de Hacienda está dirigido a
atender la propuesta de reglamento federal que puede terminar
con la efectividad del arbitrio como mecanismo de recaudo. La
respuesta del departamento en su comentario al reglamento fue en
dos vías: a) que se le deben incluir cambios para aclarar que no
aplica a las empresas en Puerto Rico o, si no se consiguen las
aclaraciones, b) que el Tesoro conceda un periodo de gracia de
tres años desde que el reglamento se convierta en final. Ese
periodo de gracia puede posponer el impacto del reglamento hasta
una fecha cercana al límite de la Ley 154 en 2026.
“Lo que le conviene a Puerto Rico es certeza (sobre qué es lo
que va a aplicar)”, dijo el secretario de Hacienda, Francisco
Parés Alicea, en una llamada de conferencia sobre las
recomendaciones. El funcionario explicó que se han modelado
escenarios de cómo recuperar los $2,000 millones de parte del
mismo grupo de empresas, pero aplicando otros mecanismos
contributivos. Sin embargo, admitió que los modelos no llegan a
una sustitución completa de los $2,000 millones. “Al final del
día, lo más importante es tener un panorama de certeza de cara
al futuro de cómo interactúa el código (contributivo) de Puerto
Rico con el (código) federal”, subrayó Parés Alicea al tocar un
punto más profundo que va más allá del reglamento y que aparece
ampliado en el documento formal de Hacienda, sobre las vueltas
interpretativas que hay que hacer para lograr que el aparato
federal entienda, y respete, que Puerto Rico tiene un sistema
contributivo propio, aunque esté dentro del sistema de los
Estados Unidos.
Según Parés Alicea, Puerto Rico es víctima de los intentos del
Tesoro de atajar el abuso de lo que se ha conocido como los
“impuestos digitales” que empresas estadounidenses pagan en
otras jurisdicciones, en detrimento del fisco federal. Por esto,
parte del esfuerzo es convencer al Tesoro que, aunque los
mecanismos contributivos se parecen, la isla no es un “gobierno
extranjero”. “Puerto Rico no es el foco de atención (del
reglamento propuesto)”, afirmó.
“Los países extranjeros que imponen a empresas estadounidenses
impuestos sobre bienes digitales son realmente extranjeros y los
impuestos que recaudan van a tesoros extranjeros para apoyar
programas gubernamentales extranjeros. Los Estados Unidos no se
benefician de la imposición de estas contribuciones y no
contribuyen a mejorar el Gobierno de los Estados Unidos o las
vidas de americanos. Entendemos plenamente por qué el Gobierno
de los Estados Unidos no querría subsidiar estos impuestos o
fomentar que los gobiernos extranjeros los impongan”, dice la
carta de Hacienda al Tesoro.
“En contraste, la contribución de la Ley 154 la impone un
gobierno americano territorial para el propósito de apoyar
operaciones gubernamentales que benefician a ciudadanos
americanos. En términos prácticos, estos impuestos tienen el
mismo impacto económico que las contribuciones impuestas por
cualquier gobierno estadounidense estatal o local. El impacto de
las reglas propuestas, si el Tesoro concluye que en efecto
aplica técnicamente a Puerto Rico, sería privar a un territorio
americano de casi un cuarta parte de su presupuesto, provocando
potencialmente que compañías estadounidenses abandonen Puerto
Rico causando un alza dramática en desempleo y otras formas de
daño económico en un territorio de los Estados Unidos que ha
sufrido de una recesión económica larga y de un huracán masivo
que atrasó su recuperación económica”, añade el documento que
atribuye 78,000 empleos directos e indirectos a las empresas que
pagan el arbitrio de Ley 154.
Además del reglamento propuesto, la aplicación de la Ley 154
enfrenta un empuje de la Junta de Control Fiscal para que el
gobierno produzca alternativas a esa tributación. Hacienda está
haciendo modificaciones a una propuesta que busca que el
impuesto pueda aplicar no solamente a los bienes que se
manufacturan en la isla sino también cuando aquí se hace solo
una parte de ese bien. Esto debe abrir la posibilidad de que
aumenten las líneas de producción que se pueden instalar en
Puerto Rico, dijo el funcionario.
Parés Alicea apuntó también que solicitó una reunión a la nueva
jefa del Tesoro, Janet Yellen, para explicarle “la importancia
de la manufactura en la isla”.
El reglamento propuesto está abierto para comentarios hasta el
11 de febrero y luego el Tesoro tomaría su determinación. Parés
Alicea indicó que los comentarios que ha visto hasta ahora no
atienden directamente los efectos sobre Puerto Rico y piden que
sea el Congreso el que haga legislativamente las determinaciones
que el Tesoro pretende hacer administrativamente.
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